“Papel cero” en las causas del fuero penal de La Pampa

UNICA PROVINCIA CON DIGITALIZACION ABSOLUTA DE EXPEDIENTES

Desde el 1 de noviembre el papel dejó de existir definitivamente en el fuero penal de la Justicia provincial, y todas las causas se tramitarán electrónicamente a través del llamado Sistema Informático de Gestión de Legajos Penales, según informó el Superior Tribunal de Justicia.
El proceso de despapelización -o “papel cero”- se da en el marco de una política institucional del STJ de incorporar nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’S) a los procesos judiciales, y concluyó con la conformación del legajo electrónico en todas las etapas del procedimiento penal. En la práctica significa que cualquier actuación debe validarse a través de la citada plataforma.
En este contexto, resaltó el STJ, La Pampa pasará a ser la única provincia que combinará el sistema procesal más moderno (acusatorio) con la digitalización absoluta de los expedientes. Si bien la Patagonia, en general, es la región más avanzada en la implementación de ese sistema y las provincias que la integran fueron aprendiendo unas de otras a partir de sus experiencias particulares; “lo inédito del método pampeano es que, además, solo tendrán valor los documentos digitales y que todas las partes del expediente (fiscales, defensores, querellantes, peritos, policías) podrán trabajar simultáneamente por tratarse de un sistema informático único”.
El abandono del formato papel no se produjo intempestivamente, sino que se trató de una transformación paulatina, donde cada paso se fue acordando con los distintos operadores del sistema, incluyendo al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa.
Desde el jueves, entonces, se puso en práctica el acuerdo 3563 del Superior Tribunal de Justicia aprobando las pautas básicas del uso del SIGeLP. Este texto, refrendado por los cinco ministros que integran el cuerpo, había definido que su obligatoriedad regiría a partir el 1 de noviembre.

Sistema.
El punto de partida de esta nueva metodología habría que fijarlo en el 1 de marzo de 2011 cuando, en la Provincia, comenzó a regir el nuevo Código Procesal Penal, ya que para su implementación operativa el Poder Judicial desarrolló -con recursos humanos y tecnológicos propios- el novedoso Sistema Informático de Gestión de Legajos Penales.
Desde ese momento se fueron superando etapas a partir de las sugerencias de los propios usuarios, permitiendo el mejoramiento del sistema y su adecuación a las necesidades propias del proceso penal. Así fue que, en principio, al SIGeLP lo utilizaron exclusivamente por los operadores internos, a posteriori se sumaron los externos y desde el 1 de octubre de 2014 se añadió el procedimiento de notificación electrónica.
“Pero si hubo una medida que terminó de cohesionar este método de trabajo fue la implementación, a fines de 2016 y por resolución del STJ, del mecanismo de expedición de órdenes de allanamiento por vía electrónica. Esa medida no solo ha permitido continuar agilizando y acortando los tiempos de la tramitación de los expedientes penales, sino que además mostró un trabajo mancomunado y coordinado entre jueces, fiscales, defensores y policías, que persiste al día de hoy”, expresaron.

Efecto multiplicador.
“El soporte electrónico al que se apunta, aporta un nuevo efecto multiplicador en el uso de la información y aumenta la eficacia por el acceso simultáneo que los litigantes pueden tener de un caso, sin necesidad de tener físicamente el expediente papel para acceder a la información”, señaló el Superior Tribunal en la acordada 3563, añadiendo que “el objetivo principal de aprovechar las tecnologías es maximizar los beneficios que su uso permite como sistema interactivo e inteligente que contenga información de calidad”. Además remarcó que otra de las ventajas es la de “poner de relieve la lectura online y simultánea de todo el legajo por las partes”.

Eficiencia y economía
La utilización del SIGeLP no solamente redunda en la reducción de los tiempos procesales, sino en un ahorro económico. “Su uso como herramienta de gestión incrementa la eficiencia de la estructura del Poder Judicial, reduciendo costos a través del uso de notificaciones electrónicas a los profesionales del Derecho, y otros muchos beneficios en el uso de los recursos”, puede leerse en el acuerdo que firmaron los miembros del STJ.