Inicio La Pampa Irá a la cárcel el empleado de Tránsito que robó $800.000

Irá a la cárcel el empleado de Tránsito que robó $800.000

GENERAL PICO

El Tribunal colegiado que presidió el juez de audiencia Marcelo Pagano, y que también conformaron los magistrados Florentino Rubio y Heber Pregno, condenó ayer a Leonardo Nicolás Godoy García (30), el cajero del área de Tránsito de la Municipalidad, que a lo largo de un año, sustrajo una suma de 800 mil pesos del dinero recaudado por la emisión de las licencias de conducir.
La Justicia piquense lo condenó a tres años de prisión de efectivo cumplimiento y le impuso una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlo autor material del delito de Peculado Doloso como delito continuado.
La sentencia fue dictada en el marco de un Acuerdo de Juicio Abreviado, que fue convenido por el fiscal general Armando Agüero; el propio imputado; su defensor particular Guillermo Allasia; y la apoderada del municipio, Valeria Malvicino, quien se constituyó como querellante particular.
Con las pruebas incorporadas al proceso, quedó acreditado que el imputado «se apoderó ilegítimamente de 805.690,50 pesos, pertenecientes a las arcas municipales que se vieron perjudicadas económicamente por el accionar del acusado».

Maniobras delictivas.
Godoy, en su carácter de empleado público dependiente de la Municipalidad de General Pico, desempeñándose en la caja de la Oficina de Tránsito, que se encuentra bajo la órbita de la Dirección de Prevención y Convivencia Ciudadana, sustrajo la suma de pesos 805 mil pesos en detrimento de la administración pública municipal, en el período comprendido entre agosto de 2017 y julio de este año. Para ello se valió de dos maniobras diferentes: la anulación de 216 recibos de pago realizados con motivo del trámite de otorgamiento de licencias de conducir, y así, percibió el dinero de tasas municipales por la emisión de las mencionadas licencias, siendo el responsable de cobrar dichos importes, incorporando al legajo de la licencia el recibo sellado por él mismo, para luego solicitar al área de Coordinación de Tecnologías de la Información, la anulación de esos recibos. La otra maniobra que utilizó, fue la destrucción o desaparición de 681 recibos de pago confeccionados de forma manual, es decir, sin usar el sistema informático contable del municipio. De esa manera, el dinero percibido, no ingresó nunca a las arcas municipales.

Denuncia municipal.
La causa se inició en agosto, a partir de una denuncia que hizo Luis Daratha (director de Prevención y Convivencia Ciudadana) por el faltante inicial de 112 mil pesos. Luego, de la revisión de los meses anteriores, surgió que la cifra había ascendido a 570 mil, y más tarde, auditado el período agosto 2017 – julio 2018, se supo que el desfalco había superado los 800 mil pesos.
Los peritos de la Procuración General, en el marco de la Investigación Fiscal Preparatoria, analizaron los cobros de la emisión de 12 mil licencias de conducir, de lo cual establecieron, que «los importes de 897 recibos, fueron apartados de la esfera pública».
En primera instancia, a Godoy se le formalizó la Investigación Fiscal Preparatoria y en una segunda audiencia, realizada a mediados de agosto, se le dictó la prisión preventiva por 30 días, dado que el faltante ya era considerablemente mayor y se había detectado una modalidad delictiva diferente a la anterior. Luego le sucedieron sendos reexámenes de la medida de coerción, y en el segundo, la jueza Jimena Cardoso le extendió la preventiva por 60 días. Sin embargo, a finales de septiembre, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) de la provincia, le otorgó la prisión domiciliaria, tras hacer lugar al recurso de impugnación presentado por el defensor Guillermo Alassia.

Responsabilidad de control.
El mes anterior, en el marco de la Audiencia de Ofrecimiento de Pruebas que coordinó el juez Carlos Pellegrino, las partes presentaron el Acuerdo de Juicio Abreviado, en el que convinieron la imposición de una pena de efectivo cumplimiento y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Para ello, se contó con el reconocimiento del hecho por parte de Godoy.
En las primeras etapas de la investigación, se les imputó el delito de Peculado Culposo a dos empleadas del área de Cómputos, quienes luego fueron sobreseidas, tras determinarse que no tenían ningún tipo de responsabilidad en el control de los pagos.
El caso llegó al Concejo Deliberante, donde el edil opositor de Cambiemos Frepam, Guillermo Coppo, presentó por un lado un proyecto de resolución para que se inhabilitara al secretario de Hacienda Ricardo Biglia, tras entender que era el responsable de los controles. Sin embargo el proyecto fue rechazado por mayoría.
El fiscal Agüero, aseguró que a partir de ahora comenzará otra investigación, con el objeto de determinar a qué área municipal le cabía llevar a cabo el control de la caja en la que se desempañaba Godoy.
«Es satisfactorio desde el punto de vista que logramos esclarecer la cuestión muy rápidamente y llegamos a una condena de efectivo cumplimiento para una persona que es primario, y con un delito que en principio tiene una escala penal que le hubiera permitido que fuera en suspenso, pero la gravedad del daño es tan importante que salió con una pena efectiva. Lo que sigue en adelante tiene que ver con la posibilidad de que hubiera alguna falla en quien debía tener el control de esa caja y sea una responsabilidad en los términos de un Peculado Culposo. Ahora se iniciará una etapa respecto de la investigación de que funcionario tenía la responsabilidad de custodiar esa caja. Es otra investigación, que tiene que ver con un incumplimiento en la labor del control», dijo.