Desde febrero rige nueva Tarifa Social

El Estado Provincial aportará, con retroactividad a febrero, una suma mensual de 300 pesos por usuario en carácter de subsidio o “tarifa social” para los consumos de energía eléctrica, según la comunicación oficial que llegó en las últimas horas a las cooperativas distribuidoras a través de una disposición (035/2019) de la Administración Provincial de Energía.
Según pudo saber LA ARENA, la decisión prevé que en forma directa la prestadora incluya el descuento de esa suma de los consumos puros de energía, la que luego será reconocida por APE a las cooperativas al momento de facturar el total a cada una de ellas.
Además de poner claridad sobre uno de los temas del verano, a raíz de la quita del subsidio nacional por parte del gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri, la resolución fue interpretada por las cooperativas como un nuevo respaldo del gobierno provincial a la disputa de las entidades solidarias con el presidente de la Nación, que ha dispuesto el desdoblamiento de la facturación de los servicios, separando del resto al consumo de energía.
La disposición del organismo provincial hace expresa alusión a que el ítem del descuento de los 300 pesos a los usuarios beneficiados debe ocupar determinado renglón del sistema de facturación (“Descuentos/bonificaciones”) haciendo clara referencia en este punto a una medida que lo regla, la 129/05. La leyenda que deberá constar es “Tarifa Social Pampeana”, el nombre del programa creado.
Luego del anuncio de semanas atrás, en forma directa el Ejecutivo dispuso la medida y el sistema de aplicación. Los beneficiarios tendrán una reducción fija en sus consumos de 300 pesos mensuales, que las cooperativas no percibirán de parte del usuario y les será compensado por APE. Los usuarios no recibirán ni dinero en efectivo ni a través de sus tarjetas sociales, de modo que al aplicarse de esta forma se asegura que ese aporte tiene como único destino el deseado.

Depuración.
Tal como se anunció oportunamente, al desaparecer la tarifa social nacional lo hizo también el listado de usuarios que recibía el beneficio. “Nosotros sabíamos que en ese listado había gente pudiente, con recursos para pagar, mientras otros que lo necesitaban no estaban, pero no podíamos hacer nada”, dijo ayer a este diario la gerenta de la cooperativa de servicios públicos de Miguel Riglos, Fabiana García.
“Teníamos un total de doscientos ochenta incluidos y ahora bajamos a cuarenta y ocho. Nosotros, en las cooperativas, sabemos bien a quién le corresponde tenerlo y a quién no y además el gobierno provincial y el municipio han hecho un gran trabajo”, agregó y sostuvo que fue la entidad la que “pasó la información básica y sobre eso trabajaron”.
Otras cooperativas consultadas revelaron datos similares y coincidieron con el concepto de la confección de un listado acorde a las verdades necesidades. “Ahora las cosas están acordes a la realidad local”, agregó la dirigente y reiteró que “sabíamos que había gente que no la necesitaba y otra que sí, pero no podíamos hacer nada para cambiar esa realidad. Ahora podremos ser más ecuánimes”.
En Rolón, el presidente de la cooperativa local, Bruno Rodríguez, indicó que “recibimos el nuevo padrón de beneficiarios con la información que pasamos nosotros y el municipio y de setenta y cinco bajamos a veinte beneficiarios”, y opinó que “no era real lo anterior, había gente que uno sabe que puede pagar. Lo que se ha hecho ahora es mucho más justo”.

“Caso cerrado” en La Pampa.
El conflicto planteado por el gobierno nacional a las cooperativas, con la pretensión de desdoblar la facturación y hacer por separado la que refiere a los consumos de energía eléctrica es considerado en La Pampa como un “caso cerrado”. Esta calificación se consideró de tal modo luego de que las entidades de base decidieron resistir la medida, amparadas por una resolución de la Administración Provincial de Energía de mantener en vigencia una resolución de 2005 donde se fijó el sistema de facturación en La Pampa.
Ayer, al comunicar los alcances de la nueva “tarifa social”, afrontada con recursos del tesoro provincial, APE indicó a las cooperativas de qué manera deberán hacer constar en las facturas la suma subsidiada en el modelo y sistema adoptado en la Disposición 129/05.
Mientras las cooperativas debaten a nivel provincial a través de la Fepamco y en permanente contacto con otros federaciones y cooperativas de todo el país cual será el texto de la respuesta a la orden del Inaes, ayer leyeron como un nuevo respaldo político del Gobierno Provincial la comunicación sobre la tarifa social.
Aún cuando se ha convocado para este martes a las 9 de la mañana a un plenario de asociadas, la determinación de no acatar la dispuesto por Nación está tomada y de acuerdo a las fuentes consultadas “la idea es que todos puedan estar informados y puedan hacer las consultas que deseen”.
La postura de “desacato” a la orden de Macri, bajada a las entidades desde el Inaes, es unánime y sólida en todo el país. “Los abogados nos han asesorado y creen que debemos responder porque de otro modo estaríamos dando el visto bueno. En todas las provincias defienden en principio la autonomía de cada una en la concesión de los servicios públicos y además que el Inaes no tiene competencia alguna para ordenar sobre un asunto que es entre quién concesiona y quien distribuye”.
En definitiva, se confirma lo que LA ARENA anticipó la semana anterior en su portada. Con el agregado, ahora, de que aún en provincias donde por otras razones facturan tal como ahora pretende imponer Macri, las cooperativas llenarán el correo del Inaes con respuestas idénticas. El ejemplo de ello es Córdoba, cuyas cooperativas y a través de sus federaciones, van a obrar en el mismo sentido que en el resto del país, en una monolítica postura del movimiento cooperativo nacional como respuesta a un nuevo ataque presidencial.

“Beneficiario” en problemas.
El ex presidente de una cooperativa pampeana, de prestigiosa trayectoria, debió esforzarse para ser quitado por el gobierno nacional del padrón de “beneficiarios” de la tarifa social cancelada en diciembre por Mauricio Macri.
Debió apelar a sus contactos y a su condición de abogado para ser excluido de la nómina que, frente a los vecinos de su pueblo y ante sus propios principios, lo colocó en la incómoda posición de ser favorecido con la reducción de la tarifa de sus consumos de energía que no necesitaba.
En primer lugar se presentó ante la cooperativa y luego recurrió a la APE. En ambos sitios le informaron que el listado se armaba en Buenos Aires y que bajaba sin chances de modificación en La Pampa. Finalmente y después de mucho andar logró su cometido: salir de la lista. Pero la peculiaridad de la situación “pinta” las características del gobierno nacional de turno.