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Pidieron dos años para el ex fiscal sustituto Fassina

POR ESPIAR EXPEDIENTES QUE NO ERAN DE SU COMPETENCIA

El fiscal General Guillermo Sancho, solicitó al tribunal que se condene a Fernando Iván Fassina a dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación especial para ocupar cargos de empleo público; en tanto para Romina Fernández pidió un año y tres meses de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. Las defensas reclamaron la absolución al considerar que no cometieron delito al ingresar con su clave a expedientes judiciales que no eran de su competencia, y que en todo caso pudo haber a lo sumo «una falta administrativa».

Falso testimonio.
Pero el fiscal general fue más allá, y pidió se investigue por falso testimonio a la abogada Silvia Lorena Catoia, que actuó en una causa que le había dejado a cargo Romina Fernández cuando ingresó como sustituta en la Justicia. Catoia fue testigo en el juicio, y para el fiscal habría tenido algún dato para realizar una presentación judicial en una causa.

Participaron del juicio.
El tribunal de Audiencia está conformado por los jueces Daniel Sáez Zamora, Carlos Besi y la jueza de audiencia Alejandra Ongaro. Representando al Ministerio Público Fiscal, estuvieron presentes el fiscal General Guillermo Sancho y el prosecretario Cristian Much.
Fassina y Fernández -ambos ex fiscales sustitutos, en Santa Rosa y General Acha, respectivamente- fueron acusados de ingresar, mediante el sistema informático, a una serie de legajos que no tenían asignados, para conocer detalles de esas investigaciones bajo interés personal y no funcional.

Para Sancho, está probado.
Ayer fue el momento de los alegatos en el juicio que se le sigue a los ex fiscales sustitutos, y el fiscal general Guillermo Sancho los acusó de incumplimiento de deberes de funcionario público: consideró probado que ambos ingresaron a legajos de clientes que habían tenido en la actividad privada.
Tanto el abogado Mario Aguerrido -representando a Fernández-, como Fassina que ejerció su propia defensa, solicitaron la absolución por entender que no hubo delito, y en todo caso pudo constituirse una falta administrativa. Arguyeron que no se pudo comprobar que los ex fiscales hubieran utilizado información obtenida mirando expedientes que pudieran entorpecer el accionar de la Justicia.

Ingresaron a los legajos.
La sospecha era que se estaba filtrando información en investigaciones relacionadas en el caso conocido como el «Crimen de Villa Martita». En esta causa está condenado como autor intelectual Carlos Luján Sosa.
Según Sancho quedó probado que Fassina y Fernández habían ingresado a cuatro legajos en los que no eran parte y donde aparecían clientes suyos de la actividad privada antes de ser fiscales sustitutos.

Desestimó la versión de Romina Fernández que dijo haber ingresado a los legajos por miedo -«estaba aterrorizada», declaró-, porque quería saber de la posible vinculación de un cliente suyo -Matías Andrada- con el mencionado Sosa.
«Es poco creíble», expresó Sancho, que además mencionó que con datos obtenidos la abogada Catoia -que reemplazaba a Fernández en aquella causa en el ámbito privado- presentó un recurso.

Sancho no le cree a Fassina.
Sancho tampoco le creyó a Fassina: «No ingresaba a los legajos porque quería aprender… esto no es una escuela», disparó.
Después descartó el argumento del ex fiscal sustituto que sugirió que alguien podía haber «logueado» su clave para ingresar en los expedientes: «No resiste el menor análisis», dijo, a la vez que vinculó a Fassina «directamente con Sosa. Tenía un interés particular», completó.
contestó.
El fiscal general sostuvo en su acusación que los dos ex fiscales habían faltado a la Ley de Ética Pública, y que habían perjudicado la «credibilidad» de la Justicia.

«No se probó nada».
Mario Aguerrido alegó lo que le había dicho antes a este diario: «No hay ningún delito», porque a su criterio «no se sabe cuál fue el daño provocado en los procesos judiciales. No se probó nada», enfatizó.
El defensor de Romina Fernández señaló que se armó «una especulación cinematográfica», y advirtió que «la vida de mi defendida está jaqueada. El daño ya está hecho». Dijo que la ex fiscal ingresó al sistema porque tenía miedo y quería saber si un cliente tenía vinculación con el condenado por el crímen de Villa Martita.

Fassina dixit.
Fernando Fassina, que actuó como su propio defensor, argumentó que «esto no es delito en ningún lugar del mundo. No hubo perjuicio a la actuación de la justicia. No hay una ley que impida mirar un legajo. ¿Qué ley incumplí? No está prohibido», se defendió.
Agregó que lo echaron de la función «sin saber por qué. Me enteré por el diario».
Indicó que se trató de «una gran novela, un gran disparate de Sancho».

¿Encono, por qué?
No dejó de llamar la atención que Fernando Fassina haya atribuido la imputación a «un encono y una paranoia» del fiscal general Guillermo Sancho hacia él. «Es un despropósito que estemos acá», dijo el ex fiscal sustituto.
El mismo Fassina recordó que «en otra área» judicial, también el año pasado, se comprobó el caso de una empleada que había ingresado al sistema para mirar algunos expedientes y que solamente resultó sancionada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con cinco días de suspensión.
Por su parte el abogado Mario Aguerrido también dijo lo suyo: «Esta es una causa innecesaria. Acá hay una cuestión personal», completó.
La pregunta que queda flotando es: ¿Encono por qué razón?