Reinhart negó todas las imputaciones

Comenzó ayer la ronda de declaraciones de los ex militares y ex policías acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en La Pampa, en el marco del juicio de la causa denominada Subzona 14 II, en la que se investigan más de 200 casos ocurridos antes y después del golpe militar de 1976.
El primero en prestar declaración desde el banquillo de los acusados fue Carlos Roberto Reinhart (67), quien está imputado por los delitos de asociación ilícita, secuestro y tortura en perjuicio de 35 personas. El ex oficial cuestionó a las víctimas, a las que calificó de "fabuladores" y "mentirosos", y habló de "relatos convenidos". No aceptó preguntas del fiscal Leonel Gómez Barbella ni de los querellantes Franco Catalani, Maximiliano Corroinca y Juan Resia.
El acusado -el único represor en prisión-, apodado "el Carnicero", es señalado como partícipe en forma activa en procedimientos ilegales, aplicando sesiones de picana eléctrica a los detenidos. Reinhart habló durante más de cuatro horas ante la atenta mirada de las partes, la defensa, la querella, la fiscalía e incluso, Raquel Barabaschi y Juan Carlos Pumilla, dos de sus víctimas.
Durante su exposición, dijo que la denuncia de Antonio Ponce es "falsa" porque no estuvo a disposición de la Subzona 14 "ni fue un perseguido político". Luego, hizo referencia a la detención de Stella Maris Barrio, afirmando que "no existe evidencia de alguna manifestación de haber sido abusada", y rechazó acusaciones de detenidos del Partido Comunista.
Además, al responder cada una de las acusaciones en su contra, en varias oportunidades acusó a las víctimas de mentir y de armar un "relato" para buscar una indemnización estatal.
Está imputado por los casos de Barabaschi, Pumilla, Américo Pracilio, Rafael Alaggio, Nelly Razzini, Dora Correa, Luis Vitale, Alberto Regazzoli, Zelma Rivoira, Rosalinda Gancedo, Stella Maris Barrio, Oscar Montes de Oca, Sergio Baudino, Rafael Guardia, Inocencio Rodríguez, Arturo Rodríguez, Abel Rodríguez, Delfor Rodríguez, Julio Centurión, Omar Garrido, María Coronel, María Rodríguez, Ponce, Jorge Finiello, Dardo Hernández, Carlos Ghezzi, Alberto Larrañaga, Adrián Di Santo, Nicolás Navarro, Hugo Ferrari, Juan Carlos Haddad, Roberto Santajuliana, Pedro Molinero y Roberto Coronel.

Una defensa pobre.
Sobre Coronel, Reinhart manifestó que "la acusación en mi contra es gratuita y sin fundamentos" y con respecto a Pumilla, agregó: "Estoy imputado falsamente (por apremios). Hay una voluntariosa e infundada denuncia". Cargó contra la fiscalía, al advertir acusaciones "tendenciosas", reiteró la existencia de imputaciones "falsas para engrosar la causa" y que las declaraciones de las víctimas son "antojadizas e interesadas".
El represor fue condenado en el año 2010 a 20 años de prisión, por 23 hechos de privación ilegal agravada por el uso de violencia y amenazas, y diez casos de aplicación de tormentos psíquicos y físicos. Fue señalado como quien manejaba la picana eléctrica en las sesiones de torturas del grupo de tareas que funcionaba en la planta alta de la Seccional Primera de Santa Rosa, el principal centro clandestino de detención en la provincia.
Las torturas se hacían de noche, con una radio en alto volumen. Según consta en la causa, a una de las víctimas (Mireya Regazzoli), el ex policía le manifestó que "se daba fuerza para torturar tomando whisky".
El Tribunal Oral Federal de La Pampa, que lleva adelante el debate oral y público en el Colegio de Abogados de Santa Rosa, dio paso después de varias horas a un cuarto intermedio hasta hoy a las 8.30 cuando continúen declarando los acusados.

Denuncia contra la fiscalía
Después de defenderse con total liviandad de las acusaciones en su contra, el ex policía Carlos Reinhart pidió al Tribunal Oral Federal que realice una auditoría por medio del Consejo de la Magistratura y que se informe a la Procuración por "las irregularidades" que denunció en su exposición contra la fiscalía federal.
Dijo que hubo "intento de fraude contra el fisco", en referencia al resarcimiento a las víctimas de la dictadura, y solicitó también que se informe a la Oficina Anticorrupción para que investigue la existencia del delito de corrupción. Así, después de varias horas, el represor, condenado en 2010 a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad, cerró su declaración, apuntando a las víctimas.