Pidieron seis años para Cabak

El intendente Jorge Luis Cabak (57) y el ex jefe policial Hugo Mario Iglesias (47) declararon este lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa, en el juicio oral y público que afrontan por el funcionamiento del cabaré "La Chicho Show" de Macachín. Los hechos que se investigan por los delitos de trata de personas ocurrieron entre enero de 2006 y agosto de 2011.
El juicio oral y público continuó este lunes con la presentación de los alegatos. El jefe comunal declaró finalmente ante los jueces del TOF, Pablo Díaz Lacava, Mario Triputti y Marcos Aguerrido, pero no aceptó preguntas de la fiscalía. Sí lo hizo de su abogada defensora, Mirta Brown, y antes de las preguntas dijo que "nunca violó una norma", al mismo tiempo que aseguró que "siempre estuve a favor de cerrar estos locales nocturnos". Iglesias, en sus palabras, contó pasajes de sus años como comisario en la localidad y los procedimientos que se hicieron en torno al local nocturno. Finalmente el fiscal federal, Leonel Gómez Barbella, presentó testimonios de tres testigos: la palabra de una mujer anónima, quien dio declaraciones que fueron el puntapié para que inicie la investigación por trata de personas; más las transcripciones de las declaraciones de las víctimas Patricia Mariel Gil y su marido, Raúl Lobo.
Luego el letrado pidió que el intendente sea condenado a seis años de prisión por ser "partícipe necesario del delito de trata de personas, triplemente agravado por su condición de funcionario público, por ser tres o más las víctimas y por ser tres o más los autores implicados". También pidió "que sea inhabilitado para ejercer cargos públicos".
La misma cantidad de años solicitó como pena para el ex jefe de la comisaría macachinense.
En cuanto a los demás acusados, Luis Daniel De Luca (61) y Esmundo Blas, comerciantes y dueños del local, Gómez Barbella pidió una pena de 7 años en calidad de coautores, mientras que para Leandro Ariel Otero (47), transportista; Oscar Moya (55), remisero y Maximiliano Daniel De Luca (31), comerciante; solicitó 5 años de prisión por ser partícipes necesarios.

"Nunca me negué".
Cabak declaró frente al TOF y dijo: "nunca violé una norma. Siempre estuve a favor de cerrar estos locales nocturnos", y se excusó en que "en 2009 me encontré con 'la máquina de impedir'". De esa forma calificó al Concejo Deliberante, con mayoría de ediles del Frepam, porque "el Concejo nunca me dejaba avanzar".
"El Frepam optó por la regularización de la actividad, cuando el bloque mío (el PJ) buscaba prohibirla. Había que hacer una ordenanza como había hecho Santa Rosa. Luego llegó la circular de la Secretaría de Derechos Humanos (que envió a todas las comunas para que adopten la medida de la capital provincial), y el Frepam sacó otra ordenanza por unanimidad".
En este sentido recordó que en el año 2011, cuando logró ganar el Concejo y también el Juzgado, sacó al rubro cabaré de la tarifaria: "nunca me negué a cerrarlo, no tuve las herramientas para hacerlo", se excusó y dijo también que "según la Ley Orgánica de Municipalidades, para la Provincia tener un cabaré era un negocio lícito por los ingresos brutos, así fue hasta que la Cámara de Diputados lo derogó, en el año 2006".
Finalmente, su defensora le consultó "¿Cuándo ya no habilitaron los cabaré, seguía firmando libretas sanitarias?", a lo que respondió "No, de ninguna manera".

"Jamás tuvimos reclamos".
Antes de los alegatos declararon el Comisario Mayor Hugo Iglesias y Cabak. El ex jefe policial de Macachín (desde 2007 hasta 2012, actualmente apartado de la fuerza por esta causa) recordó su llegada a la localidad; confió que el pueblo estaba sufriendo muchos ilícitos y por ello sus superiores le pidieron que se hiciera cargo de la comisaría.
Tras una serie de relatos sobre su función al llegar a su nuevo trabajo (antes estuvo en General Pico) se le pidió que explicara los trabajos (procedimientos y controles) que se hacían por "La Chicho Show". Fue allí cuando la defensora Mirta Brown le consultó si "¿Trabajaban mujeres en 'La Chicho Show'?"; a lo que Iglesias respondió que "sí, trabajaban, sólo debían tener documentación. Si era una mujer extranjera debía tener la documentación, todo lo necesario de migración, la residencia (precaria, transitoria y permanente) pero si estaba en irregularidad se labraba un expediente que iba al área de Policía Migratoria", explicó el efectivo.
También se le consultó sobre su participación en el allanamiento que se hizo en donde funcionaba el cabaré. Ahí trabajó la Brigada y confió que fueron junto al Equipo de Abordaje de Incidentes Críticos. Sin embargo cuando llegaron no había nadie.
Según supuso "el cabaré funcionó hasta un mes (o poco más de dos semanas) antes de que se haga el allanamiento", en agosto del año 2011.
Ante la consulta del fiscal, sobre los controles preventivos tras la sanción de la Ley de Trata, dijo que ellos -los policías- se abocaban "a la identificación de personas", mientras que, ante una consulta del juez Mario Triputti, dijo que "había muy buena relación con intendencia, jamás tuvimos un reclamo o a alguien que haya dicho algo sobre el lugar".