“Me sentí extorsionado”

El ex gobernador Oscar Jorge declaró ayer en el juicio oral y público en el que se investiga a 14 ex policías por el delito de sedición, por el acuartelamiento del 11 de diciembre de 2013, que afectó a la Jefatura de Policía, el Centro de Control, Operación y Monitoreo Policial (Cecom) y la Dirección de Comunicaciones.
Dijo que se sintió “extorsionado” por el acuartelamiento, ya que la sociedad quedó indefensa y sin seguridad en las calles y en ese marco se realizó la negociación; y destacó que el gobierno actuó con celeridad y no se registraron inconvenientes como en las provincias de Córdoba y Tucumán, donde hubo “más vehemencia” en el reclamo.
Cabe señalar que según la acusación del fiscal general de esta capital, Guillermo Sancho, el objetivo de los acuartelados era “arrancarles” al Poder Ejecutivo Provincial una serie de medidas que reclamaron en un petitorio. Por eso, los ex policías están acusados del delito de sedición que va de 1 a 6 años de prisión.
Jorge fue acompañado ayer por su hijo Juan Pablo y ocupó el segundo lugar en el listado de declaraciones testimoniales. En un principio, recordó que “el país estaba inmerso en un problema generalizado porque había acuartelamientos y saqueos en otras provincias, pero no por alimentos como en 2001; hubo 18 muertos y muchos heridos”.
Manifestó que “había temor en la gente” y que en conferencia de prensa, antes de la toma de la Jefatura, convocó aquel 11 de diciembre “al diálogo y la paz social para cuidar a los pampeanos”. Contó que el martes 10, hubo un intento de saqueo en La Anónima de Stieben y Pilcomayo que fue evitado por personal policial.
“El miércoles 11, hubo una manifestación en la plaza (San Martín) y luego presentaron un petitorio en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad. Quisieron hablar con el ministro (Leonardo Villalva) pero primero había que analizar el reclamo que estaban haciendo”, siguió.

Apoyo.
El ex mandatario comentó que al ser informado de la toma se trasladó a Casa de Gobierno para seguir de cerca la situación, y puso en conocimiento a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia y del Poder Legislativo sobre lo que estaba ocurriendo.
Además, mencionó que el ministro de Gobierno fue a la Jefatura a conversar con los acuartelados y que “una de las cosas que preocupaba mucho era cubrir la seguridad de la gente, por lo que decidimos llamar al gobierno nacional y pedir el apoyo de las fuerzas de Gendarmería y Prefectura”.
“A las 6 de la mañana, ubicamos al jefe de Gabinete (Jorge) Capitanich y rápidamente llegaron 600 efectivos y coordinaron las acciones para cubrir la seguridad de la ciudad. Esto trajo seguridad a la sociedad”, agregó Jorge, quien además negó que haya existido la posibilidad de que Gendarmería ingresa a la Jefatura.
“No podíamos pedirle a la fuerza nacional que vaya a pelearse con una fuerza provincial”.

“Vida cotidiana”.
El jueves por la noche, explicó, el gobierno realizó una propuesta salarial “importante” a la policía, con un incremento del 19 por ciento que finalmente fue aceptado en los primeros minutos del viernes 13 de diciembre de aquel año.
“En 27 horas se solución el problema, se resolvieron atrasos burocráticos en los pagos de los adicionales también, y se volvió a la vida cotidiana”, dijo.
Jorge reiteró que “nuestra preocupación era la seguridad de la gente y evitar daños al patrimonio, recuerdo que algún comerciante dijo que se iba a encerrar en su negocio con un arma, se generaban situaciones que no eran convenientes”.
“En pocas horas pudimos solucionar el problema y agradecimos que se actuó con rapidez en el orden nacional, lo que ayudó al orden y la seguridad. Era una situación difícil, creía que en La Pampa no iba a suceder eso, porque nuestra gobierno en 8 años tuvo mucha predisposición”.
Por otro lado, Jorge manifestó que cuando firmó el decreto de aumento salarial lo hizo con libertad y se decidió “decidió dar el aumento para no tener más conflictos”.
– Usted dio conferencias de prensa en las horas posteriores. En una de ellas habló de extorsión.
– Sentíamos una extorsión en el sentido de que había policías autoacuartelados y teníamos temor acerca de lo que podía pasar con la gente frente a eventuales saqueos y robos. Fue una situación particular, una especie de extorsión al poder político. Recordemos que hubo comerciantes que llegaron a pensar en armarse para defender sus negocios. Por eso tomamos decisiones en función de evitarle problemas a la gente ante la falta parcial de seguridad en la ciudad.
– ¿Sabe si funcionó la línea de emergencia 101?
– No, no funcionó. Yo creo haber llamado al 101 y no me atendieron.

Condicionado.
Consultado por el defensor oficial Martín García Ongaro, el ex mandatario dijo que lo “condicionó la falta de seguridad de la gente. Aun habiendo estabilizado la seguridad con la presencia de la Gendarmería, ello duraría poco tiempo. Buscamos solucionar rápidamente el conflicto. Recuerdo que un periodista me preguntó porqué accedí a las peticiones. Lo hicimos en función de la gente”. Dijo que “para determinar este aumento salarial había que hacer un estudio” y que “hay provincias con graves problemas económicos a partir de esos aumentos”.
Sobre si consideró que el reclamo fue legítimo, respondió: “Todos aspiramos a ganar más, pero hubo otras connotaciones que me confundieron, como pedir que releváramos al jefe y al subjefe, que no se aplicara una ley y que existiera un cupo de viviendas específico para la policía”.

“Sentíamos temor”.
El ex director de Coordinación del Ministerio de Gobierno, Kevin Christensen, participó de la reunión que mantuvieron el ex ministro de Gobierno, Leonardo Villalva, y el ex subsecretario Ricardo Torres en la Jefatura de Policía durante la madrugada del 12 de diciembre con los policías que se acuartelaron.
Dijo que la entrada al edificio fue “tumultuosa” y “un clima tenso, hostil”. Identificó en la reunión a Carlos Mendibe, Luis Bruno y Julián Giménez, pero no pudo identificar a otras tres personas. Afirmó que “mucha gente gritaba, sentíamos cierto temor, no había interlocutor claro”.
Los funcionarios en ese momento ingresaron a la Jefatura y en un pasillo observaron “una escopeta apoyada en el piso contra una pared”. Los manifestantes les decían “fíense qué van a hacer, hay que arreglar”. El encuentro, explicó, se realizó en esos términos y siguió: “La presencia de los medios de comunicación nos daba cierta tranquilidad. Sobre el petitorio de los acuartelados, indicó que “había cuestiones de imposible cumplimiento” como el cambio de la Ley Orgánica de la Policía que “depende” del Poder Legislativo.
Los acusados en la causa son Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López, Guillermo Julián Giménez, Daniel Narciso López, Carlos Daniel Gatica, Luis Horacio Bruno, Carlos Aníbal Mendibe, José Luis Furriol, Marcelo Ormaldo Cisneros, Jeremías Martín Salvatierra, Luis Rodrigo Wiggenhauser, Roberto Germán Mora Bartolomé, Pablo Orlando Montes y Silvio Norberto Rojas. No todos están asistiendo al debate en la Ciudad Judicial.

“Enviado por superiores”
La testigo Susana Rosane, que en su momento fue imputada, presentó un certificado médico, en el que argumentó la imposibilidad de participar de las audiencias. Frente a esto, se esperará para insistir en su citación, mientras que el ex director de Vialidad, Horacio Giai, y el comisario Enrique Calderón no concurrieron a declarar.
Ayer estuvo en el debate Silvio Norberto Rojas, uno de los acusados que no había asistido a las audiencias, y está imputado por romper junto a Pablo Montes un candado en Vialidad Provincial para cargar combustible en un móvil de la Seccional Primera, según la fiscalía.
El abogado Boris Vlasich, defensor del imputado Rojas, quien ayer no quiso declarar ante el tribunal tras escuchar la acusación, dijo que el actual policía retirado “fue enviado por superiores a cargar combustible” a Vialidad y “solamente tuvo un intercambio de palabras (en el lugar) y no rompió ningún candado”.
Montes, que al igual que Rojas está imputado también por el delito de daño y coacción, y Jeremías Martín Salvatierra fueron declarados en rebeldía y se ordenaron sus detenciones, ya que no se presentaron a las audiencias, que tuvieron ayer su primer semana de desarrollo.

El juicio sigue el miércoles
Con unos 15 testigos citados, el debate oral y público por el caso de la sedición de diciembre de 2013 continuará el próximo miércoles a las 8.30. El juicio tiene previsto unos 12 días de audiencias y finalizará el 27 de febrero, según el cronograma estipulado. En la causa, hay un grupo de policías acusados de “sedición en concurso real con el delito de daño y coacción” y según el castigo previsto para ese delito es prisión de 1 a 6 años.
Un posible falso testimonio
Ricardo Daniel Andalor es un policía retirado que en 2013 se desempeñaba en el Superior Tribunal de Justicia, que ayer declaró en el juicio contra los policías que se acuartelaron y ante su declaración el fiscal Guillermo Sancho planteó que se remita su declaración al Ministerio Público Fiscal para que se lo investigue por falso testimonio.
Andalor manifestó que participó de la marcha al Centro Cívico que terminó en la toma de la Jefatura, donde también estuvo. Contó que “se pedía mejor remuneración y otras cuestiones de nuestra ley policial” y agregó que las comunicaciones “no se interrumpieron”, ni en el 101 ni en la Dirección de Comunicaciones.
Además, comentó que ingreso al Cecom sin autorización del jefe (“¿cómo iba a pedir autorización para ingresar si no estaba el jefe?”, le respondió a Sancho) y aclaró que “se atendían los teléfonos con total normalidad”. El testigo declaró que “nadie desconectó los cables de los teléfonos” y también afirmó que los operadores fueron relevados “por decirlo de alguna manera”. Sancho pidió que se remita una copia de la declaración al Ministerio Público Fiscal para analizar la posible existencia del delito de falso testimonio ante “las evidentes contradicciones”.
Por otro lado, el jefe del Cecom de ese momento, Rubén David González, manifestó que esa noche se fue a su casa y que, al recibir un llamado del subjefe Francisco Icuza, fue a la oficina, aunque “no pude entrar porque la puerta estaba cerrada”. Por eso se quedó, junto a otros oficiales, a la vuelta de la Jefatura esperando órdenes. Sostuvo que “por comentarios” supo que no se atendió el servicio del 101.

“Pic nic”.
Oscar Félix Garrido contó que, a través de un periodista de General Pico, supo que el ministro de Gobierno, Leonardo Villalva quería hablar con los manifestantes y él terminó siendo el contacto entre las partes. Sin embargo, luego no participó de la reunión en la Jefatura de Policía entre el funcionario provincial y los policías que se acuartelaron. También dijo que el 101 funcionó” y que la manifestación fue pacífica. “Parecía un pic nic”, indicó.
Marcelo Casas, que era suboficial principal y se desempeñaba en la Dirección de Comunicaciones, relató que “oí operar equipos de radio con mi handy desde el autódromo”, que se hizo “un canal alternativo de comunicación” y que las comunicaciones radioeléctricas recién se normalizaron a las nueve de la mañana del 12.
Diego Martínez era subjefe de Policía cuando se produjo el acuartelamiento. El 10 de diciembre, horas antes, había asumido el cargo. Ayer, declaró como testigo en el juicio y manifestó que el “sistema de seguridad quedó desarticulado” durante el acuartelamiento en la Jefatura, el Cecom y la Dirección de Comunicaciones porque “la gente llamaba al 101 y no era atendida. Yo llamé y no respondieron; en la calle no se distinguían los patrulleros que eran conducidos por quienes se habían revelado a sus mandos naturales o no”.

“No vamos a trabajar”
Cuando se produjo el acuartelamiento en la Jefatura de Policía, en forma paralela también se vivieron momentos de tensión en la Seccional Primera, cuyo jefe era Temístocles Torreani quien ayer prestó declaración.
Manifestó que esa noche la mayoría del personal de la comisaría le dijo que no iban a trabajar porque había una movilización, por lo que él junto al subjefe Juan Carlos Mendiz y otros oficiales salieron a patrullar la zona que comprendía a la Primera, en Belgrano y Padre Buodo.
Señaló que el 101 de emergencias de la ciudadanía “no estaba operando” y siguió: “La seguridad estaba complicada, porque el personal era reducido, había dos móviles nomas”. Torreani manifestó que hicieron “base” en la Escuela de Policía y regresaron a la comisaría cuando el conflicto había terminado, el 12 por la noche.
Negó haberle dado órdenes a Pablo Montes y Silvio Rojas, en contraposición con la defensa del segundo; advirtió que en la Primera “no quedó nadie a cargo” y desconoce qué ocurrió con los otros patrulleros en la noche del acuartelamiento porque tampoco quedaron registros en los libros de entregada.
Edgardo Darío Paredes había dejado de ser jefe de la Unidad Regional III, con asiento en General Acha, el 5 de diciembre. El 11 no estaba en La Pampa, aunque llegó al otro día y su participación se limitó a ser el enlace de las fuerzas federales con las autoridades policiales porque conocía al jefe de la delegación de Gendarmería.