El Juzgado Federal está investigando la "filtración"

La filtración de un oficio judicial de una investigación por drogas en la provincia de La Pampa y en la que están señaladas más de 25 personas es investigada por la Justicia federal, informaron fuentes de los tribunales locales.
"Se están tomando las medidas del caso, para analizar cómo circuló la nota. Puntualmente, se está investigando la filtración, estamos averiguando cómo se publicó el escrito", se manifestó desde tribunales de esta capital a LA ARENA.
La investigación iniciada a partir de la filtración del listado va en otra línea a la causa penal iniciada en 2016 a raíz de la denuncia de un testigo de identidad reservada. En el oficio judicial en rigor se pide información sobre personas al municipio de Santa Rosa para saber si pidieron la autorización para abrir un local comercial.
En los tribunales federales es fuerte el hermetismo sobre el expediente judicial y las filtraciones. "Claramente la persona que entregó el listado para que se publique no podía hacerlo porque es información vinculada a una causa en curso y su publicación podría haber puesto en peligro la investigación penal", aseguraron.
La primera de las listas comenzó a circular hacia fines de mayo. En ella se daba a conocer el pedido de información sobre 25 personas, entre las que figuraban un diputado provincial, policías, un cura, dueños de boliches y personas con condenas y antecedentes por tenencia y distribución de drogas. En la segunda lista, filtrada de manera desmedida el fin de semana pasado a través de mensajes de whatsapp y redes sociales, figuraban los nombres de otras 25 personas, entre ellas pilotos de autos y motos, prestamistas y vendedores de vehículos.
Respecto de ello este diario supo por trascendidos que el Juzgado no recibió la presentación espontánea de ninguna persona nombrada en del segundo oficio viralizado en la noche del sábado 1º y la mañana del domingo 2 de junio, a diferencia de lo ocurrido días atrás con el diputado Marín, como con los jefes de policía Blanco y Calderón; y el clérigo Pernini (envió a su representante legal), que sí se pusieron a disposición de la justicia federal.