Limitan en Mendoza descuentos de sueldos

El gobierno de la provincia de Mendoza debió intervenir para ponerle un límite a un fenómeno que afecta al 40 por ciento de los empleados estatales de aquel distrito. Se trata del sistema de códigos de descuento por el cual cuatro de cada diez trabajadores del Estado mendocino perciben su sueldo con fuertes descuentos para pagar deudas. "Más de 40% de los empleados cobra sus salarios con recortes de hasta 50%. Un decreto del Gobierno establece un límite desde el mes pasado", informó ayer el diario Los Andes.
La situación recuerda una de las quejas más extendidas de los dirigentes gremiales de La Pampa, sobre todo de la conducción provincial de ATE, por los embargos que existen sobre los salarios de los trabajadores provinciales y municipales pampeanos. Sin embargo, desde el gobierno provincial hicieron una diferenciación entre el límite puesto en Mendoza y la situación que se reclama en nuestra provincia (ver aparte).
Los Andes informó que en el año 2010 el Estado mendocino implementó el "sistema de códigos de descuento en los haberes" de los empleados públicos. Desde entonces, "más de 900 empresas se inscribieron para poder ofrecer sus productos o servicios a cambio de pagos que se descontarían directamente del salario de los empleados y a la fecha, son más de 40.000 los compromisos de pago vigentes, lo que representa el 41% de la nómina estatal".
Ante el agravamiento del problema, el gobierno del radical Alfredo Cornejo decidió reducir el tope máximo -los comercios o entes crediticios podían descontar hasta el 50%- y a partir de este mes, en que entró en vigencia el Decreto 1208, las entidades sólo podrán afectar hasta el 20% del salario del empleado.
"Lo que queda del salario, después de hechos los descuentos es sobre lo que puede disponer libremente el trabajador, pero como Gobierno quisimos preservar el carácter de alimentario que tiene el salario del empleado y adecuamos la normativa provincial a la nacional, estableciendo un tope del 20%", dijo a Los Andes, Ulpiano Suárez, subsecretario de Modernización del Estado del gobierno de Mendoza.
El funcionario explicó que hay empleados que tienen hasta 92 descuentos activos y sólo en agosto se contabilizaron 40 mil descuentos totales. "En cuanto a quienes ya tienen descuentos activos, si bien no se puede aplicar el decreto de forma retroactiva, Suárez señaló que se irán habilitando nuevos cupos de forma progresiva, hasta que nadie tenga afectado más del 20% de su salario de forma mensual", informó el diario de la provincia cuyana.

Más estrictos.
Junto con la reducción del tope, el gobierno de Mendoza decidió endurecer las condiciones para que las empresas puedan generar sus códigos para descuentos. Deberán estar inscriptas, y con su situación frente al ente recaudador gubernamental regularizada, a fin de que el Estado pueda garantizar que el trabajador no sufrirá ningún perjuicio, y que accederá realmente al bien que se le ha prometido contra el descuento.
El decreto dictado en Mendoza establece que se considerará haber mensual neto al "monto total de los haberes mensuales, del mes calendario anterior, una vez practicadas las deducciones impuestas obligatoriamente por las leyes vigentes, por cuotas sindicales y por orden judicial derivadas de obligaciones alimentarias. Son haberes sujetos a descuentos la totalidad de las remuneraciones y aumentos salariales que perciban los agentes, con excepción de las asignaciones familiares, el sueldo anual complementario, los haberes extraordinarios adicionales o complementarios que se perciban por única vez".

“El problema, los embargos”
Fuentes del gobierno provincial recordaron ayer que en La Pampa también tuvo un sistema de cupones de descuento, pero el mismo fue eliminado durante el marinismo porque generaba el mismo problema que ahora están tratando de subsanar en Mendoza.
En cambio, aseguraron que la problemática de muchos trabajadores del Estado provincial y de los municipios está vinculada con los embargos judiciales que sufren por parte de financieras a las que acuden para recibir créditos que no pueden obtener en los bancos. “Acá el problema son los embargos”, aseguró.
Cabe recordar que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-La Pampa) lleva meses reclamando una solución a las dificultades que los embargos de las financieras generan en los trabajadores, puesto que los obligan a litigar en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, para lo cual deben designar un abogado matriculado en aquella jurisdicción. Por ese motivo, en el marco de la paritaria, reclamaron al gobierno que intervenga para que dichos planteos judiciales se resuelven en los tribunales locales.