Formalizan a ex empleada de la cooperativa agrícola

La jueza de control piquense, Jimena Cardoso, le formalizó ayer a la mañana la Investigación Fiscal Preparatoria a Delia Amalia González Miranda, por la presunta comisión del delito de Administración Fraudulenta en tres hechos, en perjuicio de la Cooperativa Agrícola de Embajador Martini en la cual se desempeñaba como empleada administrativa. El hecho fue denunciado en diciembre pasado por Rubén Hecker, apoderado de la entidad.
La ex empleada es investigada por el faltante de una suma de 751 mil pesos, de la que se habría apoderado tras más de doscientas sustracciones, perpetradas durante el plazo de dos años.
González Miranda, de 32 años, se desempeñó durante los últimos seis años como administradora de las cuentas de la Cooperativa de Embajador Martini, y está sospechada de haber sustraído la suma de 751.450 pesos por intermedio de tres modalidades diferentes. En 14 oportunidades habría girado fondos de la entidad a su cuenta personal, por un total de 67 mil pesos, eliminando de los registros informáticos, tales movimientos.
Además, en 90 ocasiones habría retirado dinero en efectivo o cheques de la caja, con la consiguiente eliminación de esos movimientos de los registros contables o con la generación de gastos de la cooperativa para justificar el faltante.
También se presume que generó créditos a su favor por una cifra de 444 mil pesos, mediante la confección de asientos contables que no se correspondían con una operación real.

Formalización.
Ayer a la mañana en los tribunales de esta ciudad, la sospechosa fue sometida a la audiencia de formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria, en la cual el fiscal general Armando Agüero pidió que se le iniciara una causa por la figura de Administración Fraudulenta, en tres hechos.
En el mismo sentido, el investigador señaló que los hechos fueron denunciados por el apoderado de la cooperativa, a la vez que detalló las maniobras a través de las cuales la sospechosa se habría hecho de 751 mil pesos que pertenecían a la entidad cooperativista. Al dar cuenta de las modalidades usadas por González Miranda, detalló las cifras sustraídas a partir de cada una de ellas.
A su turno, el defensor privado Fernando David Guevara no se opuso al pedido de la Fiscalía, y la jueza le inició una investigación por el delito de Administración Fraudulenta como delito continuado, en tres hechos.
Durante esta investigación se requirió información de las cuentas bancarias de la cooperativa y se ordenó una pericia, a través de la cual se determinaron las maniobras utilizadas para la sustracción de los fondos.