La Pampa lideró el rechazo de las provincias al ajuste

El ministro de Hacienda pampeano, Ernesto Franco, estuvo en la reunión en la que participaron funcionarios nacionales y 18 ministros de Economía de provincias opositoras en Capital Federal. No hubo acuerdo en medio de una ardua negociación para que los gobernadores se hagan cargo de un ajuste de 100.000 millones de pesos en 2019, un tercio del recorte total previsto. El planteo del ministro pampeano de no recargar a los sectores menos pudientes con más ajuste, unificó la posición de todas las provincias argentinas que no son gobernadas por la alianza Cambiemos.
En una reunión de una hora y media en la Casa de Salta, los funcionarios nacionales insistieron con que las provincias deben recortar fuerte sus gastos y descartaron que vaya a modificarse el Consenso Fiscal. "Modificar el Consenso Fiscal sería un muy mal mensaje para el mundo", dijo a la prensa el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena. Según trascendió, una de las propuestas que será negociada la semana próxima consiste en que las provincias accedan en firma de crédito a 25.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para destinarlo a obra pública.
A su vez, se descartó que los estados provinciales cedan 5% de la coparticipación del IVA que reciben para que ese dinero vaya a financiar la Anses. Pena llegó al lugar acompañado por Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, y Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con Provincias.
"Tenemos que alcanzar un acuerdo para tener Presupuesto y poder llegar a la meta de déficit de 1,3% en 2019 y el equilibrio en 2020. Tenemos que ir por el lado del gasto, que en los últimos 70 años fue la piedra que nos empujó hacia los desequilibrios", dijo Caldarelli.
Los ministros provinciales, en tanto, plantearon la posibilidad de suspender por un año la baja de impuestos locales como Sellos e Ingresos Brutos, pero Caldarelli aclaró que "sería una mala señal dar de baja hoy algo firmado hace seis meses".
Si bien algunas provincias como La Pampa y Tucumán se mostraron disconformes, hubo un consenso generalizado respecto de que la eliminación del Fondo Federal Solidario (FoFeSo) no tiene marcha atrás.

Una voz fuerte.
La voz del ministro Franco fue una de las que se escuchó con fuerza el jueves en la Casa de Salta. Su postura de no perjudicar aún más a los pobres, tuvo fuerte apoyo.
En un contexto donde el resultado fiscal de las provincias resulta equilibrado a nivel agregado, en contraposición a la situación que transita el Estado Federal, a pesar de afrontar éstas la gran mayoría de las demandas sociales, los ministros plantearon que las provincias están dispuestas a contribuir con un esfuerzo adicional a paliar el déficit en tanto la reducción del déficit no se concentre solamente en el gasto, sino también en los recursos. Esto permitirá "distribuir equitativamente el esfuerzo entre todos los sectores de la sociedad", sostuvo el Ministerio de Hacienda de la provincia.
A propuesta del ministro pampeano Ernesto Franco, los representantes provinciales plantearon que el ajuste no puede recaer sobre los sectores de menores recursos, frente a una postura dogmática manifestada públicamente de desandar, al menos parcialmente, el camino de rebajas impositivas que beneficiaron en forma directa a las empresas y a quienes detentan una posición económica privilegiada.
Durante la administración del presidente Macri se redujeron, se eliminaron las retenciones a las exportaciones mineras, se disminuyó hasta casi su desaparición el Impuesto a los Bienes Personales, se licuó la base de contribuyentes del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, se redujeron las contribuciones patronales a las grandes empresas, al igual que se incrementó el pago a cuenta que éstas pueden deducir en el Impuesto a las Ganancias. Además, se derogó el impuesto a los dividendos para luego restablecerlo parcialmente, pero en el marco de una reducción de la alícuota impositiva que grava la ganancia de las sociedades.
"Todo en el marco de un contexto de déficit fiscal que derivó en un endeudamiento masivo del sector público en el exterior y que culminó con una devaluación feroz que agravó el impacto regresivo de las reducciones antes señaladas", sostuvo Hacienda.
A partir del recálculo del incremento de los recursos se debería calcular el monto global del gasto a reducir, los que no deberían afectar el gasto social, comprometiéndose los representantes del Gobierno nacional en la elaboración de una propuesta definitiva.

Reinstalar.
En la Casa de Salta, la representación pampeana manifestó que, entre volver a gravar a las personas que tienen bienes que superan los 10 millones de pesos o bajar los planes alimentarios, "nos quedamos con volver a imponer el impuesto".
"Entre volver a gravar a las empresas con el 35 por ciento, o reducir la inversión educativa en Universidades Públicas, nos quedamos con volver a gravar con la misma alícuota que tienen como máximo las personas físicas", abundó.
Finalmente, el Gobierno nacional habría descartado incidir a través de una afectación específica en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado al enfrentar la inviabilidad política de ese camino, como así el traspaso del Fondo Nacional del Incentivo Docente.
A partir de esta ronda de negociaciones, se acordó entre los ministros y secretarios de Hacienda participantes, una nueva reunión para la semana entrante.

Propuesta.
El Gobierno de Mauricio Macri quiere que el ajuste fiscal sea afrontado a través de un recorte de gastos, pero las provincias hicieron una contrapropuesta: ampliar la base tributaria, con una tarea mancomunada entre la AFIP y las direcciones de rentas locales.
Los ministros provinciales propusieron que la AFIP ajuste los controles sobre el impuesto a los Bienes Personales, dado que muchos contribuyentes subvalúan sus declaraciones; y también incrementar la afectación del Impuesto a las Ganancias para sectores que hoy no tributan.
Esto último está relacionado con, por ejemplo, sociedades de fideicomisos del exterior que no pagan impuestos en la Argentina; también se pidió mejorar los controles para las importaciones que provienen de supuestas "zonas francas".
También los ministros le solicitaron al Gobierno que cumpla el inciso "P" del Consenso Fiscal, que preveía crear organismo federal que determine procedimientos y metodologías de aplicación para la revaluación de los inmuebles, en línea con los valores de mercado.

Diferencias en las formas
Otra propuesta de las provincias es recortar a cero los subsidios al transporte, que hoy alcanzan los 50.000 millones de pesos y de lo cual el 60% va a la zona metropolitana de Buenos Aires.
Osvaldo Giordano, ministro de Economía de Córdoba, le explicó a la agencia Noticias Argentinas que esa propuesta apunta a recortar los subsidios a las empresas y al gasoil, sin afectar lo que el Estado destina al Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) y tampoco a los trenes metropolitanos.
Giordano y sus pares de Río Negro, Agustín Domingo, y de San Juan, Roberto Gattoni, coincidieron en que no se está tan lejos de alcanzar a un acuerdo para llegar a la cifra de 100.000 millones de pesos, aunque las diferencias están en la forma.
Los enviados de los gobernadores sostienen que no tienen mucho margen para ajustar el gasto público, principalmente en las provincias del norte del país donde los indicadores socioeconómicos son los peores de la Argentina.

Sueldos.
Otro dato clave, según la agencia de noticias NA, es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el único distrito de la Argentina que logra cubrir los sueldos de la planta de empleados estatales con los ingresos de su propia recaudación.
La Ciudad usa el 72% de su recaudación para pagar salarios mientras que, en el otro extremo, Formosa necesitaría multiplicar por siete (771%) su recaudación para cumplir a fin de mes con los sueldos de los empleados provinciales.
Un panorama similar se registra en La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco, provincias para las que la coparticipación federal de impuestos y las transferencias extraordinarias de la Nación son fundamentales para subsistir.
La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, plazo en el cual Pena, Caldarelli y Caballero consultarán con los ministros qué respuestas dar a las provincias.