"¿Es necesario un Servicio Penitenciario Provincial?"

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi, planteó ayer el debate sobre la necesidad de la creación de un Servicio Penitenciario Provincial o si "se debe restablecer el modelo de colaboración con el Servicio Penitenciario Federal". El interrogante fue formulado porque a partir de pasarse del sistema mixto al sistema acusatorio adversarial, que conllevó la aparición de la figura del juicio abreviado, se produjo un "incremento notable de condenados y reclusos".
Losi formuló el planteo, junto a otros más, durante la inauguración de las "Primeras Jornadas de Ejecución Penal", que concluirán hoy en la Sala 8 del Fuero Penal del Centro Judicial de Santa Rosa, con la participación de trece expositores y un centenar de asistentes, entre funcionarios, magistrados, abogados y empleados del Poder Judicial.
Junto a Losi estuvieron, en la ceremonia de apertura, el ministro del STJ, José Roberto Sappa; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Néstor Daniel Ralli; y el ministro provincial de Seguridad, Julio César González.
También asistieron el jefe de Policía, Roberto Ayala; el subjefe, Omar Lara; el vocal del Colegio de Abogados, Boris Vlasich; la delegada local de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la jueza de control Florencia Maza; la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Susana Funes; el subsecretario de Protección Ciudadana, Lisandro Ranocchia; el subsecretario de Prevención de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico, Agustín García; y la delegada del Registro Nacional de Reincidencia, Javiera Valdez.

Seis interrogantes.
En su discurso de apertura, Losi planteó seis interrogantes para que los participantes debatan durante las dos jornadas del curso, más allá de los temas propios. En primer lugar, se preguntó si con la sanción de la ley 27.375, que visibilizó a los jueces de ejecución a partir del "caso Micaela", actualmente hay mayores garantías o se restringieron derechos a las personas privadas de la libertad.
También se preguntó si con la convergencia de la ley penal 24.660 y la ley 27.375, que restringió el sistema de libertades anticipadas, habrá una afectación al principio de igualdad ante la ley, por entender que ambos sistemas de cumplimiento de penas convivirán durante décadas.
Luego planteó el interrogante del Servicio Penitenciario y se preguntó si el "incremento notable de condenados y reclusos", que hizo que algunos estén alojados en establecimientos penitenciarios -en la provincia o fuera de ella, "lo que a su vez provoca un desarraigo familiar"- y otro en comisarías y alcaidías, produce "un tratamiento desigual" para con ellos.
El ministro planteó además si son aplicables los principios de imparcialidad para los jueces de ejecución durante las audiencias orales -del mismo modo que rigen para los tribunales de juicio-, o en cambio si pueden tener un rol proactivo.
Por último, Losi indicó que, en la comisión de reforma del Código Procesal Penal, los propios jueces de ejecución plantearon la inquietud de que los tribunales de juicio deberían ser quienes unifiquen penas y condenas, porque ello luego influye en el cómputo final que realizan los juzgados de ejecución penal y también en el acceso de los condenados a las etapas de progresividad. Por eso se preguntó si es válida esta regulación provincial de la norma del artículo 58 del Código Penal, referida a las sentencias unificadas.