No es viable "cartera sucia"

El ministro de Hacienda Ernesto Franco aclaró los términos en que el Estado provincial estableció la llamada "cartera sucia", que permitió "proteger al Banco de La Pampa", y que muchos de sus clientes pudieran refinanciar sus deudas, y en algunos casos consiguieran preservar sus propiedades. Sostuvo que "no es posible" un salvataje parecido para los empleados públicos que tienen sus sueldos embargados.
Ayer este diario había señalado que desde los gremios estatales se manifestaba preocupación porque "son miles" los trabajadores de la administración pública provincial que tienen sus salarios embargados.
El planteo de algún sindicalista era que el gobierno provincial estudiara la posibilidad de implementar una "cartera sucia" para la situación, pero ahora el ministro de Hacienda fue contundente para señalar que "no es posible".

 

Capitalizar al BLP.
Allá por el 2000 se implementó una medida que terminaría favoreciendo al Banco de La Pampa -que necesitaba capitalizarse-, y les permitió a algunos clientes mejorar su situación frente a los compromisos contraídos.
"No es que se pretendía salvar a los deudores, sino que se trató de salvar al banco con sus números, y lograr que a los acreedores se los sacara de las normas prudenciales que exigía el Banco Central para cobrar", explicó Franco.
"Existían normas prudenciales del BCRA muy duras, y en cambio cuando hicimos el fideicomiso no había que respetarlas. La idea era salvar al banco, y la de poder aplicar otras normas", agregó.
Lo cierto es que el Banco de La Pampa necesitaba aportes para poder mantenerse en el sistema financiero, y lo que se hizo fue capitalizarse a través de la provincia, que le compró su cartera de deudores. "En aquel momento fue una muy buena idea", enfatizó el ministro.

 

No estatizar deuda financiera.
Ahora Franco fue claro al señalar que lo que se pide con respecto a los empleados públicos endeudados "no es posible, porque en muchos casos no sólo están endeudados con el Banco de La Pampa. Además estamos con los números muy justos, y sería estatizar una deuda financiera que no se sabe de dónde viene. Es totalmente distinto a lo del Banco de La Pampa", argumentó.

 

"Una gran medida".
Recordó que la posición de negarse a privatizar el Banco de La Pampa durante aquel gobierno de Rubén Hugo Marín "fue una gran medida. La política nacional era que cayeran todos los bancos, y de hecho quedaron muy pocos provinciales".
Precisó que "haber mantenido el banco dentro de la órbita estatal ha sido a mi entender una gran medida, y hoy es fundamental para las políticas activas del Ministerio de Desarrollo Territorial y del mismo gobierno provincial".

 

Grandes diferencias.
Fue más allá y se preguntó qué hubiera pasado "si se privatizaba. Pasaría que los gerentes tomarían decisiones desde Buenos Aires, como pasa con los bancos de San Juan, el de San Luis, el de Santiago del Estero... Tienen nada más que el nombre de provinciales".
Agregó que eso incide en la cantidad de empleados que tiene el BLP, precisamente porque la casa central está en Santa Rosa. "Si hubiera sido privatizado tendría muy pocos empleados como pasa en otras provincias, que tienen muy pocos empleados, pocas sucursales y mínimos cajeros", completó.

 

Capitalizar al BLP
Eran momentos difíciles en el país, y las economías regionales se veían devastadas allá por el 2000. Con el fin de capitalizar al Banco de La Pampa -que estaba necesitado de fondos-, el gobierno provincial decidió comprarle a la entidad crediticia la cartera de deudores que se consideraban incobrables.
¿Cuánto pagó el Estado provincial? Se dice que en aquel momento -el gobernador era Rubén Marín, y el propio Franco el ministro de Hacienda- se pagaron 120 millones de pesos (entonces equiparados al dólar por el 1 a 1) por una deuda que se estimó en poco más de 200 millones.
Después se conformó un fideicomiso -precisamente administrado por el BLP, que pasó a ser el fiduciario-, y las negociaciones permitieron que se recuperara buena parte de los créditos impagos.
Dicen los que dicen saber que, al cabo -aunque en su momento hubo cuestionamientos porque se sospechó de favores políticos para algunos clientes-, fue una buena medida. Resultó un desahogo para el Banco Pampa, y algunas empresas pudieron salvar sus bienes.