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Dudas por lo robado en la pollería

En menos de 24 horas y porque los imputados fueron aprehendidos en «flagrancia», la Justicia acusó formalmente a los dos cordobeses detenidos el domingo por el robo de 192 mil pesos a la casa central de la pollería Granjeros del Oeste de Santa Rosa. Pese a que sólo se halló esa cantidad de dinero dentro de una mochila, la denuncia del damnificado sostiene que se trató de un perjuicio económico de $700 mil y se investiga entonces la ubicación del resto faltante.
Es por esto que desde la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad sostienen con certeza que en el hecho actuó una tercera persona, y por eso mañana se realizará la apertura de un teléfono celular que fue secuestrado en posesión de uno de los detenidos y que incluso trascendió ayer que continuaba recepcionando llamadas. Mientras tanto los dos acusados estarán en dependencias policiales santarroseñas hasta que llegue el fin del proceso. El delito cometido tiene una pena que va de 3 a 10 años de prisión efectiva.

Acusación.
Al mediodía de ayer el fiscal Facundo Bon Dergham acusó a Marcos Ezequiel Tarquía (23) y a Brayan Nahuel Oliva (23) de estar imputados en el robo a Granjeros del Oeste y caratuló la causa como «robo calificado por escalamiento, por haberse cometido en poblado y en banda». En la audiencia de Juicio Directo celebrada en la Sala Nº 2 de la Ciudad Judicial, el representante del MPF los imputó «por haber ingresado el domingo antes de las 6 horas al comercio ubicado en Alvear y Tomás Mason, previo a cortar y retirar una reja del ventiluz de un baño ubicado en la planta alta del inmueble, cortando también los cables de cámaras de seguridad y alarmas y accediendo al mismo lugar por intermedio de sogas, para una vez dentro del mismo lugar efectuar dos boquetes sobre diferentes paredes de las oficinas interiores y sustraer la suma denunciada de $700 mil, habiéndose constatado que utilizaron varias herramientas de mano, como también equipos tecnológicos, entre ellos un handie (radio) e inhibidor de señales». También los acusó «de retirar un DVR, parte del equipo de sistema de seguridad del lugar».
Según el fiscal el hecho se conoció a raíz del llamado de un empleado del comercio «que percibió ruidos en el techo y dio aviso al Cecom para luego de un intenso rastrillaje, por parte de personal policial en la zona, lograrse la detención de ambas personas que se encontraban ocultas en una vivienda lindante, secuestrándose en su poder las herramientas que utilizaron para cometer el delito y una mochila con la suma de $192 mil».
Como pruebas, la Fiscalía posee fotografías tomadas en el lugar donde se cometió el robo, actas de secuestro, un informe de la AIC, un informe técnico de la División de Análisis y Telecomunicaciones sobre el handy y el inhibidor secuestrados, un informe de acta de apertura sobre un celular, entre otras cuestiones que sirven a la causa como los testimonios de varias personas, entre ellos el empleado del comercio y efectivos policiales.

Se negaron a declarar.
Pese a que se les dio la posibilidad Tarquía (un comerciante -pollero- de Villa del Rosario) y Oliva (de oficio pintor, de la ciudad de Córdoba) se negaron a prestar declaración y continuaron oyendo atentamente todo lo ocurrido en la sala.
En ese marco Bon Dergham manifestó a la jueza Alejandra Ongaro que, «como se dan los indicios para sospecharlos por el ilícito, solicito una medida de coerción una prisión preventiva hasta la finalización de este corto proceso» y basó su pedido entendiendo que «existe el peligro de obstaculizar el desarrollo de investigación. En caso de obtener la libertad, podrían obstaculizar la tarea de localización del resto del dinero denunciado ($700 mil). También podrían influir en la localización de más personas involucradas. No descarto la participación de una tercera persona -sostuvo-, y entiendo que hay un claro peligro de fuga».

Oposición.
La abogada Paula Arrigone, como defensora de Oliva, manifestó su «oposición» a la calificación legal que hizo el fiscal y dijo que «deber quedar calificado como robo en grado de tentativa» y en cuanto a «poblado y en banda» expresó que «no hay indicio que prueba la participación de una tercera persona. Además sería incongruente ya que manifestó -el fiscal- que fueron detenidos en flagrancia». Respecto a las pruebas la abogada no se opuso, aunque sí mostró oposición ante el pedido de prisión preventiva, al manifestar que su defendido «no registra antecedentes penales, tampoco se daría la posibilidad de fugarse u ocultarse. Entiendo que corresponde otorgarle la libertad, la cual proponemos que sea bajo medidas sustitutivas a la prisión preventiva».
Gastón Gómez, quien patrocina a Tarquía, coincidió con Arrigone, aunque peticionó que «la Fiscalía, junto con el damnificado de la firma, deberán corroborar el faltante del dinero que en principio aleatoriamente se está dando. Desconocemos la posibilidad de que pudiera haber una tercera persona; así que tengo la misma posición de la defensora».
Por otro lado y ante la posibilidad de que pudiera existir una rueda de reconocimiento, el defensor solicitó a los medios de comunicación presentes que se distorsionen los rostros de los imputados, a los fines de no entorpecer o empobrecer la causa.
Por su parte la jueza Ongaro convalidó la flagrancia y dispuso la prisión preventiva de los dos imputados por el término de 10 días.

¿Cómo funciona un inhibidor?
El robo de los «boqueteros» a la pollería Granjeros del Oeste dejó al descubierto el proceder de los ladrones que actuaron utilizando un sistema electrónico para evitar que el circuito cerrado de alarmas del comercio funcione. Se trata de un dispositivo similar a un router -como el que se usa para recibir señal de wifi- con varias antenas, que cumple la función de bloquear las frecuencias en las que puede comunicarse el sistema de seguridad de un comercio o una casa.
Los sistemas de seguridad protegen la instalación y detectan si un intruso intenta entrar al lugar que se está protegiendo. Si lo detecta, salta la alarma. Una vez que ha saltado se tiene que comunicar qué es lo que está ocurriendo a la CRA (Central Receptora de Alarmas o Central de Monitoreo) de la empresa de seguridad, que es la que se ocupa de determinar si es real o no el salto, para avisar a la policía. Con este aparato, los delincuentes consiguen bloquear en un determinado espacio la llegada de las frecuencias y logran crear una zona segura donde los aparatos que funcionan a través de esas frecuencias queden inútiles. Empleando el dispositivo los ladrones consiguen anular la señal que tienen comunicación GSM y anulan por completo la comunicación entre el lugar protegido y la CRA.
Sin embargo en el caso ocurrido en la madrugada del domingo no fue tan así, ya que uno de los sensores alcanzó a enviar una alerta el teléfono celular de un encargado del comercio, y así pudo avisar a la policía.
Hace mucho tiempo que se emplean inhibidores de frecuencia para alarmas tanto en vehículos (los hechos más conocidos) como en inmuebles (viviendas, comercios, empresas). Pero hace poco más de un mes ocurrió en Santa Fe un episodio igual al que se vivió este domingo: al menos tres personas hicieron un boquete en el techo de una distribuidora, abrieron la caja fuerte con una amoladora y se llevaron más de $8 millones (U$S 180 mil). Para entrar, los ladrones habían empleado previamente inhibidores de frecuencia de alarmas.