Ex empleado confesó y devolverá $29.000

Los abogados que patrocinan a Angel Marana, el ex empleado municipal acusado de imprimir y vender tarjetas de estacionamiento medido apócrifas, pidieron la suspensión del juicio a prueba, más conocida como "probation". Se trata de un mecanismo judicial que permite al imputado declarase culpable a cambio de recibir una pena de uno a tres años, es decir, que no implica la cárcel.
"Es casi un derecho que tienen las personas que cometen un delito de este tipo y no tienen antecedentes", explicaron a este diario fuentes judiciales. Las mismas dieron casi por hecho que la semana próxima, cuando se realice la audiencia, el juez o la jueza de control darán su aprobación para que el caso se resuelva por esa vía. Los abogados defensores ofrecieron también que Marana devuelva una suma de dinero equivalente a la que se privó de percibir al municipio, con la maniobra defraudatoria.

Más de tres mil.
El viernes, la Municipalidad de Santa Rosa presentó ante la Justicia las tarjetas "truchas" que los vecinos y vecinas de la ciudad llevaron a la Tesorería para canjearlas por las verdaderas. En total, la comuna recibió 3 mil tarjetas apócrifas, las cuales se suman a las 618 que la Policía de La Pampa secuestró durante los operativos que realizó en los distintos comercios céntricos que venden las tarjetas.
Cabe recordar que las tarjetas de estacionamiento se venden a los comercios a ocho pesos. Luego, estos las venden al público a 10 pesos. Al imprimir tarjetas truchas y mecharlas entre las verdaderas, Marana se quedaba con los ocho pesos correspondientes a la venta de cada una de las truchas, mientras que rendía con normalidad las que retiraba del municipio.
La fiscalía multiplicó por 8 pesos las 3.618 tarjetas "truchas", entre las devueltas por los usuarios al municipio y las secuestradas en los operativos, y pudo comprobar una defraudación que rondó los 29 mil pesos. Esa cifra, o una cercana, sería la que Marana debería reintegrar como parte de la "probation" que solicitó a la Justicia.

El caso.
El acusado trabajaba en la comuna local a través de un contrato de Resolución 247/93, el cual se renovaba mensualmente. Al descubrirse la maniobra, las autoridades decidieron no renovarle el contrato y quedó desvinculado del municipio. La Fiscalía de Delitos Económicos y Contra la Administración Pública lo formalizó a mediados de este mes como autor de los delitos de "Uso de instrumento privado falsificado" y de "Defraudación contra la administración pública". Estos delitos tienen una pena que va de uno a seis años de prisión.
Durante la investigación la Justicia secuestró un total de 618 tarjetas, causando un perjuicio económico a la comuna cercano a los 5.000 pesos. Sumado a esto, el municipio tuvo que retirar de circulación las tarjetas que se habían extendido a los 70 locales habilitados para su venta; y durante 15 días no se levantaron infracciones por la falta de las tarjetas para estacionamiento medido. La medida dispuesta por la Municipalidad dejó de regir el 15 de agosto.
La investigación por el fraude con las tarjetas de estacionamiento inició a fines del mes de julio; cuando la Policía realizó una serie de procedimientos en comercios del centro capitalino, en los cuales se expenden las tarjetas que los automovilistas deben adquirir para aparcar en las zonas de estacionamiento medido sin ser multados.