La Justicia inhibió a Martínez y Costoya

Los presidentes de las comisiones de fomento y sus secretarios podrían ir entre dos y diez años presos si se comprueba la acusación de peculado que pesa sobre ellos en una mega causa que se tramita en la Justicia local tras la denuncia del Tribunal de Cuentas (TdeC) de la provincia por supuesta utilización de facturas apócrifas para justificar gastos de gestión. Además, a dos de ellos se les dictó la prisión preventiva aunque no irán presos por ahora a cambio de una serie de requisitos que se les impuso.
Los más complicados y la formalizados dos veces, la segunda el pasado viernes tras una ampliación de la denuncia por parte del TdeC, son los jefes comunales Manuel María Costoya y Hugo Martínez, respectivamente de Unanue y Loventuel, con cifras varias veces millonarias para justificar ante los estrados judiciales.
Una vez ya formalizados o notificados todos los denunciados, la presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia, María Alejandra Mac Allister, hizo público el cuadro con los nombres de las comisiones de fomento y los montos que llevaron a presentar la denuncia. La suma total asciende a los 18.466.765,71 pesos.
En ambos casos, los jueces de control de la primera circunscripción de la provincia, Nicolás Casagrande Lorences y Carlos Matías Chapalcaz, accedieron al pedido de la fiscalía general que ocupa Guillermo Sancho a dictar la prisión preventiva a los acusados. Sin embargo, se optó por una medida menos contundente traducida a la obligatoriedad de presentarse dos veces al mes ante la fiscalía, la prohibición de ausentarse de la provincia y la inhibición completa de sus bienes.
Peculado es la calificación provisoria de la acusación, que de acuerdo al Código Penal (artículo 261) tiene una sanción que va entre dos y diez años de cárcel.
De acuerdo a la ampliación de la denuncia por parte del Tribunal de Cuentas, al aparecer más facturas considerados "truchas", Costoya deberá responder por la suma de 4.959.284,29 pesos, mientras que en el caso de Martínez de Loventuel la suma ha trepado a los 7.020.393,69 pesos.

Otra formalización.
Por el momento, el otro jefe comunal ya formalizado es Roberto Kronemberger, titular de la Comisión de Fomento de Perú, que de acuerdo a la denuncia del TdeC ha presentado facturas dudosas por 633.700 pesos.
La primera "tanda" de comisiones de fomento denunciadas se completa con Rucanelo y La Reforma, la primera investigada por la circunscripción judicial con cabecera en Victorica y la restante en General Acha, en ambos casos por un reclamo de competencia presentado por los letrados defensores a los que accedió la fiscalía general.
Pablo Lázaro, al frente de Rucanelo, y su equipo deberán responder por una suma exacta de 3.558.893,60, la tercera cifra más abultada denunciada; mientras que Hugo Colado, jefe comunal de La Reforma, afronta 660.475,00 pesos, de acuerdo a la información oficial que ahora sí entregó el Tribunal de Cuentas.

Más investigaciones.
De las cinco comisiones mencionadas en la segunda "tanda" por la investigación del TdeC, todas han recibido la notificación de su situación y dos de ellas, Limay Mahuida y Chacharramendi ya han sido allanadas por disposición de la Justicia.
En el caso de Limay Mahuida, el caso por 237.615 pesos tiene como particularidad que luego de la notificación y el allanamiento, el titular de la comisión de fomento sufrió un infarto y debió ser intervenido en una clínica de esta capital donde le colocaron tres stents para sofocar su problema circulatorio que produjo del incidente cardíaco. Se recupera en forma favorable y vale aclarar que no se intenta vincular el estado de salud con esta investigación.
A Ariel Mauna, mandatario de Chacharramendi, se lo denunció por una suma de 783.094,13 pesos. Completan el reclamo a Adolfo Van Praet y su presidente, Mario Marcelo Vicente por 580.065 pesos y las comisiones de Colonia Santa María y Relmo, en ambos casos por una suma que alcanzaría a una única factura observada por las sumas respectivamente de 16.745 y 16.500 pesos, aunque la acusación es la misma para todas.

“Se ve que no nos creyeron”
Desde la Comisión de Fomento de Relmo confirmaron ayer a LA ARENA que el pasado viernes la Justicia notificó de la denuncia del Tribunal de Cuentas de la provincia por la sospecha de una boleta apócrifa en la rendición de un gasto.
“Es una factura del mes de mayo de 2017”, dijeron y que consideraron que “es lícita”. Desde el sector administrativo indicaron que “el Tribunal de Cuentas ya tuvo nuestra respuesta, la factura está en orden y así lo certificó el proveedor pero se ve que no nos creyeron”.
Presuntamente muy contrariado con la acusación que recae sobre su gestión, el presidente de la Comisión de Fomento, Néstor González, no quiso hablar del tema pero un allegado comentó que la noticia cayó “como un balde de agua fría” y mal porque “por un posible error nos ponen en la misma bolsa a todos”.
Dijo el vocero que dialogó con este diario que “no hay problema, tendremos que ir a la Justicia y demostrarlo. Para nosotros lo importante es que acá todos conocen cómo se trabaja y esa es la mayor tranquilidad”.
La denuncia a la Comisión de Fomento de Relmo es por la suma de 16.500 pesos, la más baja entre todas las comunas cuestionadas y ahora investigadas judicialmente.