¿El ajuste en la provincia comenzó con la Justicia?

La selectividad anunciada por Franco para la reestructuración de partidas en el marco de la fuerte crisis afectó a los funcionarios judiciales que subrogan cargos en los tribunales de Santa Rosa y General Pico.
Juan José Reyes
La Dirección General de Administración (DGA), que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ), solicitó ayuda financiera extraordinaria al Ministerio de Hacienda de La Pampa para ampliar el presupuesto 2018. Las prestaciones para el personal del Poder Judicial son competencia de la cartera que dirige el ministro Ernesto Franco, puesto que el 91% de los 1.036 millones de pesos de las erogaciones de la Justicia va a salarios y cargas sociales.
Al no asignarse reestructuración de partidas para el personal judicial (salvo acuerdo paritario), los ministros del STJ piden al Subsecretario de Hacienda, Guido Bisterfeld, fondos para gestionar pagos por las subrogancias adeudadas. Se trata de jueces de Control, de Faltas y de fiscales de la Primera y de la Segunda Circunscripción Judicial, cuyas ciudades cabeceras son Santa Rosa y General Pico, respectivamente.

La Justicia, no.
En la readecuación de partidas realizadas por el PEP por 3.028.640.915 pesos, no se contempla a la justicia provincial. El ministro Franco fue muy claro respecto de las nuevas erogaciones para el actual presupuesto por la crisis económica del gobierno macrista. "Hemos sido selectivos, por lo tanto hay áreas que no crecen y se mantienen nominalmente, priorizándose fondos específicos".
Sin embargo, aclaró que "la partida que más se incrementa es la salarial". El artículo 18 de Ley Orgánica del Poder Judicial refiere a subrogancias en la recusación, excusación, suspensión, licencias y vacancias. El magistrado o funcionario sustituto goza como tal de idénticas garantías, inmunidades y sueldo. Cuando sea retirado o jubilado, mantiene el derecho al haber de retiro o jubilatorio, es compensado durante el tiempo trabajado con el equivalente a mitad del total del salario que le corresponda al titular del cargo, con carácter no remunerativo.

Fondos extraordinarios.
El Poder Judicial aquí tiene 1.301 empleados que insumen 1.036.769 pesos por presupuesto 2018. De aquella suma 395,7 millones van al STJ (314 millones a personal) y al Ministerio Público Fiscal (SPF) 243.364.219 pesos, (231,3 al personal). En cambio, en las Cámaras de Apelación (71,7); Juzgados de Primera Instancia (248,5 millones); Juzgados Paz (74,48 millones) y otros (3.437.408 de pesos, que contemplan al Consejo de la Magistratura, Tribunal Electoral y Jurado de Enjuiciamiento), todas las erogaciones va a gastos de personal exclusivamente.
Magistrados, funcionarios y agentes integrantes del Poder Judicial que por obligación legal o reglamentaria subroguen a magistrados u otros funcionarios de similar o mayor jerarquía que los cargos de los cuales son titulares, durante un lapso mínimo de 15 días corridos, tienen derecho a una compensación consistente en la tercera parte del sueldo del cargo que reemplace. Una vez superado aquel período, la liquidación de la compensación por la subrogancia es proporcional al tiempo que dure el reemplazo.

Licencia.
En caso de subrogarse varios cargos a la vez, cobran una sola compensación con el salario más favorable al subrogante. Tal situación no alcanza al pago por supuestos en que el titular del cargo a subrogar esté gozando de licencia por compensación de feria y no se abona durante ferias judiciales.
Tampoco corresponde computar los días de licencia que utilice el subrogante cuando haga uso de alguna licencia, ya que solo le abonarán hasta el comienzo de la ausencia, cuando haya transcurrido 15 días corridos, computándose a partir de su reincorporación laboral, si debiera continuar la subrogancia.
Sin embargo, el 25 de abril el Senado aprobó por unanimidad y convirtió en Ley el proyecto de Justicia 2020 estableciendo un régimen de subrogancias, para cubrir temporariamente los juzgados vacantes, hasta tanto no sea designado el nuevo juez titular. Habrá ajuste también en La Pampa, aunque el gobierno provincial se distancie de las políticas nacionales y aparecerán los fondos, de hecho no son tantos, pero la pregunta es inevitable ¿Empezó con el Poder Judicial?