La Justicia Federal tomará declaraciones indagatorias

HAY 14 INVESTIGADOS POR "SUPRESION DE IDENTIDAD"

(General Pico) – La Justicia Federal de Santa Rosa, citó a catorce personas, muchas de ellas de General Pico, para tomarles declaración indagatoria en los próximos meses, en el marco de las causas que se tramitan por los delitos de supresión del estado civil, sustracción de menores de 10 años de edad, falsificación de documento destinado a acreditar la identidad y falsedad ideológica. Así lo confirmó en diálogo con LA ARENA, el abogado local Mariano Sánchez, quien patrocina a muchos de los querellantes en este proceso judicial que se inició hace varios años.
Las primeras citaciones están programadas para el 28 de agosto y el segundo grupo concurrirá el 4 de septiembre. El resto lo hará el 11 y 18 de ese mismo mes.
“Nos constituimos como querellantes junto a Raúl Quiroga, a raíz de las denuncias de sustracción de menores, sobre los médicos que a las madres cuando tenían familia, les decían que sus hijos habían nacido muertos y los vendían. La instrucción la lleva la Fiscalía del Juzgado Federal, y ahora notificó que les van a tomar declaración indagatoria a varios imputados de la causa. Estas declaraciones se van a tomar entre agosto y septiembre, y se los investiga por el delito de Supresión de estado civil que estipula una pena de entre 3 y 10 años. Al profesional que interviniera prevé una inhabilitación por el doble de tiempo. Además el artículo 146 refiere sobre la sustracción de menores de 10 años de edad, y es un delito que va entre de 5 y 15 años de prisión”, dijo. Además agregó: “Otros incurren en la falsificación de las partidas de nacimiento, porque figuraban como hijos biológicos de la madre que en realidad los había comprado”.

Prescripción de la causa.
El letrado piquense recordó que en su momento se analizó las prescripciones de las causas, dado que las adopciones se consumaron entre las décadas del 60 y 70. Sin embargo esto no ocurre, puesto que se trata de un delito de “ejecución continuada”.
“En su momento se investigaba la prescripción del delito, porque cualquier pena tiene un plazo que empieza a correr a partir de que se comete el mismo. Pero este delito de supresión del estado civil como el de sustracción de menores de diez años, es un delito de ejecución continuada y se entiende que se deja de cometer, cuando la persona adquiere su mayoría de edad o cuando tiene conocimiento de su verdadera identidad. Algunos fallos han entendido que como son delitos que tienen que ver con el estado civil de las personas, serían de lesa humanidad, por lo cual serían imprescriptibles”, indicó.

Roles e irregularidades.
Sánchez indicó que entre los citados, hay familiares de los querellantes, como así también profesionales médicos y otras personas que habrían estado ligadas a estas adopciones irregulares, y en este sentido subrayó que podrían “ser pasibles de recibir una condena penal”, aunque no irían a la cárcel, dado que son en su mayoría, personas de más de 70 años de edad.
“No son delitos menores que no tendrían la posibilidad de tener una excarcelación, pero por la edad de los imputados, que superan los 70 años, no tendrían una prisión efectiva, aunque si serían pasibles de una condena penal. En este caso, las madres que han sido parte, que han comprado a su hijo a sabiendas de que se hacía una falsificación de la partida de nacimiento, también son pasibles de una pena. Este accionar está tipificado en el artículo 139. Las madres sabían que no habían accedido a su hijo por un proceso legal de adopción, con actas de nacimiento que han sido falsificadas, porque han sido otorgadas días domingo. Los médicos incurrían en la sustracción de menores de diez años y había un plan, porque estos médicos vendían de antemano al futuro bebé. A las madres las internaban, las anestesiaban, a los bebes los vendían y a su madre biológica les decían que sus hijos habían nacido muertos”, finalizó.