Piden que Borthiry denuncie el “lobby”

La polémica que se generó a partir de la ordenanza que impulsó el municipio para que empresas privadas puedan instalar antenas de comunicación 4G en los espacios públicos, sigue levantando polvareda. Ahora, la diputada provincial de Cambiemos, Josefina Díaz, presentó un proyecto en la Legislatura para que el ministro de Desarrollo Territorial, Martín Borthiry, “ratifique o rectifique” sus dichos acerca de la presión que habría recibido por parte de empresas vinculadas a Angelo Calcaterra, para que puedan instalarse en los municipios de la provincia.
El ministro había revelado, en una entrevista periodística, que empresarios relacionados al primo del presidente Mauricio Macri, le pidieron que haga “lobby” en los municipios para que puedan colocar antenas 4G, y que él, “por supuesto”, les dijo “que no”.
Esta situación que Borthiry exteriorizó en los medios constituiría una actividad delictiva, que todo funcionario por ley tiene la obligación de denunciar ante la Justicia. Por tal motivo, la legisladora solicitó que se rectifique o se ratifique.
Si el funcionario elige la segunda opción, Díaz advirtió que, entonces, cumpla “debidamente con sus obligaciones de funcionario público, y tal como lo indica el art. 279 del Código Procesal Penal, y en orden de lo indicado, proceda a la formulación de la denuncia criminal, en orden de su eventual conocimiento de una actividad delictiva”.
Por lobby se entiende que es un “grupo de presión formado por personas con capacidad para presionar sobre un gobierno o una empresa, especialmente en lo relativo a las decisiones políticas y económicas”. Esto constituiría una “actividad delictiva”,
De ser así, expresó la diputada, “lo que livianamente se expresa en los medios constituye un delito por parte del funcionario que lo sabía y ocultó, lo cual hasta amerita la actuación de oficio del fiscal”.
También, indicó que “no puede resultar más importante para un funcionario público la información a los medios de prensa, en lugar de su necesaria concurrencia a formular la denuncia de los hechos”.
En este sentido, la diputada expresó: “En orden a la gravedad institucional por el cúmulo de acciones y omisiones que se observan, solicitamos urgente tratamiento del proyecto”, declaró y finalizó advirtiendo que “si el mismo no es con la urgencia que amerita, nos reservaremos el derecho de ir a la Justicia”.