Diputado pide ir a Justicia

El uso de las aguas del río Atuel que pretende utilizar una empresa privada en Mendoza para realizar tareas de fracking sobre un área petrolera fue advertido en La Pampa desde distintos sectores que pidieron un reclamo judicial del gobierno provincial para frenar la iniciativa.
"Mendoza está violando la Constitución Nacional cuando sigue tomando de manera unilateral decisiones que impactan sobre la cuenca del río Atuel" que ya fue declarado interprovincial en la justicia, aseguró el diputado Martín Berhongaray (Frepam), presidente de la comisión de Ecología y Ambiente Humano.
Dijo que "el río Atuel es un recurso natural interprovincial que debería ser gestionado de manera conjunta por La Pampa, Mendoza y el Estado nacional", por lo que "está claro que ninguno de los copropietarios tiene derecho a ponerlo en peligro ni a alterar su calidad que es lo que sucede con el fracking".
Además, afirmó que "es conveniente" que el gobierno de La Pampa "promueva un nuevo planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para detener esta conducta ilegal de las autoridades mendocinas, o que incluya el reclamo dentro del juicio que ya está iniciado como un nuevo atropello".
La Pampa denunció a Mendoza en el año 2014, por segunda vez, por el corte del río Atuel y el daño ambiental generado en la provincia. Por ello, la Corte ordenó a las partes ponerse de acuerdo, pero no lo hicieron y el gobierno pampeano continúa esperando que se establezca un caudal constante que llegue a territorio provincial.

El fracking, un peligro.
Para Berhongaray, el fracking genera "un evidente riesgo de contaminación ambiental, y por otra parte demanda de enormes cantidades de agua que seguramente las van a extraer del río Atuel" y se quejó contra las autoridades del gobierno de Mendoza porque "resulta que para la explotación hidrocarburífera sí hay agua, porque tengamos en cuenta que son millones los litros que se utilizan por cada fractura hidráulica, pero no hay agua para compartir con La Pampa".
Por otro lado, señaló que "es fundamental" que en el país exista y "se defina una legislación ambiental uniforme para todo el territorio que obligue a aplicar las mejores prácticas a la gestión de los recursos naturales en las tareas de exploración y explotación de los hidrocarburos, y creo necesario en ese camino prohibir el fracking hasta tanto aparezca la suficiente evidencia científica de que esa técnica no va a resultar contaminante".
El diputado pampeano, además integrante de la Fundación Chadileuvú, agregó que "hoy esa evidencia no sólo no existe, sino que hay prestigiosos estudios de muchas universidades del mundo que señalan los grandes peligros que encierra la actividad. Por eso son muchos los países que directamente han prohibido el fracking".