Represores sentenciados por la Subzona 14

A dos años del inicio del juicio oral y público contra los represores de la Subzona 14 II, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa inscribió otra página en la historia del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura en la provincia con la condena de 13 ex policías y ex militares. El 15 de octubre se conocerán los fundamentos de la sentencia a las 12 del mediodía.
En una sala colmada de público que en el cierre de la audiencia se retiró gritando "como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar", la lectura del fallo comenzó en forma puntual a las 11 y se extendió por unos 40 minutos, en los que el presidente del Tribunal, Pablo Díaz Lacava, leyó la sentencia 21/2019 que comprendió penas de entre 25 y 6 años de prisión y la absolución del ex policía Luis Horacio Lucero (sus hijas y esposa rompieron en llanto cuando escucharon ese punto de la sentencia). El Tribunal también está conformado por José Mario Triputti y Marcos Aguerrido.
Escuchando el pronunciamiento y enfrente a los represores, estuvieron algunas víctimas como Graciela Bertón, Juan Carlos "Pinky" Pumilla y Raquel Barabaschi, querellantes en la causa acompañados por los abogados Franco Catalani, Miguel Villagra y Juan Resia y los fiscales Leonel Gómez Barbella, Miguel Palazzani y José Nebbia. Entre otros, cerca, estuvieron Rafael Guardia, Mario Loriga, Alejandro Andrada y Hermes Accatoli. En la primera fila, también estuvo Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, el ministro de Gobierno, Daniel Bensusan y el secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello, el rector de la UNLPam, Oscar Alpa.
En principio, se dio lectura a la condena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua y contra el ex jefe de la Policía pampeana en la dictadura y ex mayor del Ejército, Luis Enrique Baraldini (80 años). El pronunciamiento del Tribunal originó gritos y aplausos que se escucharon en la sala desde la calle donde las organizaciones de derechos humanos seguían el veredicto. Es la primera vez que Baraldini, eje central de la aplicación del plan represivo, se sentó en el banquillo de los acusados. En el juicio de 2010, estuvo prófugo en Bolivia hasta que fue capturado en 2011. Fue condenado ahora por 214 delitos de lesa humanidad, asociación ilícita, secuestros y torturas.
Por otro lado, el ex coronel del Ejército y ex secretario general de la Gobernación en la dictadura, Néstor Omar Greppi (76), recibió también la pena máxima de 25 años de cárcel, por 91 casos. Actualmente cumple la condena de 20 años de cárcel dictada por el TOF en 2010. En los casos de Baraldini y Greppi el Tribunal coincidió con las penas solicitadas por la querella y la fiscalía. En tanto, el ex médico policial Máximo Alfredo Pérez Oneto (73) fue condenado por nueve casos a 16 mientras que se decidió su absolución en otros 13 casos. Para él, habían solicitado 25 años de cárcel también la querella y la fiscalía.

Más condenas.
Por 35 casos, fue condenado Carlos Alberto Reinhart (68), ex oficial de la Policía pampeana y con un rol protagónico en las detenciones ilegales y en las sesiones de tortura que se hacían en la Seccional Primera. Según la acusación, Reinhart era quien manejaba la picana en las torturas. Hoy es el único detenido en la Unidad 4 -en 2010 fue condenado 10 años-; el resto de los represores tienen prisión domiciliaria o están en libertad.
A 12 años de prisión, fue condenado el ex policía Athos Reta (82) por 34 hechos. Fue condenado a 12 años en el primer juicio de 2010 e integraba el grupo de tareas de la Subzona 14. La misma pena de 12 años recibió el ex policía Néstor Bonifacio Cenizo (63) -también fue condenado en 2010 a 14 años-, por 33 hechos. Era también integrante del grupo de tareas.
El ex policía Antonio Oscar Yorio (73) ahora fue condenado a 10 años de cárcel por 31 casos; el ex comisario Juan Domingo Gatica (71) recibió una pena de 12 años por 26 casos, al igual que Oscar "Miseria" López (75), por 23 hechos. López, ahora de apellido Melazzi, integraba el grupo de tareas y trabajaba en el área de Informaciones.
Además, el ex policía Hugo Roberto Marenchino (74) -en 2010 fue condenado a 8 años- recibió ayer una pena de 10 años de prisión por siete caso, al igual que Orlando Osmar Pérez (70) por 30 hechos aunque fue absuelto en un caso, con respecto a la acusación. Por último, el ex policía Jorge Osvaldo Quinteros (70) fue condenado a 8 años de cárcel por 4 hechos. Estuvo en la Seccional Primera y en la Escuela de Policía durante el período investigado y era apoyo del grupo de tareas. El ex policía Miguel Angel Ochoa (67) fue condenado a 6 años de cárcel por 4 casos. Trabaja en la Seccional Primera.
El ex comisario Lucero (66), en tanto, fue el único absuelto. Estaba acusado por participar del secuestro de la docente Zulema Arizo en la escuela de Paso de los Algarrobos, y de realizar tareas de Inteligencia en ese caso.
Los represores estuvieron ayer acompañados por la defensora oficial Laura Armagno, junto a Luciano Rodríguez del MPF, y los defensores particulares Pedro Mercado, Pérez Flores y Gerardo Ibáñez. En una audiencia, por primera vez se los vio juntos, cerca, a Baraldini y Greppi, partícipes importantes de la represión ilegal en La Pampa. Fueron condenados como coautores.

Planteos.
El TOF además rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas. Por unanimidad, los jueces consideraron calificar a la totalidad de los delitos como crímenes de lesa humanidad y por mayoría no hicieron lugar a la calificación de genocidio que solicitó la querella. Luego de que se diera a conocer la sentencia, los fiscales y los querellantes adelantaron que apelarán esa parte de la sentencia que rechaza el planteo y la calificación de genocidio. Los represores condenados no irán a prisión por el momento ya que quedan diversas instancias de apelación. Quedarán en la cárcel una vez que la condena quede firme.

Reparaciones.
Por otro lado, se resolvió comunicar las condenas a cada una de las víctimas de la dictadura en La Pampa y poner en conocimiento al Ministerio de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos, a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de La Pampa y al municipio de Santa Rosa como también al Colegio Médico de la Provincia los pedidos efectuados por las querellas como medidas reparatorias y garantías de no repetición.
En rigor, las querellas -que representan a Barabaschi, Pumilla, Guardia, Guillermo Quartucci, Bertón, la UNLPam, el PC y el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, pidieron que se nombren a las aulas del Colegio "José Ingenieros" de Jacinto Arauz con el nombre de las víctimas; que se requiera a la Corte Suprema un reconocimiento público al juez Juan de Dios Uncal y a cada una de las víctimas que pasaron por ese fuero como cobertura de los secuestros y persecución política; y que se ordene al Colegio Médico un acto de reconocimiento público y desagravio por el rol que ocupó la institución durante la represión.
Solicitaron que se ordene la reparación de los legajos de las y los trabajadores víctimas con el objetivo de reconocer y dejar asentado el verdadero motivo del cese de la relación laboral y pidieron a la Provincia que forme un espacio de la memoria en la Seccional Primera. También pretenden que se identifiquen los demás centros clandestinos como la ex Brigada de Investigaciones, ubicada en Raúl B. Díaz y Río Negro, la Jefatura de Policía, el Puesto Caminero de Jacinto Arauz y la comisaría local, y de General Pico, Catriló y Rancul; la Unidad 4 y 13 del Servicio Penitenciario Federal, y el Regimiento de Caballería de Toay.
Además, pidieron que se le exija al gobierno provincial la creación de un "reservorio digital" con la documentación del juicio de la Subzona 14 y también para que se inicie en el ámbito legislativo la reforma de la ley que regula a la policía y otras normativas vigentes. Por último, los querellantes solicitaron que se pida la habilitación al Obispado de Santa Rosa, como representante de la Iglesia Católica, para el acceso a los archivos entre 1975 y 1983 y que se haga lo mismo con la Delegación local de la Policía Federal y la Fuerza Aérea.

Una sentencia histórica del TOF
El fallo del Tribunal Oral Federal marcó un dato histórico y trascendental. Fue condenado el primer civil por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia. Se trata del ex médico policial Máximo Alfredo Pérez Oneto, que recibió una pena de 16 años por nueve acusaciones.
Pérez Oneto estaba en la Seccional Primera donde se realizaban las sesiones de torturas. Llegó allí a partir de 1975.
De acuerdo a la acusación, Pérez Oneto tenía contacto frecuente con los detenidos a disposición de la Subzona 14, y “lejos de honrar los mandamientos que juró defender a la hora de asumir su profesión de médico y, al menos, de intentar aliviar las consecuencias sufridas en las sesiones de tortura, mantenía o agravaba esas condiciones con su accionar u omitiendo realizar las curaciones o indicar los tratamientos correspondientes”.
Según un testimonio de Raquel Barabaschi, víctima, en una ocasión fue examinada por Pérez Oneto, quien le recetó unos comprimidos y a quien le mostró cómo tenía los pechos después de una de las sesiones de tortura. Le preguntó al médico por qué estaba así y él le respondió porque “no se las aguantaba”.
Otra declaración señaló que el médico presenció los interrogatorios y torturas que se realizaban en la Seccional Primera de Santa Rosa, y que era uno de los profesionales (junto al doctor Savioli) convocados para revisar a las víctimas después que eran golpeadas y picaneadas. Esa información no se volcaba a los libros de guardias para no dejar rastros, como sí hacían con los presos comunes, según consta en la causa.