"El desafío es la asistencia directa hacia las víctimas"

El gobierno de La Pampa creó recientemente en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos el Programa Provincial para la Prevención, Protección y Asistencia de las Víctimas del delito de Trata de Personas, que representa un avance importante en la problemática.
"En primer lugar, el programa nos da organicidad para trabajar. Nos asigna responsabilidades y un método de trabajo interdisciplinario para un delito tan complejo y que a sus víctimas las afecta de forma integral como así también a sus familiares", dijo el secretario provincial de Derechos Humanos, Antonio Curciarello, sobre dicho programa.
"A nivel provincial hemos intervenido en dos oportunidades desde la Secretaría de Derechos Humanos en conjunto con otras áreas como Trabajo, Niñez, la policía provincial y los municipios, particularmente el de Alpachiri. El desafío es que la asistencia sea directa, urgente cuando sea requerida y desde la perspectiva que corresponde a la posición de las víctimas", aseguró.
En ese sentido, Curciarello agregó que los últimos casos en los que intervino el gobierno "fueron delitos con fines de explotación laboral" y aclaró: "Ante la denuncia se pone en conocimiento de las autoridades que tienen facultades de investigativas, la determinación de si hay trata o no es de la Justicia; nosotros nos proponemos intervenir aún sin que esa determinación esté clara de entrada".
El programa se financiará con fondos provinciales y busca prevenir y denunciar el delito de trata de personas, como así también sensibilizar, procurando la comprensión y difusión de la problemática. Funcionará en el ámbito de la Secretaría de DDHH y contará con una Comisión de Ejecución, con representantes de los ministerios de Seguridad, Desarrollo Social, Salud y Producción, de la Secretaría de la Mujer y de la propia secretaría a cargo de Curciarello.

-¿La situación económica y el contexto social tienen impacto en ese sentido en los delitos de trata de personas?
-Sin dudas, porque la captación de las víctimas no solo es mediante engaño y falsas promesas, también aprovechan de las víctimas que están situaciones de vulnerabilidad producto de la exclusión y la pobreza. Contextos como el que se viven actualmente en el país hace que esto sea aún más complicado.

-¿Hay aportes del gobierno nacional en la materia para las provincias?
-No. Al menos no por ahora y en el último Consejo Federal de la Lucha contra la Trata de Personas no se informó nada al respecto. Pero mirando la actualidad, en la que están ajustando y ajustando en todas las áreas del Estado nacional, el futuro para estos temas no es auspicioso.

-¿Qué opinión tiene sobre la réplica del diputado (Abel) Sabarots que pidió que el programa contra la trata sea establecido por ley?
-Me estoy enterando por usted. Nosotros gobernamos y como tal buscamos ocuparnos de un tema que es un delito federal y que su gobierno nacional ha hecho poco y nada por esto, de hecho desarmó los equipos que había. A esa costumbre de siempre mirar para el costado no la comparto.

El Frepam pide una ley.
El diputado Abel Sabarots (Frepam) destacó la creación del programa provincial contra la trata pero advirtió que “una política de Estado de estas dimensiones debe de ser creada por ley, en virtud de otorgar un rango superior y que goce de plena estabilidad en el tiempo, y no esté sujeta a la voluntad del gobernante de turno”.
En la Legislatura, según dijo el diputado, duerme un proyecto de ley de su autoría que crea el Programa Provincial Integral para Víctimas de Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual por “decisión del PJ”.
Sabarots resaltó que el municipio de Santa Rosa, durante la gestión de Francisco Torroba, cuenta desde 2011 con un programa de prevención y asistencia para víctimas de trata de personas como “como una necesidad imperiosa del Estado municipal de atender a víctimas de estos delitos”.
Sobre el decreto que crea ahora el plan provincial, señaló que “no contempla, como sí se lo hace a través del proyecto de ley una Asistencia Económica Mensual para las víctimas, un monto por el equivalente a la categoría 16 de la ley 643 podrá extenderse por un periodo de 6 meses, renovable como máximo por un periodo similar, sujeto a evaluación del equipo interdisciplinario”.