"Es la 'stornellización' de la Justicia"

Omar Gebruers, el abogado que defendió a tres de los docentes de 25 de Mayo, aseguró que lo que se vivió con la Justicia provincial en la causa de los supuestos abusos, hoy podría denominarse "la 'stornellización' de la Justicia pampeana", en alusión a lo que consideró un proceder de los funcionarios judiciales y trazando un paralelo con las situaciones que se están ventilando en el caso D'Alessio, en el que está acusado el fiscal federal porteño Carlos Stornelli.
Entrevistado en Radio Noticias 99.5, Gebruers recordó que durante el proceso, los fiscales tomaron como válido el testimonio de una testigo de identidad reservada que era hermana del comisario de 25 de Mayo, quien, por esos días, mediados de 2015, "la había felicitado por las redes sociales por su valentía".
Mencionó como sugestivo que el abogado que entonces defendía al intendente David Bravo en causas de corrupción fue el que llevó adelante la querella de los denunciantes de los abusos sexuales y que ese letrado fue designado tiempo después como fiscal de General Pico.
"No nos olvidemos que en el medio había trascendido la sentencia 40 días antes que se conociera la misma. Esto solo ha sido superado por D'Alessio. Tan grave fue que lo reservamos en una escribanía de la Capital Federal para justificar desde qué fecha lo tenían y cuál era el fallo. Todo esto, que incluso fue denunciado, lo único que produjo fue una denuncia contra mi persona por, supuestamente, haber sacado ese fallo de las computadoras de los jueces", resaltó.
En esa causa, los jueces del tribunal nunca fueron acusados por el fiscal que intervino, mientras que la investigación en su contra -de Gebruers- todavía está abierta. "Esto confirma cómo la política influyó en este fallo. Nosotros ahora podríamos llamar a esto la 'stornellización' de la Justicia de la Pampa. Son cosas muy graves desde el punto de vista del funcionamiento de la Justicia, pero en ningún momento, ningún operador judicial le dio la trascendencia que tenía", dijo.
El abogado sí reconoció que el STJ "puso en caja" a una investigación en la que "no había tenido las pruebas que decían haber tenido" y anuló el fallo contra cuatro personas a las que se había condenado a penas que iban desde los 7 a los 18 años de prisión.