Lercari afronta denuncias penales

"ES EL QUINTO CONVENIO QUE INCUMPLE LA LEY", DENUNCIO EL ABOGADO GIGENA

La intendenta de Realicó, Roxana Lercari, que pertenece al espacio político de Cambiemos, carga sobre sus espaldas dos denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público, acusada de infringir en cinco oportunidades diferentes el artículo 151 de la Ley de Municipalidades y Comisiones de Fomento, el cual establece que para que se pueda concretar un convenio entre el municipio y el gobierno nacional, se debe solicitar la autorización previa del ejecutivo provincial.
Ocurre que la jefa comunal del Pro, según el asesor Letrado de Gobierno Alejandro Gigena, saltea un paso legal necesario para que se puedan materializar los acuerdos con el Estado nacional, lo que trae como consecuencia inmediata que Realicó, en este caso, no obtenga los recursos y elementos necesarios, entre los que se encuentran, por ejemplo, computadoras, vehículos con rampa, una pileta climatizada, el mejoramiento de la terminal y, ahora, la adquisición de un camión y equipamiento para el cuidado del medio ambiente.
¿Por qué Lercari incurriría en esta ilegalidad? No se sabe con precisión. Lo cierto es que es la quinta vez que se la acusa de formalizar un convenio con nación y luego pedir la autorización del gobierno provincial, cuando, según la Ley de Municipalidades, el mecanismo debería ser al revés: solicitar la autorización al ejecutivo provincial y después formalizar el convenio con nación para adquirir los bienes.
¿Lercari se ha olvidado de la existencia del artículo 151 de la Ley de Municipalidades y Comisiones de Fomento? No, porque a lo largo de su gestión ha procedido legalmente a concretar otros convenios.
Este conocimiento de la ley figura como un agravante en las dos causas penales que afronta por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por la cual ya ha sido citada a indagatoria con anterioridad. Si la Justicia finalmente condena a Lercari, la intendenta podría dejar su cargo.

“Tiene conocimiento de la ley”.
En diálogo con LA ARENA, el asesor Letrado del Estado, Alejandro Gigena, explicó: “Sobre principios de abril ella inició un trámite pidiendo autorización ante el ejecutivo para firmar convenio marco entre municipio y el Ministerio de Ambiente. Fue autorizado el 4 de abril, y se advirtió que los convenios particulares que se formalicen en el marco de este convenio, también debían ser autorizados por el ejecutivo”.
En este sentido, desarrolló: “En agosto presentó una autorización para firmar un convenio particular, y cuando trajo la documentación se reveló que ya estaba protocolizado por el Estado nacional con fecha del 10 de julio. Ante eso dijimos que no la autorizábamos, y que correspondía dar intervención por medio de la Fiscalía de Estado”.
Además, expresó que “en este caso perdió la posibilidad de comprar el camión, por su propia responsabilidad”, y que “se debería hacer otro convenio, pero con este ya no se puede porque ha sido firmado ilegalmente”.
Consultado sobre las razones por las cuales la intendenta adoptaría este mecanismo, Gigena manifestó que no lo sabe, pero que “dejamos escrito de que no es la primera vez que sucede. Es el quinto convenio que incumple la ley. Y esta situación, que sabe cómo es el trámite, lo vemos como un agravante en su conducta”.

Convenios.
En total son cinco los convenios que el Estado provincial decidió no autorizar e iniciar la acción penal a Lercari por infringir el artículo 151 de la Ley de Municipalidades y Comisiones de Fomento.
El primero tenía que ver con un “mejoramiento de atención ciudadana” donde se pretendían comprar computadoras, escritorios y sillas, en un acuerdo con el Ministerio de Interior.
El segundo, era un proyecto para la adquisición de un vehículo con rampa, entre Realicó y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Comisión Nacional Asesora, para la integración de personas con discapacidad.
Y como tercer y cuarto convenio desautorizado por irregularidades, estaba pendiente una pileta climatizada y el mejoramiento de la terminal de ómnibus, que estaban para firmarse con el Ministerio de Interior.
En algunos de estos casos los convenios ya estaban firmados, y en otros incluso con el dinero transferido.