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Iniciaron una nueva causa por escándalo

El fiscal Marcelo Romero Jardín, quien tiene a su cargo la causa por el robo al juez Onildo Stemphelet en una casa de citas de Villa Soldati, confirmó esta semana a medios bahienses que inició una nueva investigación por presuntas irregularidades en el procedimiento, que «fue extraño desde el inicio».
«En un principio se trata de un supuesto hurto, pero fui viendo algunos detalles que me llamaban la atención, algunas probables violaciones de derechos constitucionales y decidí formar esta segunda causa», explicó el fiscal en diálogo con LU2.
Romero Jardín confesó que la primera irregularidad que notó fue que no se le dé intervención a la Fiscalía. «No se dio intervención a la fiscalía en turno, eso es lo primero que me llamó la atención. Se trataba de un presunto hurto y tenía que intervenir la fiscalía a mi cargo o bien la fiscalía de flagrancia si el delito era flagrante», comentó. Según explicó a LU2 (nota que luego fue replicada por La Nueva), se remitió un acta al Juzgado Correcional Nº 4 y es la jueza María Laura Pintos la que da intervención a su fiscalía para que comience a tramitar la causa.

Robo y suspensión.
El pasado jueves 13 trascendió que el juez de Ejecución Penal N° 2, Onildo Stemphelet, denunció que le habían robado varios elementos tras una visita a una casa de citas y la Suprema Corte decidió suspenderlo por 90 días.
Romero Jardín explicó cuál fue el trabajo que realizó el personal policial una vez presente en el lugar y detalló que no se le dio intervención al organismo correspondiente. «En el lugar se labra el acta, se hace un parte policial y se da intervención al Juzgado Correccional Nº 4 por una supuesta infracción a la Ley 8.031 por ejercicio de la prostitución, cuestión que ya está derogada, y además se deja constancia de que se da intervención a la UFIJ Nº 14 y se mantiene comunicación para pedir instrucciones con la instructora, una cuestión que ahora vamos a dilucidar con un informe, pero no se le da intervención al organismo que debía intervenir por el hurto, a mi instructor judicial, quien debía impartir las instrucciones», aclaró.
El fiscal hizo referencia a los allanamientos efectuados en la casa de citas y explicó que «el domicilio es inviolable por el artículo 18 de nuestra Constitución y el Código Procesal Penal es el que reglamenta en qué casos y con qué elementos el juez va a autorizar el ingreso a la morada». En cuanto a Stemphelet, Romero Jardín dijo que «por la condición de magistrado su situación es complicada». Si bien no hay imputaciones en su contra, existen actuaciones administrativas que tramita la Suprema Corte.