“Obediencia debida no es exculpatoria”

EL JUICIO DE LA SUBZONA 14 II TENDRA SENTENCIA EN 2019

Continuó ayer la jornada de alegatos con la parte querellante en el juicio de la Subzona 14 II en el que se investiga a ex militares y ex policías por más de 200 delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de La Pampa, antes y después del golpe cívico militares del 24 de marzo de 1976.
La audiencia prevista para hoy fue suspendida por obligaciones de los magistrados del Tribunal Oral Federal en otras jurisdicciones. Así, el juicio continuará el 4, 5, 18 y 19 de diciembre en el Colegio de Abogados antes de la feria judicial. La sentencia definitivamente estará para 2019.
Ayer, el primero en hablar en la continuidad de los alegatos de la querella fue Franco Catalani quien afirmó que los represores “sabían lo que hacían” porque “se preparaban para eso, adquirían una instrucción antes de entrar al Ejército o la Policía, y hacían carrera”.
Contra los argumentos planteados por la defensa y por los represores en sus declaraciones, Catalani aseguró que “la obediencia debida no es causa exculpatoria” y resaltó que “existió” un plan sistemático de “genocidio y de imposición del terror. No fueron hechos aislados”.
Sobre los dichos de los acusados, agregó que “nosotros refutamos eso de que los testigos mintieron, es inverosímil e imposible que 170 personas se confabulen para perjudicarlos”.
Por otro lado, el abogado destacó que “es importante no naturalizar el instrumento de las torturas” en referencia a la utilización de picanas eléctricas que “necesitaban la presencia de profesionales de la salud que puedan coordinar el uso de ese aparato para que la persona no se me muera”. En el actual juicio, el único médico acusado es Máximo Pérez Oneto.
También se refirió a un grupo de 11 personas que pertenecían a la Federación de Agrupaciones Universitarias de Izquierda (Faudi) y que fueron secuestrados y torturados por su actividad política en la UNLPam. Principalmente acusó a Luis Baraldini, Oscar Yorio, Néstor Cenizo y Carlos Reinhart por asociación ilícita, secuestros, tormentos y genocidio.

“Aparato del terror”.
El querellante luego mencionó las detenciones ilegales de docentes del colegio secundario “José Ingenieros” y vecinos ocurridas durante el operativo represivo realizado por militares y policías, el 14 de julio de 1976, en la localidad de Jacinto Arauz.
“Ahí se ve con claridad cómo funcionaba el aparato del terror y la doctrina de la seguridad nacional que convierte a todos en sospechosos y posibles delatores”, indicó Catalani. Además, recordó que en el procedimiento intervino el Servicio de Inteligencia de la Marina, que brindó la información al Ejército.
Resaltó que “nada sucedió al azar, estas personas (por los militares) estaban preparadas, se quería eliminar una forma de proyectar una sociedad en común”. Por su intervención en el procedimiento, se imputó a Greppi, Baraldini, Juan Gatica, Cenizo, Oscar “Miseria” López, y Athos Reta.

Docente secuestrada.
Sobre el secuestro de la docente de la escuela rural de Paso de los Algarrobos, Zulema Arizo, ocurrido el 23 de mayo de 1978, estando la víctima embarazada, el abogado acusó a Baraldini, Luis Lucero y Jorge Quinteros. Hugo Marenchino, involucrado en este juicio, ya fue condenado por la detención ilegal de la maestra en el juicio de 2010.
Por último, Catalani se refirió a las detenciones de los periodistas Raúl D’Atri, Nelson Nicoletti, Juan Carlos “Pinki” Pumilla, Ricardo Di Nápoli y Saúl Santesteban. Por estos casos y los delitos de asociación ilícita, secuestro agravado y tormentos, fueron acusados Baraldini y Greppi.

Médicos “perseguidos” por militares
El abogado Maximiliano Corroinca, querellante por el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, se refirió al desmantelamiento del Servicio Provincial de Salud, que se creó en 1974, y a los médicos que fueron “perseguidos” por los militares en La Pampa.
Afirmó que el Servicio fue “un ícono” junto a la UNLPam “de los operativos llevados adelante por el grupo de tareas de la Subzona 14 para destruir proyectos políticos que se estaban desarrollando en la provincia”.
Además, manifestó que “a finales de 1975 fue intervenido” el Servicio de Salud, antes del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, cuando los médicos Jorge Irazusta, Alfredo Otálora de la Serna, Américo Taborda, Stella Truoll, entre otros, fueron detenidos.
Corroinca también recordó que la comunidad informativa, con integrantes de la sociedad civil, de colegios de profesionales y de la Iglesia “marcaron a las personas que era necesario secuestrar para impedir que se lleven adelante los proyectos políticos de la provincia”.
Dijo que “el proyecto provincial de salud entendía al servicio de Salud Pública desde un lugar preventivo, integral y universal” y “sacaba la cuestión económica” de la relación entre el médico y el paciente.
Por los secuestros de los profesionales, el abogado acusó principalmente a Luis Baraldini, ex jefe de la Policía, y a Néstor Greppi, ex secretario general de la Gobernación.
Corroinca señaló que el Servicio de Salud se había impuesto también en Río Negro y Neuquén y que en La Pampa tuvo “resistencia” del Colegio Médico que se opuso” a su implementación, como declararon las víctimas.
Dijo que “Baraldini se creía dueño de la vida y muerte de las personas” y recordó las palabras de Irazuzta quien era director del Servicio y fue detenido en 1975, y en el debate señaló que el plan se detuvo porque “acababa con el negocio de la medicina”.
Por otro lado, el abogado habló sobre los secuestros y torturas que sufrieron los gremialistas Jesús Oscar Rodríguez -matadero Municipal-, Miguel Angel Maldonado -Gremio Municipal-, Augusto Máximo Menghi -Delegado de la construcción-, Oscar Mario Montes de Oca -CPE- y Roberto Oscar Coronel -Federación de la Carne-. Por ello, acusó Baraldini, Greppi y Carlos Reinhart -por un caso-. Les imputó en todos los casos también la figura de genocidio.