"Hay persecución usando brazo judicial"

"La judicialización de la política como fenómeno socio-jurídico, se agudiza porque el sistema político representado por el Gobierno, ya no es capaz de legitimarse a sí mismo y superar la crisis económica y social", sostuvo Ricardo Víctor Cheli. El profesional analizó la cuestión y razonó que esa visión -alentada por cierta prensa- transferida a los ciudadanos "resulta corrosiva para el estado de derecho democrático". En diálogo con LA ARENA señaló que la independencia del Poder Judicial sólo podrá ser alcanzada "con una decisión popular mayoritaria que determine una reforma constitucional que más temprano que tarde habrá de llegar".

-Algunos diarios se refieren en grandes titulares a la politización de la Justicia.
-Sí, en estos días la prensa está invadida de titulares y portadas que hablan con mucha consecuencia de la politización de la Justicia y de la judicialización de la política, entendiendo por tales expresiones a situaciones opuestas pero como si se tratasen de dos caras de la misma moneda semejando a la Diosa Temis, con su venda semi caída y la balanza inclinada. Esta visión de cierta prensa que se transfiere a los ciudadanos, resulta corrosiva para el estado de derecho democrático, tanto cuando tratan sobre la influencia de los funcionarios del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, como cuando sus magistrados interfieren en la actividad propia de aquellos o la sustituyen cayendo en lo que se conoce como el gobierno de los jueces.
-¿Y la realidad cuál sería?
-Entiendo que esa interpretación, es un verdadero sofisma, pues ninguna de esas definiciones se corresponden con la realidad conceptual del tema -al menos en nuestro país- y lo que se visualiza contribuye a que se fecunde un consenso nacional sobre que la justicia hoy atraviesa una profunda crisis, lo que es cierto en gran medida. La verdadera antítesis no es la mencionada, sino la que se da entre la "partidización de la Justicia", que no es lo mismo que su "politización" y la judicialización de la política.
-Hay que convenir que no todos los poderes del Estado tienen el mismo peso.
-Se puede recordar que históricamente el Poder Judicial constituyó el flanco más débil de la división de poderes y estuvo casi en su totalidad cooptado por los poderes ejecutivos nacional y provinciales, jugando un papel de legalizador de decisiones de los otros poderes del gobierno de turno, con un manifiesto grado de ineficiencia en relación con su rol institucional.
-¿Debe considerarse espuria la politización de la justicia?
-Cuando se habla de la necesidad de politización de la Justicia, se funda en que sus operadores en un Estado no pueden estar ajenos y menos aún considerarse exorbitados de la Nación a la que pertenecen, porque el Poder Judicial es también parte del Gobierno y sus decisiones deben estar cargadas de contenido político -no partidario- con fallos que respondan a los intereses de propios de la misma en el marco del modelo jurídico de la Constitución que regula a la sociedad y determina las funciones de cada poder.
-¿Y qué hay que pensar entonces?
-Creo que plantear el tema de la politización de la Justicia como algo espurio, sería una falacia, ya que quienes la componen son seres humanos, miembros de la polis nacional la integran con el conjunto de su pueblo. Suponerlos como individuos asépticos políticamente y extraños a esa entidad, sólo favorece a alejarlos de la Justicia, como valor y de la imprescindible confianza y seguridad que sus fallos deben generar.
-¿Y cómo juega eso en un estado de derecho?
-Este concepto de politización de la Justicia fortalece el Estado de derecho democrático, porque no impide que sus magistrados utilicen en sus decisiones los principios de racionalidad jurídica, con métodos interpretativos preestablecidos en la Constitución y las leyes. Creer lo contrario anquilosa el sistema y transforma al Poder Judicial como un órgano burocrático más.
-¿Pasa en toda la Justicia?
-Cabe reconocer que no todos los tribunales, jueces, fiscales y defensores oficiales quedan incluidos en esta caracterización, ya que no olvidamos, ni desconocemos, el protagonismo alcanzados por los encargados del juzgamiento y castigo a las violaciones a los derechos humanos junto a la creación de nuevas instituciones judiciales para la defensa de los derechos ciudadanos.
-Pero no siempre se utiliza bien, porque vemos que a veces la Justicia avala decisiones del gobierno de turno, o acalla denuncias en su contra.
-El fenómeno que hoy se visualiza con gran vigor es la "judicialización de la política", que no sólo se concreta en defender las medidas de la gestión del poder administrador de turno o para acallar denuncias de corrupción en su contra, sino -como hoy se observa en parte de la Justicia Federal- la misma luce operando para criminalizar la disidencia, escarmentar al opositor, exacerbar las denuncias de corrupción generando verdaderos shows mediáticos, todo lo que puede sintetizarse como persecución política usando el brazo judicial.
-Hay una gran mediatización.
-Sí, eso les asegura a esos magistrados que luzcan en las pantallas como factores del bien común sostenidos mediante la manipulación de grandes audiencias que les facilitan los poderosos medios hegemónicos de prensa que dan a conocer profusamente y durante largo tiempo el desempeño de los mismos en grado de hipótesis delictivas, desarrollando al mismo tiempo juicios paralelos virtuales, con la participación de panelistas abogados, defensores, víctimas y políticos.
-¿Y qué se puede hacer para cambiar este estado de cosas?
-Muchas medidas son necesarias. Pero decir en primer lugar que en las carreras de derecho que preparan abogados que mañana serán jueces, como también en todas las demás carreras profesionales, la mirada de las distintas asignaturas debe tener un profundo sentido social y de defensa de la soberanía nacional.
-¿Qué perfil tiene hoy la carrera de Abogacía?
-Predomina el estudio de lo que se llama el análisis económico del derecho y del derecho económico desde la perspectiva empresarial, donde el sujeto queda sometido al objeto, que no es otro que la renta y por ende cuando se llega a un juicio, se pierde el equilibrio entre el poderoso económico y el más débil que siempre resulta el más perjudicado, llámese trabajador, asegurado, el deudor, la víctima, etcétera. Esto, cabe decirlo, sólo ha sido parcialmente menguado con la legislación vinculada a la defensa de los derechos del consumidor o usuario, pero no ha quebrado la dicotomía de desigualdad de trato entre ricos y pobres en la decisión de sus casos.
-¿Qué otras medidas serían necesarias?
-Otra deberá ser la elección popular de la mayoría de los miembros de los Consejos de la Magistratura que seleccionan a los jueces, fiscales y defensores y la tercera, la revalidación periódica de los cargos de magistrados judiciales.

"Macri profundizó la crisis".
El abogado Ricardo Cheli reflexionó sobre la coyuntura, señalando que "no se nos oculta que la judicialización de la política como fenómeno socio-jurídico, se agudiza porque el sistema representado por el Gobierno, ya no es capaz de legitimarse a sí mismo y superar la crisis económica y social que afecta a la gran mayoría de los gobernados".
Agregó que "limitando el poder de los tribunales se opera políticamente a través del mismo y se recurre o bien a la selección de magistrados y jueces que responden a su padrinazgo político". Recordó que así lo dijo el propio Mauricio Macri, al expresar que buscaría "otros jueces que representen al Gobierno procurando justicia 'a medida', o bien con chantajes o amenazas públicas de remoción que debilitan el poder individual de los funcionarios judiciales para defender los derechos constitucionales, tendencia que obviamente ataca las bases del sistema democrático al resentir el poder de los tribunales para limitar la acción arbitraria del Ejecutivo".
Opinó Cheli que "esos ilegítimos procedimientos, durante la actual gestión de Gobierno, han profundizado la crisis de la Justicia, porque concentró pre electoralmente una gran expectativa de cambio y de hipotético republicanismo. Pero lo real es que no cambió nada y para peor de males con su accionar, extiende un negro nubarrón sobre todo el actuar judicial, inclusive más allá de las fronteras de los Tribunales de Comodoro Py".
El profesional sostuvo que "la despartidización del Poder Judicial y su politización en el marco de un proyecto que atienda y proteja los altos intereses nacionales, es una propuesta que difícilmente los gobiernos pos-neoliberales de turno concederán, porque lo único que tratan es de consolidar la dependencia de Justicia a sus propios intereses sectoriales elitistas".
Finalmente indicó que algunos constitucionalistas "hacen notar que en América Latina hoy estamos en presencia de poderes Ejecutivos que para no perder poder, controlan los otros poderes por medios no siempre legítimos. De allí que los ciudadanos se pregunten si algún gobierno se animará a dar el primer paso y qué es necesario hacer para lograrlo".

Reforma constitucional.
Ricardo Cheli señaló que "la independencia y la politización del Poder Judicial en el sentido indicado" no será una concesión del poder de turno. Manifestó que "sólo será una conquista que se alcanzará con una decisión popular mayoritaria que determine una reforma constitucional que más temprano que tarde, habrá de llegar".
Admitió que no obstante no será fácil porque "estamos conscientes que se está pidiendo la desconcentración de un poder muy concentrado y corporativo como el judicial y para peor en profunda crisis de credibilidad social, inserto además en un sistema hiper presidencialista que expandió su poder a costa de los otros poderes, y que usa las viejas estructuras que siempre han bloqueado las nuevas propuestas y que siguen operando".