miércoles, 23 octubre 2019
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La causa vuelve a La Pampa luego de más de una década

COIMAS DEL ACUEDUCTO

Con una breve resolución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reactivó una vieja causa judicial centrada en las coimas que presuntamente se pagaron durante la construcción del Acueducto del Río Colorado. Lo hizo al resolver qué fuero debe investigar el caso. Por unanimidad, los jueces ordenaron que sea la Justicia pampeana la que dilucide si, como determinó una auditoría interna, la empresa Skanska, asociada con la argentina Techint a los efectos de esta obra, pagó coimas a funcionarios pampeanos para terminar la obra que Victorio Américo Gualtieri dejó inconclusa.
La resolución de los jueces supremos fue breve y concisa: ordenó devolver al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 5 de Santa Rosa las actuaciones que ese órgano había remitido hace más de una década luego de considerar que no le correspondía llevar adelante la investigación.
El martes, los jueces Carlos Fernando Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti y Horacio Rosatti consideraron que la investigación pampeana había sido muy pobre como para determinar que el caso debía seguirse en la órbita federal y no en la provincial. Por eso, dispusieron que la Justicia pampeana retome el caso, avance con la investigación y determine posibles hechos y responsables. Un verdadero tirón de orejas a la Justicia pampeana.

Dictamen.
En su resolución del martes, los jueces superiores se limitaron a respaldar un dictamen que en mayo del año pasado emitió el procurador subrogante Eduardo Ezequial Casal, donde sugería regresar el expediente a La Pampa.
El dictamen de Casal deja mal parada a la Justicia pampeana, que de acuerdo a lo que se lee allí, se apuró a sacarse de encima un caso polémico y con derivaciones impensadas.
En uno de los párrafos medulares de su dictamen, Casal sostuvo: «A mi modo de ver, el presente conflicto de competencia no se halla precedido de la investigación suficiente como para que V.E. pueda ejercer las atribuciones que le confiere el artículo 24, inciso JO, del decreto-ley 1285158. En ese sentido, cabe consignar que las circunstancias invocadas por el magistrado declinante -que tendrían como punto de partida las transcripciones de conversaciones telefónicas anexadas a fojas 59/79- por sí solas tal como lo sostienen el fiscal y el juez federal (fojas 523/524 y 526/~30, respectivamente), no permiten inferir, en el estado embrionario en que se encuentra esta pesquisa, una coincidencia, ni aún parcial, entre ambas investigaciones, más todavía cuando sólo se vislumbra un difuso contexto fáctico de aquella iniciada en sede pampeana donde, transcurridos diez años desde la denuncia (fojas 12/13 y ratificación de fojas 14), ni siquiera se han determinado las mínimas circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrían acaecido los supuestos sobornos, ni tampoco se ha identificado a los presuntos funcionarios públicos, directivos de empresa u otras personas que, de una manera u otra, pudieran haber participado en ellas».
Las investigaciones a las que remite Casal son, por un lado la iniciada en nuestra provincia con foco en el Acueducto del Río Colorado, y una originada en Buenos Aires, de mayor alcance, que indagaba en todo un entramado de negocios poco claros con la obra pública. El juez pampeano que inició el expediente, se apuró a considerar que el caso local era una derivación de aquel y por eso correspondía a la órbita federal, argumento que la Corte acaba de desautorizar.
Casal consideró que «emana con suficiente nitidez de la resolución del gobierno de la provincia de La Pampa -del 18 de julio de 2001-; del contrato de fojas 96/97, fechado el 24 de junio de ese mismo año y del acta de recepción provisoria de las obras -que data del 30 de junio de 2005- (ver fojas 91195, 96/97 y 98/99, respectivamente) que, si bien, entre otras, resultó adjudicada la unión transitoria de empresas «S S.A.-T S.A.C.I», para la ejecución de los emprendimientos acordados con la «Comisión Técnica Acueducto Río Colorado», esa contratación -tal como lo señala específicamente el fiscal federal a fojas 524- habría tenido estricta naturaleza provincial, circunstancia que, sumada a los escasos elementos probatorios arrimados al legajo, impide formular a priori un juicio cierto acerca de la posibilidad de que el objeto procesal de esta causa se encuentre comprendido -como ya se dijo- en el de aquélla, de índole federal, tal como lo pretende el declinante».

Techint.
Aunque el tema se conoce como «Caso Skanska», la que aparece más comprometida es la firma argentina Techint, socia de la sueca a los efectos de varias grandes obras públicas. De hecho, fue una auditoría interna de la empresa Skanska la que abrió las sospechas de que sus socios argentinos no jugaban limpio.
Los audios de un auditor que llegó desde Suecia y entrevistó a varios gerentes locales hicieron estallar el caso y dispararon la polémica… y las causas judiciales.
Uno de esos audios involucraba directamente a nuestra provincia. Hablaba de unas valijas que venían a nuestra provincia en forma periódica y en algún momento mencionaba incluso al «gober».
Antes de la resolución de la CSJ, el tema se reactivó con el caso conocido como «Los cuadernos de la corrupción», una causa donde se investiga una redes de pagos ilegales en el marco de grandes obras públicas, sustentada en fotocopias de unos cuadernos cuya existencia está en duda.
De acuerdo a esos polémicos textos, el encargado de llevar el dinero de Techint al funcionario que recaudaba para el gobierno nacional de ese momento Roberto Baratta, era «Héctor», quien realizaba las entregas en el mismo edificio de Techint, en el barrio porteño de Retiro.