Jueves 11 de abril 2024

Procesaron a Bravo por el caso del prostíbulo

Redacción 01/08/2018 - 01.26.hs

El ex intendente de 25 de Mayo, David Bravo, fue procesado por la justicia federal de Santa Rosa, acusado del delito de trata de personas e incumplimiento de deberes de funcionario público por habilitar y sostener el cabaré "Venus". También procesaron a la dueña del local y a dos comisarios. Sobre Bravo ya pesa una condena de 7 meses por el mismo delito en otro cabaré.
Altas fuentes judiciales confirmaron ayer que la jueza subrogante del Juzgado Federal de Santa Rosa, María Gabriela Marrón, procesó al ex intendente de 25 de Mayo, David Bravo, por el delito de partícipe de trata de personas e incumplimiento de deberes de funcionario público. Le imputan su participación en el sostenimiento del cabaré "Venus". Hasta el momento, el ex jefe municipal tiene sobre sus espaldas una condena de 7 meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
En el mismo sentido, fue procesada Nurys Antonia Caraballo Castillo, como autora del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años, mediando abuso de la situación de vulnerabilidad en concurso ideal con el delito de sostenimiento de una "casa de tolerancia".
Asimismo, los comisarios Héctor Daniel Rosane y Miguel Angel Oyarse también fueron procesados por el delito de encubrimiento agravado. Por su parte, la Justicia Federal trabó un embargo por un millón de pesos sobre los bienes de Bravo y de Caraballo Castillo, y de 200.000 pesos sobre los bienes de los funcionarios policiales.

 

Fallo.
Según el fallo, los hechos endilgados a Bravo se refieren al otorgamiento el 1º de octubre de 2008 de una licencia comercial para un local llamado "Venus", bajo la denominación de cabaré y su mantenimiento mediante renovaciones sucesivas hasta el 31 de diciembre de 2012, pese a que el 29 de septiembre de 2010 el propio funcionario había promulgado una ordenanza que prohibía la habilitación de cabarés, whiskerías, clubes nocturnos y night clubs, por considerarse la "necesidad urgente de tomar medidas contra la trata de personas con fines de explotación sexual".
Por esta razón, la jueza consideró su participación en el acogimiento de más de tres mujeres, mayores de 18 años, para su posterior explotación sexual y obtención de provecho económico.

 

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