“Los juicios de lesa humanidad siguen”

EL JUEZ DANIEL RAFECAS ESTUVO EN SANTA ROSA Y PRESENTO SU LIBRO

El juez federal Daniel Rafecas negó que durante la actual gestión de gobierno se hayan frenado las investigaciones y juicios por delitos de lesa humanidad; en tanto justificó que quienes fueron inculpados por represores cumplan condena domiciliaria “por razones humanitarias”.
El magistrado -quien efectuó declaraciones antes de ingresar a saludar al vicegobernador Mariano Fernández-, también sostuvo que “se puede ser juez independiente y trabajar con tranquilidad”. Rafecas llegó a Santa Rosa para presentar en la UNLPam su libro “El crimen de tortura. En el Estado autoritario y en el Estado de Derecho”.
Explicó que su texto versa sobre “los avances en todo el país con investigaciones por crímenes de lesa humanidad y la persistencia de delitos de torturas y malos tratos en comisarías, cárceles y el sistema doctoral. Esta es mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires y dicto cursos en Capital”.
Al contestar diversas preguntas señaló que el libro “intenta mostrar los puntos de contacto entre lo que fueron secuestros, torturas en centros clandestinos en la dictadura y la continuidad en ciertas prácticas, en la pos dictadura, especialmente en ámbitos como cárceles o comisarías, respecto a quienes están detenidas”.
-¿Por qué siguen las situaciones de tortura en democracia?
-Mi impresión es que desde que hemos sido una colonia, nosotros tenemos la cultura inquisitiva y autoritaria que estuvo vigente en el mundo hispánico por 500 años y ese es un punto de partida cultural, que es difícil de remover.
Además porque todos sabemos durante 20 años hubo políticas de impunidad en el país, luego del Juicio a las Juntas y muchos cuadros, oficiales y suboficiales de fuerzas penitenciarias, continuaron en sus cargos y progresaron, ascendieron y llegaron a ser altos jefes policiales y de cárceles y esas mismas personas, habían sido torturadores en la dictadura.
-¿Y cómo se actuó en esos casos?
-A mí me tocó como juez, en la causa del Primer Cuerpo de Ejército en el año 2003 hasta el 2008, detener funcionarios policiales y penitenciarios en funciones y con altos cargos. Es decir, la influencia de estos cuadros en la post dictadura, explica la persistencia de estos circuitos de violaciones a los Derechos Humanos en estos sectores-
-¿Pueden fuerzas represivas ser fuerzas democráticas?
-No hay otra alternativa. Aún viviendo en democracia necesitamos de las fuerzas de seguridad. No hay estado de derecho sin poder de policía, servicio penitenciario o fuerzas de seguridad. El gran desafío para la democracia es formar y tener fuerzas de seguridad y penitenciarias compatibles y respetuosas de los derechos fundamentales y del sistema democrático.
-¿La detención de Milagro Sala le parece que va en ese sentido? Se habla de una actitud tortuosa de la justicia.
-Es un caso de una justicia provincial y no me veo en condiciones de hacer declaraciones al respecto.
-¿Se han frenado los avances en los juicios por delitos de lesa humanidad con el nuevo gobierno?
-Mi impresión, como integrante de estos tribunales, es que estamos avanzando y que no. En el año 2017, fue récord en total del país, en sentencia dictadas en materia de lesa humanidad y es un dato que es bastante claro, y permite ver que al menos las investigaciones, procesos y juicios, siguen adelante.
En mi caso particular, yo hace 14 años que llevo investigaciones de esta naturaleza y un tercio de mi juzgado está dedicado a esta actividad. Nosotros hoy en día seguimos trabajando con la misma tranquilidad, el mismo ímpetu, el mismo personal y los mismos contratos que hace cuatro o cinco años.
-¿No han cambiado criterios para las prisiones domiciliarias?
-Sobre eso hay un malentendido. En el caso de Miguel Etchecolatz, solicitó el arresto domiciliario y no se otorgaron en primera instancia. Un tribunal oral sí se lo otorgó, pero luego fue a la Cámara de Casación Penal que es el órgano más alto y se la revocaron. Etchecolatz hoy está preso. Es un buen ejemplo de que no hay cambios en la jurisprudencia. Sí hay que tener en cuenta que con el paso del tiempo los imputados cada vez son más grandes, pasan los 80 años, se agravan sus cuadros de salud y por razones humanitarias esas prisiones preventivas terminan en arrestos domiciliarios, porque terminamos incurriendo en una prohibición constitucional, que es que una detención se convierta en un trato cruel, que no se puede hacer en un estado de derecho.
-En La Pampa, en el primer juicio por la Sub Zona 14, todos los acusados estaban con prisión preventiva y en este segundo juicio están en libertad…
-Pasaron casi diez años. No es lo mismo un imputado de 70 años que uno de 80. Los cuadros de salud se deterioran rápidamente. Yo veo que a Casación Penal llegó el caso de Etchecolatz y lo revocó. Por lo tanto, es un dato objetivo que revela que no hay un cambio real, sí criterios de cada uno de los tribunales.
-¿Hay independencia entre la justicia y el poder político?
-En mi caso, creo que me he manejado con independencia de poderes fácticos, políticos y acá estoy. Sigo siendo juez y trabajo tranquilamente. Se puede trabajar en la justicia en forma independiente y seguir siendo juez.