Piden por restricciones a condenados

El bloque de diputados provinciales de la UCR propuso que aquellas personas condenadas por sentencia firme por violencia contra la mujer por cuestiones de género o por violencia familiar no puedan ser candidatas a cargos electivos provinciales o municipales, ni ser designados funcionarios públicos, ni ser contratistas del Estado o integrantes de los órganos autárquicos o empresas estatales. Tampoco podrán recibir acuerdo las personas postulantes a magistrados o funcionarios del Poder Judicial.
La autoridad de aplicación de la ley que impulsa el radicalismo sería el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, o la unidad de organización que en el futuro lo reemplace.

Erradicación de violencia.
La iniciativa tiene por objetivo «ser una herramienta más para complementar la erradicación de la violencia dentro de las políticas públicas que viene llevando adelante el Estado provincial». «Es un mecanismo para impedir que las personas violentas se desarrollen en ámbitos públicos con total inpunidad, o dicho de otra forma, para que el Estado no sea cómplice de las personas violentas», añadieron en la presentación del proyecto.
En los fundamente, los legisladores sostuvieron que «durante esta pandemia, el 40% de las condenas en la provincia de La Pampa fueron por causas de violencia de género o doméstica, según un relevamiento realizado por la Secretaría Técnica del STJ, aunque si a ello se le sumaran los abusos sexuales, se superaría el 50%».
También destacaron que «existe derecho comparado en la materia» y citaron la existencia de leyes de similares características en Chaco, Santa Crfuz, Neuquén y Córdoba.
Asimismo, la iniciativa propone invitar a sumarse a las cámaras empresarias, colegios y consejos profesionales, para que instituyan en caso de ser aprobada, la solicitud de certificado de no inscripción en el Registro Único de Personas Violentas como antecedente laboral.