"Estamos frente a delitos de genocidio"

El juicio de la Subzona 14 II, en la que se investiga a un grupo de ex policías y ex militares, entró ayer en la recta final con el inicio de los alegatos que comenzaron a exponer los querellantes, durante la audiencia desarrollada en el Colegio de Abogados de Santa Rosa en el marco del debate oral y público que continuará esta mañana desde las 8.30.
El abogado Franco Catalani fue el primero en argumentar y comentó que "es imposible que 170 víctimas se conjuguen y mientan", haciendo referencia a las respuestas de los acusados, quienes desmintieron a las personas que fueron torturadas y abusadas y rechazaron las acusaciones.
Señaló que "el aparato del terror implementado por la Subzona 14 se preocupó especialmente en que los ejecutores del genocidio no fueran vistos ni registrados y por eliminar todo tipo de prueba, por eso los vendaban para torturarlos".
En esa línea, le pidió al Tribunal Oral Federal que no caiga en "esa trampa" porque "acá se logró reconstruir quiénes fueron los acusados".
Por otro lado, el abogado dijo que los operativos policiales y militares incluían a muchas personas "pero eso no quita responsabilidades" a los acusados.
Además, se refirió a los dichos de Baraldini, quien había afirmado que La Pampa era "zona de paz" porque no hubo muertos, "como si los secuestros y torturas no fueran lo suficientemente graves". En ese sentido, recordó que sí hubo muertos por la represión a pesar de que no hubo juicio por esos casos. Nombró casos de cuerpos encontrados en La Adela, en Relmo, entre otros.
Señaló que los acusados hicieron referencia a la "obediencia de vida, algo que ya está zanjado" y "ninguno asumió ningún hecho y menos responsabilidades, que descargaron en Constantino y Aguilera", ambos fallecidos. Sobre Néstor Cenizo, recordó que pidió "un perdón general" y resaltó: "No hay arrepentimiento sincero sobre generalidades".
Siguiendo en esa línea, afirmó que "mientras les quede un minuto de vida podrán recuperar la dignidad y decir lo que realmente sucedió, que es lo que queremos" y advirtió por el daño en el proyecto de vida personal que sufrieron las víctimas de la dictadura. "Es importante que hayan tenido la posibilidad de hablar", siguió Catalani.
En otro tramo de su exposición, el abogado manifestó que "no es casual que se haya dicho que las víctimas hacen negocios con los derechos humanos", como declararon los represores acusados, y agregó: "Aquí no hay extremistas ni aprovechadores, hay personas que quieren que su versión sea refrendada por un Tribunal de la Nación, lo que nos interesa es la verdad, la memoria y la justicia".

Fue un genocidio.
Catalani además planteó que los hechos investigados deben ser calificados como delitos de "genocidio", argumentando que existen antecedentes en 33 causas en el país. En rigor, los delitos ocurridos en La Pampa fueron calificados como de lesa humanidad por la Justicia Federal.
Al ampliar los fundamentos, señaló que la dictadura buscó "destruir" en forma intencional, total o parcialmente, a un grupo humano y agregó que también se realizó" una construcción de una imagen del delincuente subversivo para después eliminarlo", haciendo referencia a los militantes y dirigentes sociales y políticos progresistas.
En otro tramo, Catalani afirmó que se pretendió "el debilitamiento sistemático" de las víctimas y que existieron "acciones permanentes del aparato de poder estatal destinados a eliminar a un grupo y todo tipo de evidencias de lo que estaban haciendo".
"Los subversivos eran dirigentes políticos, gremiales y religiosos que militaban por un país distinto, y eran los que estaban incluidos en el grupo a eliminar, de acuerdo a la referencia negativa del proceso", siguió.
Además, manifestó que las víctimas fueron "seleccionadas a partir de un sistema de información organizado" y advirtió "la conexión sistemática en toda la provincia, el país y el continente para ejecutar el Plan Cóndor".
Catalani participa de las querellas que representan a Raquel Barabaschi, Graciela Bertón, Rafael Guardia, Juan Carlos Pumilla, Guillermo Quartucci, Elida Rodríguez, ya fallecida, y el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, el Partido Comunista y la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).
En el debate se investigan 234 casos que quedaron afuera del primer juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura en la provincia entre 1975 y 1983. Son casos de detenciones ilegales en distintas localidades, seguidas por el cautiverio y aplicación de tormentos y vejaciones a las víctimas en centros clandestinos de detención. Los ex policías y ex militares están acusados de conformar una asociación ilícita, para poner en funcionamiento el plan represivo.

"El factor miedo".
"Se construyó la imagen de un delincuente subversivo durante un tiempo para después eliminarlo", señaló el abogado, diciendo que "eso se pudo ver en el Manuel de Operaciones Psicológicas del Ejército" que se aplicó en el 76, donde se planteaba la necesidad de modificar "conductas en los públicos, apelando al factor miedo".
Sobre Oscar Yorio, secretario de Luis Enrique Baraldini, ex jefe de la Policía de la dictadura, agregó que "lo eligieron especialmente por sus cualidades por lo que entendían que debía hacer tareas especiales en la Policía. Tenía un rol preponderante en la represión en la pampa, no estaba ahí solo para hacer los mandados".

“Transfirieron órdenes”
El abogado Juan Resia dijo que “hay responsables de la represión ilegal en La Pampa que ostentaban jerarquías superiores en el Ejército y en la Policía e impartían órdenes para llevar adelante el plan represivo”, al argumentar sobre la responsabilidad penal de los imputados y la autoría mediata como encuadre legal.
En ese sentido, acusó al ex jefe policial Luis Enrique Baraldini y al ex secretario general de la Gobernación, el ex militar Néstor Greppi, porque “fueron los que se valieron del aparato organizado de poder, y transfirieron las órdenes para que se cometan los delitos”.
Por otro lado, señaló que “se asaltó el poder y se dejó a un país huérfano de Constitución”, que “hubo un aparato que se apartó del Estado, y creó sus propias normas, el derecho penal del enemigo, precisamente se inventa un enemigo y se le aplica ese derecho que surge desde la fuerza y no desde el voto popular”.

Baraldini no estuvo
El acusado Luis Enrique Baraldini no estuvo ayer en la audiencia por cuestiones médicas -tenía un cuadro de cefalea e hipertensión-, según informó la secretaria del TOF, Alina Trento, pero la querella planteó dudas y pidió que se verifique su presencia en el hospital Lucio Molas. Esa situación que habilitó el tribunal generó la suspensión por más de una hora de la audiencia, que luego se reanudó cuando se confirmó que Baraldini fue atendido en la guardia del centro asistencial y quedó internado. El querellante Franco Catalani dijo que "esto sorprende porque todo el mundo sabe que el certificado debe ser presentado antes de la audiencia".