Piden un juicio contra siete represores por delitos sexuales

SUBZONA 14

El fiscal federal de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, presentó el requerimiento de elevación a juicio parcial sobre siete imputados, investigados por privaciones ilegítimas de libertad, seguidas de cautiverios y aplicación de tormentos y vejaciones, en perjuicio de 196 personas.
Se trata de la tercera parte de la causa denominada “Subzona 14” en la que se acusa a un grupo de represores pampeanos por los hechos cometidos en los centros clandestinos de detención que operaron en el ámbito del Comando Militar Subzona 14, entre 1975 y 1982, en la provincia de La Pampa.
La fiscalía solicitó el enjuiciamiento de Néstor Greppi -ex coronel del Ejército quien cumplió el rol de Secretario General de la Gobernación entre marzo de 1976 y enero de 1977-; Luis Enrique Baraldini -ex mayor del Ejército quien prestó funciones, entre marzo de 1976 y hasta noviembre de 1979, como jefe de la Policía de La Pampa-; Jorge Omar De Bartolo -ex capitán del Ejército y responsable de la Sección Logística (S4) del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101, de Toay, durante 1976-; y Roberto Oscar Fiorucci -comisario de la Policía de La Pampa y jefe de Informaciones del “Grupo de Trabajo” de la Subzona 14-.
También están incluídos Carlos Roberto Reinhart y -ex comisario retirado e integrante del “Grupo de Trabajo” de la Subzona 14.-; Gerardo José Jáuregui -ex mayor, jefe de la Sección Operaciones (S3) del Destacamento 101- y Humberto Riffaldi -ex comisario retirado y jefe del Departamento de Informaciones de la policía pampeana, entre marzo de 1976 y enero de 1981, cuando comenzó a desempeñarse como jefe del Departamento de Operaciones de esa fuerza policial-.
Actualmente, la mayoría de los acusados afrontan el segundo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la provincia ante el Tribunal en lo Criminal Federal de Santa Rosa.
Los siete acusados, según la fiscalía, participaron en sucesivas detenciones ilegales, seguidas por el cautiverio y aplicación de tormentos y vejaciones -mediante el accionar conjunto y coordinado militar y policial- de ciudadanos acusados de participar en actividades “subversivas”, quienes eran trasladados a distintos centros clandestinos de detención.
Los centros clandestinos funcionaron en la Comisaría Primera, la Brigada de Investigaciones, la Jefatura de Policía, la Comisaría Segunda -de Santa Rosa-, la Comisaría Primera de General Pico, la Comisaría y en el Puesto Caminero de Jacinto Aráuz, y la Comisaría de Catriló -todas ellas pertenecientes a la Policía de La Pampa-, la Delegación Local de la Policía Federal Argentina -con sede en Santa Rosa- el Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101 “Libertador Simón Bolívar” del Ejército Argentino y las Unidades carcelarias 4 y 13 del Servicio Penitenciario Federal.

Abusos.
Así, en base a los diversos testimonios y pruebas recabadas en la investigación, el fiscal Gómez Barbella consideró que Jáuregui y De Bartolo deben ser enjuiciados como coautores del delito de asociación ilícita, y coautores mediatos de los delitos de privación ilegal de la libertad en su carácter de funcionario público en concurso real con imposición de tormentos.
Asimismo, en relación a Greppi, Baraldini, Fiorucci y Reinhart solicitó que fueran sometidos a juicio como coautores mediatos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por haberse cometido con violencias o amenazas, en concurso real con imposición de tormentos y abuso sexual deshonesto con acceso carnal.
Finalmente, el fiscal federal de la capital pampeana pidió el enjuiciamiento de Riffaldi como, coautor de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por haberse cometido con violencias o amenazas y con una duración de más de un mes.
La investigación sigue ante el Juzgado Federal de Santa Rosa y el pedido de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal fue parcial, ya que todavía queda por analizar la responsabilidad de otros veintiséis implicados en la privación ilegal de libertad, secuestros y torturas de 33 personas que se manifestaban, el 22 de enero de 1975, dentro de la Unidad Tecnológica Nacional de General Pico.
Después de la presentación de la fiscalía, ahora se correrá vista a las defensas que tiene un plazo de seis y si no oponen excepciones, se avanzará con el enjuiciamiento.