Municipio promulgó una ordenanza

Luego de las denuncias radicadas en los últimos meses en Lonquimay por la existencia de un galpón en la zona urbana donde se acopiaban agroquímicos y se dejaban maquinarias fumigadoras, y las aplicaciones en cercanías del pueblo, que incluso se sospecha afectaron la salud de una menor, el municipio comenzó a ocuparse del tema. Durante la semana, en el edificio municipal se llevó a cabo una reunión informativa que contó con la presencia de funcionarios provinciales y comunales, y concejales. Tras el encuentro se decidió promulgar una ordenanza contemplando todo lo expresado en la ley provincial vigente.
Desde la comuna informaron que el cónclave donde se abordó la Ley de Agroquímicos y aspectos a tener en cuenta sobre los aplicadores, contó con la presencia del director de Agricultura de la provincia, Carlos Ferrero; María Elena Ballester, de Sanidad Vegetal; el intendente local, Luis Rogers, y los concejales Fausto Altube, Oscar López, Vanesa Frank, Silvina Monteagudo y Rosana Lezcano.
Sobre lo abordado se encuentran los aspectos a tener en cuenta en aplicaciones cercanas a los centros poblados (ciudades, pueblos, viviendas y escuelas rurales). El aplicador debe tener en cuenta "respetar distancias. La distancia mínima al centro poblado la determina el asesor fitosanitario".
"Dar aviso a autoridades locales, y apicultores de 48 horas previas a la aplicación, con copia de receta fitosanitaria según ordenanza municipal. Verificar que la empresa de aplicación esté inscripta y habilitada en la Dirección de Agricultura", agregaron.
También se debe tener presente "la temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento. Detener la aplicación en caso de riesgo de deriva de productos hacia centros poblados. Las operaciones de carga, descarga, abastecimiento y lavado de máquinas deben realizarse en las esferas de centros poblados".
Tras el encuentro se decidió promulgar una ordenanza contemplando todo lo expresado en la ley provincial vigente.

Denuncias.
Griselda Alfonzo a mediados de febrero denunció que una hija (11 años) sufría lesiones en la piel y apuntó que es como consecuencias de agrotóxicos que se manipulan en un depósito "no habilitado" en la zona urbana.
En los últimos días, la mujer volvió a radicar una denuncia en la subcomisaría porque una máquina estaba aplicando un insecticida en un cuadro de soja, a solo 300 metros de su casa. Aseguró que los vecinos y el municipio no se comprometen para que cesen las fumigaciones cerca del pueblo.
La policía confirmó el hecho. Indicó que se inició una investigación preliminar, que hizo la medición y está en límite de lo permitido por la ley provincial, y elevó las actuaciones a la Justicia santarroseña. También girará el informe al área de Agricultura.
"Medimos la distancia de la aplicación y la edificación más cerca y nos dio 500 metros. Para nosotros no se habría incurrido en una falta", dijo la policía a este diario. Sin embargo la denunciante asegura que su vivienda está a 300 metros de la zona fumigada y hay otras edificaciones más cercanas.