“Genera inseguridad”

TELEFONIA MOVIL POR DECRETO

El legislador y candidato a gobernador de La Pampa por el PJ, Sergio Ziliotto, rechazó el intento de reglamentar vía decreto la ampliación del espectro de frecuencia para 4G en el país. “Es una medida inconsulta que genera inseguridad jurídica porque es una potestad del Congreso y no del Ejecutivo Nacional”, señaló.
Las grandes empresas de telecomunicaciones vienen presionando para tener disponibilidad de las frecuencias que actualmente están en poder de Arsat, tal como fue reglamentado por Ley. Recientemente, y en el marco de la conferencia Mobile 360 Series, Carlos Moltini, CEO de Telecom, y Julio Carlos Porras, CEO de Claro Argentina, Paraguay y Uruguay, reclamaron para sus empresas más espectro.
Desde que se estancó la llamada “Ley Corta” en Diputados, a la que Ziliotto se opuso en la comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados, el Ejecutivo Nacional insiste con modificar el escenario de las comunicaciones vía DNU. “No descarto que se vaya a un decreto”, reconoció a el iProfesional Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete del Gobierno Nacional. “Habrá decreto para espectro, salvo que acordemos políticamente”, agregó el funcionario.

Espectro.
Si bien el legislador pampeano reconoció la necesidad de ampliar el espectro y que es una demanda de las grandes, de las medianas y pequeñas operadoras de telefonía, “el marco es el Congreso y no los DNU”, afirmó. “Este tipo de medidas genera más inseguridad jurídica”, agregó el legislador quien también dijo que la ampliación de espectro no es una atribución del Gobierno Nacional: “La atribución de espectro es una potestad del Congreso de la Nación y es incorrecto e inconveniente que el Ejecutivo se arrogue ese derecho, sobre todo para un tema estratégico para el desarrollo de un país”.
En tanto, Ziliotto señaló que “las comunicaciones son un recurso estratégico y el rol de Arsat y las provincias son fundamentales”. También, dijo que “en los últimos años las empresas estatales provinciales, las cooperativas y las pymes son sistemáticamente marginadas. Si hay un decreto se vulnera nuevamente el federalismo en el país y tendría problemas de constitucionalidad porque atribuir bandas de frecuencia a las empresas de telefonía móvil es potestad del Congreso”.