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Hijos de funcionarios ocupan cupo de los CDI

DENUNCIA DE ATE EN GENERAL ACHA

(General Acha) – La secretaria de la seccional local de ATE, Norma Ojeda, advirtió que si las tres docentes que fueron despedidas del Centro de Desarrollo Infantil «Amuyén», no son reincorporadas a su lugar de trabajo, pedirá la renuncia de su responsable María Bertha Mercado.
La dirigente gremial denunció varias situaciones que se vienen registrando desde que Mercado asumió la dirección del CDI en abril del año pasado. En ese sentido informó que hubo maltrato psicológico hacia las docentes, incluso delante de los niños y niñas que asisten allí.
Aseguró que este tipo de situaciones nunca fueron dadas a conocer por las maestras porque tenían miedo de perder su trabajo. En este caso se trata de tres docentes contratadas y monotributistas, lo que a criterio de Ojeda, no dejan de ser «trabajadoras precarizadas».
La gremialista explicó que el problema se produjo porque las docentes firmaron un acta en disconformidad, debido a que no estaban de acuerdo a la reestructuración pedagógica que se impulsaba desde la dirección del CDI.
«Simplemente dejaron constancia sobre su desacuerdo a esos cambios, porque entienden que no se pueden aplicar a los niños que asisten, ya que tienen entre 45 días a 3 años. Lo que de ninguna manera significó que se negaran a trabajar o cumplir con tales reestructuraciones», aclaró en diálogo con LA ARENA.
Esa acta se redactó el 17 de diciembre, y fue rubricada por todo el personal docente que cumple funciones en el CDI, inclusive la directora. Hace unos días fueron notificadas que a partir de fin de mes perdían su fuente de trabajo.

Inhumano.
Ojeda calificó como «inhumano» el hecho que se haya despedido a una docente embarazada, por ese motivo se peticiona su inmediata reincorporación. Indicó que se trata de Paola Berot mientras que las otras trabajadores cesanteadas son Patricia Alcoba y Dalila Canay.
«Realmente me sorprende lo que hizo el ejecutivo, porque primero le renuevan el contrato, luego le dan vacaciones, y después las notifican sobre el despido», acentuó.
La sindicalista manifestó que la reunión mantenida recientemente con el concejo deliberante posibilitó que sus integrantes pudiesen interiorizarse sobre los hechos graves que vienen sucediendo en el CDI. En la ocasión, asistieron funcionarios del ejecutivo municipal y UPCN, que también acompaña el reclamo. «No supieron decirnos por qué las despidieron», afirmó.

Discriminación.
«Hasta existe discriminación porque hay tres salas: una elite, otra para clase media, y una para pobres. Esto deja mucha que desear», añadió.
Aseguró que los concejales se comprometieron en reunirse con la intendenta María Julia Arrarás para solicitarle que revea la decisión. No obstante ello, ya pidieron informes sobre las inscripciones del 2018 y las de este período.
Recordó que las anteriores directoras del CDI tenían comisión de servicio. Situación, que no ocurre con Mercado. «Hace poco tomé conocimiento que desde el Ministerio de Educación se comunicó a la intendenta que Mercado no estaba apta para acceder a una comisión de servicio. Si esto es así, no puede seguir en el cargo», sostuvo Ojeda, al mismo tiempo que adelantó que lo corroborará ante esa cartera provincial.

«Sin ética».
Ojeda no se guardó nada, y cuestionó el obrar del secretario de gobierno Ariel Segurado. En ese sentido opinó que «Segurado no puede decir nada porque tuvo a sus hijas en el jardín maternal, a pesar que percibe un muy buen sueldo como funcionario municipal. No fue ético lo que hizo».
Más allá que aclaró que no tiene nada con nadie en particular, sí considera que en el CDI debe haber un orden de prioridad para poder inscribir a los niños. «Creo que primero debe dársele lugar a aquellos padres que no pueden pagar una niñera o un jardín maternal privado», agregó.
Mencionó un caso que sucedió cuando dos empleadas (jornales) tuvieron que asistir a su lugar de trabajo con sus hijos, porque no pudieron mandarlos al CDI de la comuna debido a que no había lugar. «Después me entero que había chicos que iban cuando sus padres están bien económicamente. Todos tienen derecho a acceder al centro, pero debe haber prioridades en función de la particularidad de cada caso», remarcó.