Inició juicio por disputa de lotes

UN PUESTERO REPELIO A TIROS LO QUE CONSIDERA UNA INTROMISION A SU CAMPO

En la Ciudad Judicial comenzó ayer el juicio oral y público que se sigue contra Juan Alberto Lara (57) -puestero de la zona de 25 de Mayo-, acusado de dispararle a Alberto José Cholino (64), gerente de una minera que opera en la región, presuntamente porque los operarios de esa compañía le invaden su propiedad.
El acusado, quien ayer se negó a declarar ante el juez de Audiencia Gastón Boulenaz, vivió desde sus primeros años en un lote cercano a la localidad ribereña que explota con producción agropecuaria; y al parecer cansado de la intromisión de máquinas, camiones y operarios -que entorpecerían sus tareas rurales-, tuvo un incidente con el mencionado Cholino.
La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego -artículo 19 y 41 bis y 42 en concurso real, y artículo 55 y 189 bis (portación de arma de guerra sin debida autorización)-; y fue sustanciada por el fiscal Juan Bautista Méndez (de la IV Circunscripción Judicial).
El puestero es defendido por la letrada particular Vanessa Ranocchia Ongaro, y el gerente de la empresa minera -en calidad de querellante- es representado por el abogado Mario Aguerrido.

El incidente.
El incidente, que llevó a la sustanciación del juicio se inició la tarde del 3 de noviembre de 2015, alrededor de las 15,45, cuando Lara se encontró con un grupo de gente que se hallaba en el predio que explota desde hace más de 50 años. Hubo una discusión y el puestero extrajo un arma con la que le disparó a Cholino, causándole una herida en el abdomen que derivó en su internación. De inmediato, Juan Alberto Lara se dirigió a 25 de Mayo, donde se entregó a la Policía.
Después que se leyera la acusación por parte del juez Gastón Boulenaz; la abogada defensora de Lara manifestó su disenso con la calificación del Ministerio Público Fiscal, y pidió que se considerara el caso como “legítima defensa” (artículo 34 inciso 6º del Código Penal) y se procediera a la absolución de su representado. Planteó que subsidiaria “y eventualmente” se lo calificara como “abuso de armas” (artículo 104 CP).
El imputado, en el banquillo y frente al juez se acogió a su derecho de no declarar “por ahora”, aunque señaló que tenía 57 años, y que “siempre” había vivido con su familia en el predio que antes había explotado su padre. Dijo que sólo había concurrido a la escuela hasta 2 grado, y que no sabía leer y escribir.

Puja de intereses.
La abogada señaló que “se trata de un viejo conflicto, una puja de intereses sobre las posibilidades de uso del predio. Es decir de parte del lote 20 y de todo el lote 19 que conforman el establecimiento rural ‘La Mariposa’ que la familia Lara se encuentra trabajando desde hace más de 50 años”.
El conflicto, básicamente estribaría en determinar los derechos de uno y otro sobre el lugar. Según Ranocchia, Cholino sabía que los Lara (primero el padre y luego el hijo) estaban en ese lugar, en el lote 19, desde antes de que él comenzara con la explotación de la mina, pero nunca respetó esa circunstancia, “siempre subestimó y hasta ha pretendido desconocer la condición de poseedor de esas tierras por parte de Lara. Y eso le ha servido de excusa tanto para no acordar un derecho de servidumbre de paso como para manejarse con arbitrariedad”.

Una versión del hecho.
Agregó que cuando Lara advirtió la presencia de camiones, máquinas y operarios -que frecuentemente pasaban por el predio-, pidió hablar con Cholino, al que dijo no conocer. Así fue que del grupo de hombres salió el gerente de la minera -“de modo amenazante”, expresó-, quien le habría dicho al puestero que no tenía “nada que hacer” allí. Indicó la abogada que hubo improperios mientras Cholino avanzaba hacia Lara, con otros cinco hombres que iban por detrás “en actitud hostil”. Allí Lara habría exhibido el arma -un revólver calibre 32- “para frenar esa marcha”, y al advertir que no se detenían y que “la agresión era inminente” fue que disparó, impactando en Cholino, tras lo cual el hombre se subió a su camioneta y se marchó a entregarse a la Policía en 25 de Mayo.
Después el gerente de la minera fue quien se sentó frente al juez, y ofreció su versión sobre el suceso, que obviamente difirió de las expresiones del puestero.
Otros siete testigos desfilaron ayer por el juzgado, y hoy habrá una nueva ronda de testimonios.

¿Por qué no en 25 de Mayo?
Lo curioso es que los protagonistas del incidente, y también los testigos, son todos de la zona rural de 25 de Mayo. Por eso no deja de llamar la atención que -como sucedió en alguna otra oportunidad-, el juicio no fuera dispuesto en aquella localidad. Es fácil advertir que la distancia con la capital provincial les dificulte de gran manera estar presentes en las audiencias que, según se conoce, serán al menos tres. ¿Era tan complicado para las autoridades judiciales disponer una medida que sí sería -verdaderamente- acercar la Justicia a los ciudadanos?