Levantaron clausura del local del PO

La jueza a cargo del Juzgado de Faltas de la Ciudad de Santa Rosa decidió levantar la clausura del local partidario del Partido Obrero (PO), tras la denuncia pública en la que sus dirigentes consideraron afectados sus derechos democráticos y el libre ejercicio de la actividad política.
Con fecha 23 de noviembre y a casi 15 días de haber sido clausurado, la jueza dictaminó el levantamiento de la clausura del local e indicó a la Subdirección de Nocturnidad que proceda a retirar las fajas de clausura, de acuerdo a lo informado a través de un comunicado de prensa del PO.
La medida se dispuso luego de la presentación del apoderado del PO, Luciano González , donde se requirió el levantamiento de la clausura y el archivo de las actuaciones. En el descargo, el dirigente fundamentó el reclamo en “la violación de los derechos establecidos en el artículo 38 de la Constitución Nacional referidos al funcionamiento de los partidos políticos y en la afectación de los derechos de libre participación en actividades políticas”.
Por otro lado, se denunció el “accionar intimidatorio” del operativo policial, “claramente desproporcionado y dirigido a amedrentar a los jóvenes participantes”. En otro párrafo se indicó “el carácter improcedente del accionar de los funcionarios municipales que aplicaron normativas como si se tratara de un local comercial cuando se actuó sobre una organización política”.

Contrastes.
Desde el PO “se agradeció al conjunto de organizaciones políticas, sindicales y sociales que se solidarizaron frente a este hecho”, y se contrastó este hecho “con el accionar del intendente Leandro Altolaguirre y del ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, Daniel Pablo Bensusán, quienes no accedieron a las audiencias solicitadas a pesar de la insistencia por parte de las autoridades partidarias”.
“Lamentamos que desde las máximas autoridades del Estado municipal y provincial se naturalicen o sean indiferentes a este tipo de situaciones. Por nuestra parte, defenderemos el derecho de cada ciudadano y de cada organización política a actuar sin ser víctima de persecuciones, discriminación o amenazas por expresar sus opiniones políticas e ideológicas”, concluyó González.