"Es una ley que genera mayor concentración"

Los diputados justicialistas pampeanos Sergio Ziliotto, Melina Delú y Ariel Rauschenberger votaron en contra del proyecto de ley que pretende desregular el precio del papel para diarios, que en la actualidad tiene el mismo valor para todos los compradores.

 

“El proyecto busca que Papel Prensa pueda fijar a su antojo un precio para cada comprador”, advirtieron los legisladores. “Y en este contexto no podemos obviar que Papel Prensa pertenece al Grupo Clarín y a La Nación en más del 60 % mientras que al Estado Nacional menos del 40” agregó Ziliotto.

 

Además busca eliminar la obligación por parte de Papel Prensa de operar al máximo de suproducción y a proveer de papel a todos los diarios del país que así lo requieran y a un precio que fija el Estado Nacional.

 

“El papel de diarios no es cualquier mercancía; su producción y distribución debe ser una política de Estado debido a que son la garantía de la circulación de información diversa y plural. Si avanza la derogación de varios de sus artículos, la ley 26.736 de 2011, que declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y diarios, ya no tendrá sentido”, concluyó el diputado pampeano.

 

Luego enumeraron que un análisis detallado avisora consecuencias claramente negativas y un claro retroceso:

 

•        El Estado vuelve a intervenir fuerte: no para garantizar la igualdad de oportunidades y la libertad de expresión, sino para promover mayor concentración.

 

•        La desregulación de la fabricación y venta de Papel Prensa llevará al cierre de pequeñas y medianas publicaciones en todo el país.

 

•        Esta situación agravará el despido de trabajadores y la pérdida de puestos de trabajo en las producciones autogestionadas.

 

•        Provocará una censura indirecta y la restricción a la libertad de información que implica el cierre, discontinuación o condicionamiento de las voces independientes, aunque puedan migrar a versiones digitales de sus productos.

 

•        Se legalizará la posibilidad de los grandes grupos de obturar a la competencia fijando precios discriminatorios en el insumo fundamental.