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El juicio a CFK pasó a cuarto intermedio

"PERSECUCION POLITICA"

Cristina Fernández atravesó el martes la primera jornada del juicio oral por la causa Vialidad, en la que es investigada por presuntas irregularidades en la obra pública. El juicio comenzó con la lectura de las imputaciones apenas pasado el mediodía y luego pasó a un cuarto intermedio para el próximo lunes.
Cristina se ubicó en la última fila de la Sala AMIA de los Tribunales Federales de Comodoro Py, al lado del sector designado para el público, en donde había dirigentes sindicales, legisladores y Madres y vuelas de Plaza de Mayo. A su derecha se encontraba su abogado, Carlos Beraldi. Puso así prudente distancia de Julio de Vido y Lázaro Báez, los otros dos acusados en la causa conocida como «Vialidad», que investiga presuntos sobreprecios por más de 46 mil millones de pesos en obras adjudicadas al empresario, sindicado como el «testaferro» de los Kirchner.
También están imputados José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala.
El juicio es llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, mientras que Adriana Palliotti interviene como jueza sustituta, y se puso en marcha luego de una fallida maniobra de la Corte Suprema para postergarlo.

Acusación.
De acuerdo al texto base de la acusación, durante el gobierno de la ex presidenta hubo una «matriz de corrupción» que tuvo como fin la «defraudación al Estado Nacional, y lavado de dinero a través de la obra pública vial» y la sustracción «de fondos públicos».
Según la investigación fiscal, las empresas de Báez en Santa Cruz recibieron el 80 por ciento del total de la obra pública en esa provincia durante el kirchnerismo y la cobraron en su totalidad pese a que gran parte no estaba terminada.
De Vido, López y Carlos Kirchner son considerados organizadores de la asociación ilícita para «cometer delitos de forma estable y permanente por más de doce años» con la «sustracción de fondos públicos».
«Convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad seleccionando a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción», agregó la acusación.

Corte Suprema.
La Corte aún no estableció su posición de fondo sobre los nueve planteos pendientes, entre ellos el de la defensa de Cristina que reclama medidas de prueba claves sobre las obras sospechadas. Las pericias sobre 5 de las 51 obras cuestionadas estarían listas recién en agosto y los jueces del máximo tribunal podrían incluso ordenar que se estudien algunas más o todas. En caso de que los especialistas determinen que no hubo sobreprecios y que las obras fueron hechas en tiempo y forma, se podría dar por tierra con toda la acusación y hacer caer el proceso.

Persecución.
A pocas horas del inicio del primer juicio oral en su contra, Cristina denunció que se trata de «nuevo acto de persecución» en su contra por parte del Gobierno con el objetivo de sentarla en el banquillo de los acusados en plena campaña electoral.
A través de las redes sociales, la ex presidenta confirmó que se presentará en Comodoro Py y se descargó contra el Gobierno y la justicia, que la semana pasada estuvo a punto de postergar el comienzo del proceso con el pedido de la Corte Suprema para que le envíen el expediente.
«En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial», sostuvo la senadora.
«Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Si… pese a todo volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías», sostuvo en alusión al fiscal Carlos Stornelli.
La precandidata a vicepresidenta dijo que «la citación se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz». «No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008 armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito», puntualizó.
Remarcó que «las «pruebas» por las que fue acusada «son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete».
«Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo», finalizó. (Lapoliticaonline / Pagina12.com)

«El solo firmaba»
La esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, aseguró ayer que la causa por presunta corrupción en la obra pública está «armada» y consideró que deberían estar imputados también ex ministros de Economía y ex jefes de Gabinete, aunque sin nombrar directamente a Alberto Fernández.
La mujer explicó que en este caso se investiga a su pareja por haber «firmado las planillas de redistribución presupuestarias, un trámite administrativo normal y habitual en su gestión» al frente de la cartera de Planificación.
Minnicelli se expresó de esta manera a través de una carta que publicó en las redes sociales y que se compartió en la cuenta oficial de Twitter de De Vido, horas antes del comienzo del juicio por esta causa.
En el texto, la pareja del ex funcionario kirchnerista resaltó que su esposo realizaba esta tarea en conjunto con el Ministerio de Economía y con la jefatura de Gabinete.
En declaraciones radio Con Vos, Minnicelli aclaró que no se «estaba refiriendo concretamente a Alberto Fernández», sino a cualquiera de los que hayan ocupado esos dos cargos.
Para la mujer, el hecho de que ninguno de los funcionarios que estuvieron en esos puestos estén involucrados en el juicio es «otra muestra clara del direccionamiento del armado de la causa».
«En las 570 fojas de imputación de (el juez federal Julián) Ercolini, a Julio (De Vido) se lo menciona 18 veces. Lo llamativo es que él solo firmaba una planilla que le mandaba el ministro de Economía y que luego se la remitía al jefe de Gabinete», remarcó. (NA)

Fuerte respaldo a la ex presidenta
Referentes políticos cercanos a la ex presidenta se acercaron desde temprano a los tribunales de Comodoro Py, rodeados de vallas y policías, para mostrar su apoyo a Cristina Fernández en la primera audiencia del juicio oral por supuestas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
En un clima de campaña desatado por el anuncio de la fórmula con Alberto Fernández como precandidato a presidente, se concentraron en el hall central del edificio el ex secretario General de la presidencia y ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, el ex ministro de Trabajo y legislador porteño Carlos Tomada y el diputado del Parlasur y ex Canciller Jorge Taiana. Todos coincidieron en el objetivo político y electoral que persigue el gobierno nacional con este juicio oral.
«Esto no es un juicio, es una puesta en escena. Ojalá juzgaran a alguien, Cristina pidió que se auditara la obra pública y no lo quisieron hacer», dijo Parrilli.
También estuvieron diputados como Hugo Yasky, Rodolfo Tailhade y Martín Sabbatella, el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Irrubarri, junto a intendentes y dirigentes del peronismo nacional y bonaerense.
También se acercaron dirigentes de derechos humanos, como Estela de Carlotto, de Abuelas, Lita Boitano, de Familiares, y Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora, junto a los nietos restituidos y legisladores Horacio Pietragalla y Victoria Montenegro.
Alberto Fernández, quien había anunciado que también estaría en los tribunales, finalmente no fue de la partida ya que como testigo del juicio no puede participar de las audiencias previas a su declaración.
En las puertas de Comodoro Py, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández sostuvo que el juicio oral «es un circo armado por el Poder Ejecutivo».
Consideró que al Gobierno «le salió el tiro por la culata, no creo que haga mella la foto que van a sacar (en los tribunales) en referencia a cómo está el país», y agregó: «La gente no come fotos».
A modo de ejemplo remarcó que la causa Vialidad investiga «unas 1.400 obras, de las cuales Lázaro Báez hizo el 7 por ciento». «La verdad que es una joda, (la empresa) Lecsa, que es Macri porque la puso a nombre del primo, tiene muchas más», dijo Dalbón. (Tiempoar.com)