Inicio La Pampa Presos: "Usan la causa como arma de presión"

Presos: «Usan la causa como arma de presión»

EL SPF SE NIEGA A RECIBIR A CONDENADOS PAMPEANOS

El recurso de «habeas corpus» presentado hace dos semanas por defensores oficiales de General Pico, y la orden de un juez de control de ampliar la capacidad de detención de las comisarías pampeanas, remite a una polémica ocurrida hace un año y medio, cuando esta misma situación provocó denuncias cruzadas entre jueces pampeanos y federales. Desde entonces y hasta la fecha en nada se avanzó, ni en normalizar la situación de los condenados pampeanos -que purgan su pena en condiciones irregulares- ni en las causas penales que surgieron tras el contrapunto judicial.
La orden emitida la semana pasada por el juez de control de General Pico, Heber Pregno, no es sino reflejo de la misma situación ocurrida entre mayo y junio del año pasado, cuando los jueces de ejecución penal de nuestra provincia, Mauricio Pascual, de General Pico, y Martín Savaria, de Santa Rosa, ordenaron al Servicio Penitenciario Federal que recibiera a condenados por la Justicia provincial, porque es su función y por que está vigente un convenio por el cual el gobierno pampeano construyó un pabellón en la Colonia Penal para este fin, con capacidad para 300 internos.
Ante la negativa del Servicio Penitenciario, los jueces provinciales ordenaron al director de la Unidad 4, Colonia Penal, Hugo Almeida, que no acepte más presos que no sean pampeanos ya que, a estar por los hechos, las plazas que corresponderían a pampeanos estarían siendo destinadas a otras jurisdicciones.
A raíz de esta orden, el titular de la U-4 informó al presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Pablo Díaz Lacava, quien llevó la inquietud de Almeida ante el fiscal federal general, Leonel Gómez Barbella, quien a su vez impulsó una acción penal para determinar si habo ó no delito por parte de Pascual y Saravia, y para la cual habría requerido la revisión de los convenios existentes entre la Provincia y Nación como primera medida.

Nada ha cambiado.
Transcurrido año y medio, la situación vuelve a presentarse y con los mismos ingredientes. Los condenados por la Justicia pampeana no pueden cumplir debidamente su condena, como ordena la ley, y ante la negativa del SPF deben transcurrir el proceso en calabozos de comisarías y alcaidías, que no están preparados para ello.
Según informó a principios de esta semana el jefe de la Policía provincial, Roberto Ayala, en este momento las comisarías y alcaidías albergan a 380 personas, de las cuales 142 son condenados con sentencia firme (son los que deberían estar bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal); 238 tiene prisión preventiva mientras que 63 gozan de prisión domiciliaria.
La capacidad real que tiene la Policía provincial para albergar a detenidos -o sea personas cuya situación legal está a definirse, nunca condenados- es de 266 personas. Por ello, ese total de 380 produce la sobrepoblación que plantearon los defensores oficiales y que motivó la intervención de los jueces de ejecución penal Pascual y Saravia y del juez control Heber Pregno, que fue quien dispuso que la Policía estudie la posibilidad de mejorar las condiciones de detención en sus unidades.

Causa latente.
La situación de los detenidos no ha cambiado pero tampoco ha avanzado la causa que la Justicia Federal impulsó contra los jueces pampeanos y que desde un principio se percibió como una reacción para frenar la embestida contra el Servicio Penitenciario Federal.
«Obviamente que fue una medida de extorsión, para contener a los jueces y que no hagan lío, no reclamen», analizó una persona muy cercana al expediente.
«Ese delito, abuso de autoridad, no puede ser juzgado por un juez federal sino que eventualmente es motivo de un jury», acotó, ejemplicando la irracionalidad del planteo. «El abuso de autoridad (de los jueces pampeanos) nunca existió, es un forma de presionar».
«Si la causa es procedente, ¿por qué no la activan y marcha más rápido?; y si no es para hacer una causa penal, ¿por qué no la desestiman?», se preguntó la fuente, sopesando los dos posibles destinados del expediente. «Es evidente que la tienen ahí, latente, dando vueltas, para usarla como elemento de presión», concluyó.