Macri privatiza frecuencias de celulares de Arsat

ZILIOTTO ADVIRTIo QUE ESTAN ENTREGANDO EL PATRIMONIO ESTATAL

El presidente Mauricio Macri decidió privatizar frecuencias del espacio radioeléctrico asignadas de forma exclusiva a ARSAT. El decreto 58/2019 publicado en el Boletín Oficial modifica y contradice la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital y habilita al Enacom a poner en concurso bandas de frecuencia de 3G y 4G para las empresas de Telecomunicaciones, lo que les permitirá avanzar en todo el país con la oferta de servicios audiovisuales.
El decreto señala que la participación en las nuevas señales no podrá ser menor al 20 por ciento, lo que beneficia al sector oligopólico integrado por Telecom-Cablevisión, Telefónica y Claro. Un nuevo avance en la política comunicacional de la gestión Cambiemos, que inició el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pocos días después de llegar a la Casa Rosada. El Ejecutivo, inclusive, recoge el reclamo del sector cooperativo para ingresar al negocio de la telefonía móvil al habilitar la participación a operadores locales.
La decisión presidencial llega ante la imposibilidad del oficialismo de obtener en el periodo legislativo 2018 la aprobación de la Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia Tic, conocida como “ley corta”, debido a la oposición de sectores del peronismo a la privatización del espectro asignado a la estatal ARSAT, cuya ley obliga a debatir en el Congreso cualquier decisión que modifique el espectro “preferencial” asignado a ARSAT.
“El DNU, por un lado, invoca la autoridad de la ley 27208 de desarrollo satelital que otorgaba preeminencia a la empresa estatal ArSat, mientras que decreta el desmonte de sus recursos y de las atribuciones legales fijadas por dicha norma en noviembre de 2015”, advirtió el investigador Martín Becerra.
Con el decreto 1340 de 2016, el Gobierno había abierto el camino para que las telefónicas ingresan al mercado de los servicios audiovisuales y con la “ley corta” afianzaba aquella dirección, ya que a comienzos de año vencía el plazo para que las telefónicas comenzarán a ofrecer servicios audiovisuales a través de la cobertura satelital en todas las localidades del país de más de 80 mil habitantes.

“Discusión estancada”.
La iniciativa obtuvo media sanción del Senado en julio de 2018, pero la discusión quedó estancada en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja y debía retomarse en este año. La norma con media sanción del Senado había introducido modificaciones al proyecto oficial y ampliaba los plazos para que las grandes empresas pudieran prestar servicios de radiodifusión y TV satelital en el interior hasta julio de 2020 para Buenos Aires, Córdoba y Rosario, hasta enero de 2021 en las ciudades de más de 100 mil habitantes y hasta enero de 2022 en las localidades de menor densidad poblacional.
En el debate de la Cámara alta, solo 11 senadores se opusieron a la normativa y le recordaron al oficialismo la promesa pendiente de un proyecto integral de ley de comunicaciones convergentes. Por su parte, el titular del bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, acompañó la aprobación con una cruda síntesis de los objetivos de la norma: “Estamos habilitando a Telefónica y a Claro a que pongan plata en Argentina, a ver si lo hacen, que pongan fibra óptica, tienen dos años.” Días antes de aquella sesión, la Comisión de Defensa a la competencia aprobó la fusión de Telecom y Cablevisión, empresa que se transformó en la más grande del sector.
“Demorar decisiones que implican el tendido de redes y la incorporación de operadores regionales a la oferta de servicios móviles implicaría desigualdad competitiva entre los grandes y medianos operadores, así como privar a los consumidores de mayores opciones”, se justificó el Gobierno, que no esperó la reanudación del debate parlamentario. El DNU deberá ser aprobado por la Comisión Bicameral. (Página 12)

Malas noticias para “Empatel”
El movimiento cooperativo y el gobierno de la provincia de La Pampa se levantaron ayer con malas noticias para sus proyectos de telecomunicaciones. El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) publicó un decreto en el Boletín Oficial a través del cual le quitó a la empresa estatal ArSat el manejo de las frecuencias de telefonía móvil y lo dejó en manos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Se trata del organismo que reemplazó al Afsca y que por estos días tiene frenadas las licencias de TV por cable para la CPE en Catriló y para las cooperativas de General Acha, Macachín y Guatraché en sus localidades. Algo que la dirigencia cooperativa atribuye al lobby que los empresarios de cable realizan a través del referente provincial del PRO en La Pampa, Carlos Javier Mac Allister.

El cuarto restante.
El ex presidente de la CPE, Oscar Nocetti, uno de los cooperativistas que se opuso a la “Ley Corta” al exponer en el Congreso, recordó que había un 25% de frecuencias disponibles del espectro para las telecomunicaciones en el país. Era el último resto que quedaba por distribuir, porque las frecuencias para telecomunicaciones en la presidencia de Cristina Fernández se dividieron en cuatro: una para Claro, las otras dos para Telefónica (Movistar) y Telecom (Personal) y la cuarta para el Grupo Vila-Manzano, que no pudo pagar las exigencias en dinero, entonces las devolvió.
“Esas frecuencias quedaron en manos de ArSat por disposición de CFK y el 30% iban a usarse para la telefonía celular de pymes, cooperativas y provincias. Cuando Macri envió la Ley Corta (de Telecomunicaciones) al Congreso, bajaba ese 30% al 20%, algo que fue aprobado por el Senado con la media sanción a la ley. Cuando la iniciativa llegó a la Cámara de Diputados, el diputado provincial por La Pampa, Sergio Ziliotto, con otros legisladores, plantearon que no debía bajarse la participación de pymes, cooperativas y Estados provinciales al 20% y el proyecto quedó frenado”, explicó.
Este fue el otro punto que el decreto de Macri resolvió por la vía expeditiva: solo 20% para cooperativas, pymes y provincias.

El 80% restante.
El DNU de Cambiemos sacó las frecuencias de la órbita de ArSat y las pasó al Enacom, que repartirá el 80% del cuarto restante entre las telefónicas, algo en lo que, según las fuentes cooperativas, trabajó mucho el Grupo Clarín, que el año pasado logró que Macri, en un trámite expreso, le aprobara la fusión con Telecom (Personal).
“El problema para el sector cooperativo es que las frecuencias estarán en manos del Enacom, que es el organismo más duro y más defensor de las grandes corporaciones que tiene el gobierno en el área de Telecomunicaciones. Ahí está (Silvana) Giudice y otros personajes. Son totalmente opuestos a que las provincias tengan empresas de telecomunicaciones, como Empatel, o que las cooperativas presten el servicio de telefonía celular. Entonces, por un lado parece bueno, porque establece claramente que ese 20% es para nosotros, pero queda en manos del Enacom y, a nuestro juicio, esto queda secuestrado ahí”, dijo Nocetti.

“Estrategia dilatoria”.
En ese sentido, recordó que la CPE tiene trabada en el Enacom la licencia para prestar TV por cable en Catriló, una de las localidades interconectadas. En la misma situación están los permisos que gestionaron la Cosega y las cooperativas de Macachín y Guatraché.
Para el cooperativista, el decreto “es una estrategia dilatoria jodida contra el movimiento cooperativo y contra los de las provincias que tenían intenciones de tener empresas de telecomunicaciones”. “No van a mover un dedo para que el 20% se ejecute, nos quieren llevar como ganado a ser operadores móviles virtuales y tener que negociar con Claro, Movistar y Personal”, concluyó.

Ziliotto dijo que Macri “elimió la función social del Estado”
“Lo que no pudo lograr en el Congreso hoy lo fuerza por Decreto de Necesidad y Urgencia”, dijo ayer el diputado nacional Sergio Ziliotto, en relación a otro de los aspectos polémicos del decreto que el presidente Macri firmó en la víspera: eliminar la Ley que obliga al Gobierno a crear una Red Gubernamental de Servicios de Telecomunicaciones, cuyo principal objetivo es desarrollar la industria de las comunicaciones, reducir le brecha digital y sumar a las cooperativas al mercado de la telefonía celular. Como así también la creación de una red de seguridad pública, para entrelazar los servicios de defensa civil, policía y bomberos.
“Le entrega el patrimonio nacional a los privados para que hagan negocios”, subrayó el también candidato a gobernador de La Pampa por el Frente Justicialista Pampeano. Ziliotto expresó ayer su rechazo al DNU con el que el gobierno nacional modificó el artículo 11 de la Ley 27208, que protegía no solo la industria satelital nacional, sino que además otorgaba derechos sobre el servicio de comunicaciones a los Estados provinciales y las cooperativas.
“Si bien se establece que el 20% del espectro se asigna a las cooperativas y operadores locales de todo el país, el dato relevante está en que el 80% quedará en manos de los grandes grupos económicos, que de ninguna manera resignarán ganancias al momento de contemplar prestar servicios en localidades alejadas o con escasa población”, dijo Ziliotto. “De por sí, estas bandas de frecuencia 4G son una de las herramientas indispensables para la creación de la Empresa Provincial de Telecomunicaciones (Empatel)”, agregó.
Ziliotto fue un actor importante en Diputados durante el debate de la “Ley Corta”. Desde entonces viene advirtiendo la intención de Nación de dejar en manos privadas el espectro de las telecomunicaciones, “eliminando la función social del Estado y dejando todo librado a que sea el mercado el que resuelva”.
La Ley 27208 asignaba bandas de frecuencia para que se desarrolle una Red Gubernamental de Servicios de Telecomunicaciones. Esta reserva preferencial de las bandas de frecuencia constituía “un instrumento para el desarrollo de la industria nacional de las telecomunicaciones”, buscando “la reducción de la brecha digital geográfica en todo el país con cobertura en zonas geográficas, económica o socialmente excluidas, sin servicio o con servicio deficiente”, a través de la “posibilidad de ingreso de nuevos actores sociales al mercado de la telefonía celular (cooperativas y empresas provinciales)”.
“Este decreto vulnera nuevamente el federalismo en el país y tendrá problemas de constitucionalidad porque atribuir bandas de frecuencia a las empresas de telefonía móvil es potestad del Congreso”, advirtió Ziliotto. El legislador nacional consideró “imperioso resguardar los objetivos previstos en la Ley 27208, no permitir que se anulen vía decreto, porque se estarían cercenando derechos de los argentinos como es el acceso a la salud vía la telemedicina, o a la educación a distancia, entre otras posibilidades que facilitan las redes de comunicación”.