Jalil: "Hay una pena de muerte no legalizada

Ya son 725 las muertes causadas por "gatillo fácil" o "desidia del Estado" en dos años de gestión del gobierno de Cambiemos. Así lo confirmó Ismael Jalil, abogado y referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en diálogo con Radio Noticias.
El abogado informó que ese es el número de defunciones que registró el informe de la Correpi en donde el Estado tuvo directa vinculación, ya sea porque la provocó o teniendo a la gente bajo su cuidado.
Jalil no dudó en denunciar que "estamos atravesando el pico más elevado en materia represiva desde la restauración de la democracia" y planteó: "nos gobierna un grupo dominante que utiliza una doctrina represiva como estrategia para instaurarse".
En la mañana del sábado, Jalil cuestionó la "nueva doctrina de seguridad" adoptada por el Gobierno Nacional y denunció las consecuencias de este tipo de medidas represivas del Estado.

Números.
El abogado brindó un impactante dato sobre el registro de muertes causadas por mecanismos como el "gatillo fácil" o decesos de personas que se encontraban bajo responsabilidad del Estado. Jalil expresó que el gobierno de Cambiemos "tiene el triste privilegio de ostentar el 13,27 por ciento de todos los casos registrados por el Correpi, en apenas 721 días de gestión. Es decir, 725 casos".
Casos como el de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel o, recientemente, el de Chocobar, reflejan cuál es la doctrina de seguridad que pregona el gobierno de Macri, comentó el entrevistado. También citó el caso de un joven preso que falleció deshidratado en un traslado de la cárcel con 40 grados en La Rioja. "Mueren cuando el Estado es el responsable de su cuidado" manifestó el abogado.

"Pena de muerte"
El referente planteó que con estos casos "la vida humana se reduce a la nada" y de esta forma "se demuestra la complicidad de ciertos sujetos que están en el gobierno". "Hay una pena de muerte no legalizada y subyace tácitamente en la calle, en los lugares de detención", declaró.
Jalil expresó su preocupación sobre este nueva "doctrina de seguridad", pues "si esta va a ser la forma en que el gobierno piensa resolver los problemas y las tensiones sociales, pues estamos en las puertas de una verdadera masacre social".

Medios.
El abogado explicó que en nuestro país existe hoy una "política del miedo" y un componente fascista en la población que impulsa el desarrollo de estos casos de violencia institucional.
A su vez, remarcó el papel que tienen los medios de comunicación en la generación del consenso que necesita la democracia para legitimar este tipo de acciones.
"Para que esta violencia y represión se ejerza se necesitan dos requisitos: una invisibilización de los casos y una naturalización de los mismos", sentenció.