Viernes 15 de marzo 2024

Dudas por las PPP ponen en riesgo la autovía a Anguil

Redacción 26/08/2018 - 01.09.hs

El financiamiento de los contratos de la obra pública que el gobierno nacional puso bajo el paraguas del plan de Participación Público Privada (PPP) sigue en seria duda y por eso la administración macrista lanzará un fideicomiso para intentar que ese programa no se caiga.
"La idea de Guillermo Dietrich (ministro de Transporte) de crear un fideicomiso como último recurso para que los bancos no se bajen del financiamiento de los contratos PPP no termina de convencer al mercado, donde el caso de los cuadernos sigue pesando más que cualquier promesa de garantía oficial", publicó ayer el sitio www.lapoliticaonline.com.
Ese fideicomiso será administrado por el Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE), que conduce Francisco Cabrera, para que sea esta entidad pública la que tome los fondos que los bancos internacionales habían comprometido a las UTE que ganaron la licitación de los corredores viales. Así, el BICE sería una especie de intermediario que tomaría los fondos y se los traspasaría a las empresas, agregó.
En el caso de la autovía Anguil-Santa Rosa, en la ruta nacional 5, la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por las firmas China Construcción América (filial Panamá) y la argentina Green SA, cuyo titular es el ingeniero Carlos Arroyo, se quedó con la obra mencionada, que además incluye la nueva circunvalación de esta ciudad.
La idea de aplicar el mecanismo del fideicomiso -según LPO- tiene que ver con que los bancos y fondos de inversión internacionales no queden directamente vinculados a las empresas que intervienen en el PPP, varias de las cuales están salpicadas en el caso de los cuadernos. Por normas internas y de regulación de sus países de origen, las entidades internacionales no pueden otorgar créditos a firmas implicadas en casos de corrupción.
Sin embargo, "la idea del fideicomiso no convence a las entidades internacionales que por ahora se estarían resistiendo a ese mecanismo (que por otro lado aumentaría el ya de por sí alto costo financiero de los PPP), porque saben que tarde o temprano podrían quedar mezclados con empresas involucradas en la causa, explicaron fuentes del mercado".
El artículo periodístico agrega que en las empresas que ganaron contratos "son cautelosos con la idea del fideicomiso y aseguran que todavía el Gobierno no informó ni pidió nada al respecto. Tampoco están al tanto de la posibilidad de que el Banco Mundial tenga una participación más activa en el proceso, aseguraron desde una de las constructoras".
En las firmas ganadoras prefieren eludir el mecanismo del fideicomiso y se inclinan por demorar 90 días el inicio de las obras, es decir llevarlo de noviembre a febrero. Así, aseguran, habría un panorama más claro de la situación financiera y también de la causa judicial.

 

El Fondo.
En la nota de LPO se añade que otro problema en paralelo a las dudas de bancos y empresas es que el cambio del mecanismo de financiación de las PPP "podría derivar en complicaciones políticas para el Gobierno. Es que incluso podría derivar en una objeción del FMI, que aceptó las PPP a regañadientes porque la línea del organismo era considerarlos 'deuda encubierta'. El acuerdo con el Fondo establece una posición intermedia, que es empezar a contabilizarlo como déficit a medida que el Estado vaya otorgando los títulos, de acá a tres años".
Además, en la oposición "creen que la creación de un fideicomiso público convertiría a los créditos para los PPP en deuda soberana a contabilizar inmediatamente. Además de la posible objeción del FMI, en el peronismo ya avisan que el tema será cuestionado en el Congreso, a través de la bicameral de PPP. 'Esto así no va', resumió un diputado".

 


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