“Insisten en que el río les pertenece”

LA FUCHAD RECIBIO RESPUESTA DE MENDOZA POR PORTEZUELO DEL VIENTO

“Mendoza insiste en la provincialización del río y en señalar que el río les pertenece a ellos, es algo inaceptable”. La Fundación Chadileuvú respondió de esa manera a los argumentos que dio el gobernador de esa provincia, Alfredo Cornejo, para la construcción de la obra de Portezuelo del Viento, sobre el río Grande, que pertenece a la cuenca del Colorado.
Los referentes de la Fuchad, junto al diputado provincial Martín Berhongaray (Frepam), ofrecieron ayer por la mañana una conferencia de prensa en la cual dieron los detalles de la respuesta de Mendoza a la carta documento que esa ONG había enviado a la gobernación para conocer los detalles de Portezuelo, una obra que tiene la férrea oposición de La Pampa.
“Lo que sostiene Mendoza en esta respuesta que enviaron es que no fueron notificados de la demanda que promovió la Fuchad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que cuando lo sea, rechazarán el planteo porque entienden que lo actuado por la provincia de Mendoza se ajusta a la legalidad”, aseguró Berhongaray.
En otro punto de sus argumentos, los mendocinos “niegan haber incumplido la ley 25675, que es la ley general de Ambiente, y de haber cumplimentado los pasos y procedimientos establecidos por normativa, sobre todo el impacto ambiental y sostienen que la obra no se realiza con fondos nacionales, sino provinciales y que Nación solo interviene en su carácter de deudor”.
En ese punto, desde la Fundación se mostraron molestos porque Mendoza insiste con la postura de considerarse “dueña de los recursos naturales”.
“Ellos dicen que es una obra provincial, de dominio y de jurisdicción local y que no estará conectada al sistema interconectado nacional y que abastecerá al mercado local, y que Mendoza va a poder modificar esa situación en el futuro, es decir que Mendoza es soberana de alterar esta condición sin que afecte la jurisdicción local”, señaló el legislador radical.
Y añadió: “Creo que lo sustancioso es que por primera vez, de manera oficial, Mendoza da a conocer sus argumentos y entendemos que la carta documento refleja la posición histórica de las provincias originarias, que se creen dueñas absolutas de los recursos naturales ubicados en sus territorios y se consideran con el derecho de utilizarlos a su antojo, desentendiéndose de los perjuicios sociales, económicos y productivos que nos ocasionan a los que estamos aguas abajo, contraponiéndose en la visión federal que propone La Pampa, plasmada en la reforma constitucional de 1994”.

“Inaceptable”.
Alberto Goldberg, uno de los integrantes de la Fuchad, puso énfasis en la argumentación de Mendoza para llevar adelante la obra al tiempo que destacó la falta de un estudio ambiental en todo la cuenca.
“Hay un hecho que es muy significativo, y es la falta de proyecto de un dique compensador, ya que Portezuelo del Viento es un dique destinado a producir energía eléctrica, es decir que habrá un régimen de discontinuidad que impactará en toda la cuenca y por eso es necesario un dique regulador aguas abajo que mantenga la continuidad de la cuenca: esto no está proyectado en la obra y consideramos que si no hay un proyecto total, tampoco La Pampa la puede aceptar”.
En ese punto, desde la Fuchad resaltaron que “en líneas generales, Mendoza insiste en la provincialización del río y en señalar que el río les pertenece a ellos, con fundamentos de porqué, eso es algo que consideramos inaceptable y por eso queremos dar a conocer a la comunidad esta situación. Nosotros poníamos el énfasis en que faltaba un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca, ya que consideramos que los ríos no tienen secciones”.

Error.
En la conferencia, la Fuchad también recordó que La Pampa “ya incurrió el error de aceptar la CIAI, porque el Atuel no es inferior o superior, es uno solo y lo que pasa aguas arriba es un hecho que continúa aguas abajo. En el caso de Portezuelo del Viento, continúan en la tesitura de que los ríos son de ellos, a pesar de que son interprovinciales. Este es un problema de toda la Argentina”.
En ese sentido, desde la Fuchad pusieron como ejemplo “lo ocurrido en el río Desaguadero, donde se produjo una catástrofe ambiental que el país no tomó cuenta. En el caso del río Grande, pertenece a la cuenca del Colorado y por eso en la carta documento planteábamos un estudio de impacto ambiental a nivel de toda la cuenca. Pero esto no se realizó, sí un remedo de estudio de impacto que hizo la universidad de Santa Fe, y que fue con poca seriedad ya que no han estado en el terreno y consideramos que este estudio de impacto sigue sin hacerse y mientras no se haga, no es posible aceptar la realización de la obra”.

La respuesta mendocina
El apoderado del gobierno de Mendoza, Ricardo Canet, fue el encargado de responder la carta documento que la Fuchad remitió el 17 de diciembre y que fue rechazada por “improcedente”. También argumentó que la administración de Alfredo Cornejo no fue notificada del amparo ambiental que impulsó la ONG pampeana en la Corte Suprema.
Canet aseguró que “Mendoza ha cumplimentado la totalidad de los recaudos legales y procedimientos dispuestos por el artículo 41 de la Constitución Nacional, conforme a lo expresamente establecido en el acta nº 70 del Consejo de Gobierno de Coirco”. Asimismo, resalta que se realizó el estudio general de impacto ambiental “elaborado por la Universidad Nacional de Cuyo, el dictamen técnico efectuado por la Universidad Nacional Tecnológica; los dictámenes sectoriales y la correspondiente audiencia pública, finalizando con la emisión de la correspondiente declaración de impacto ambiental”.
También consideró que “la obra no se realiza con fondos nacionales, sino con fondos provinciales. La intervención de la Nación y las consecuencias que de ella derivan, se circunscriben a su condición de deudor de una deuda líquida y exigible, pero que en ningún caso modifican el origen ni la titularidad de los fondos, siendo la obra ejecutada por orden y cuenta de dichos fondos provinciales”.
Y agrega: “La obra no se encuentra interconectada al SADI, siendo facultad de la provincia interconectada al mercado provincial. Mendoza es soberana para mantener esta situación, o eventualmente variarla en el futuro, sin que esa potencialidad altere la jurisdicción local que surge del estatus jurídico existente”.

La respuesta va a la corte
La Fundación Chadileuvú adelantó en la conferencia de ayer que, por estas horas, enviará a todos los organismos la respuesta que dio Mendoza. Remitirá el escrito, que fue ayer repartido con copias a la prensa, a Coirco y también a la Corte Suprema de Justicia. Según el diputado Berhongaray, la demanda “ya estaría en manos de la jueza Elena Higton de Nolasco, que hará su análisis y luego lo remitirá al resto de los magistrados” que integran el máximo tribunal del país.