Se cae la ordenanza anti-CPE

LA OPOSICION PRESENTO UN PROYECTO PARA DEROGARLA

La ordenanza que habilitó la instalación de antenas en los espacios públicos de la ciudad va camino al freezer. Así quedó en claro ayer luego de la sucesión de dos episodios que, por separado, tuvieron como principales actores a los bloques de concejales y concejalas de la oposición, por un lado, y del oficialismo, junto al secretario de Gobierno de la ciudad, Fernando Pina, por el otro.
Las bancadas del PJ, Frente Pampeano para la Victoria y Pueblo Nuevo se reunieron con el presidente de la CPE, Alfredo Carrascal, y más tarde, a través de un parte de prensa, el justicialismo anunció que apoyaría la derogación de la norma, tal como lo venía reclamando, hasta ayer en solitario, el concejal Miguel Bravo (Radical en Cambiemos).
Por la tarde, en una rueda de prensa realizada en el recinto del Concejo Deliberante, el bloque del Frepam, junto al secretario de Gobierno local, Fernando Pina, anunció que estaba dispuesto a “rediscutir todo” lo referido a la instalación de antenas en la ciudad de Santa Rosa, tanto las que ya están como las que puedan venir a futuro.

Con la CPE.
El presidente del bloque de concejales del PJ, Araldo Eleno, reveló ayer que la bancada está trabajando en la posibilidad de solicitar a sus pares el apoyo para la derogación de la Ordenanza 5911/18, para trabajar la derogación y presentación de un nuevo proyecto. El anuncio lo formuló a través de un parte de prensa difundido luego de la reunión que ese bloque y los del Frente Pampeano para la Victoria mantuvieron ayer a la mañana con autoridades del Consejo de Administración de la entidad solidaria.
“Habíamos solicitado a fines de la semana pasada esta reunión en la CPE y lo principal es buscar el consenso y empezar a trabajar en conjunto. Con el resto de los concejales de nuestro bloque proponemos derogar la Ordenanza y trabajar para modificar la del 2000 (regula la instalación de antenas en la ciudad) que creemos que es anacrónica. Hubo un compromiso de analizar muchas cuestiones con la CPE y en base a líneas trabajar en esa modificación. Nos vamos a reunir con otros bloques para darle forma a una nueva norma”, anunció Eleno.
En realidad, el que ya venía trabajando en ese sentido era Miguel Bravo, el único de los ediles presentes en la sesión del 13 de septiembre que se opuso a la sanción de la polémica ordenanza.

Escenario modificado.
Eleno justificó el cambio radical de postura de su bloque (NdR: que apoyó la ordenanza hace menos de un mes) en que la información que llegó al Concejo “no fue exacta”, que no se informó que actualmente “no se cumple con el cobro de cánones de las antenas” ya instaladas y que el intendente Leandro Altolaguirre no recibió a las CPE como los concejales le habían solicitado expresamente luego que la entidad manifestara su malestar por la sanción.
“Reconocemos en la CPE un actor muy importante. Lamentamos que esta reunión no se haya podido realizar en el espacio que le habíamos solicitado al intendente y por ello decidimos tomar la iniciativa de llevarlo adelante”, dijo. Luego cuestionó a las autoridades locales por no hacer cumplir el pago de los cánones fijados por la ordenanza del año 2000 a las antenas existentes y anticipó que pedirá informes desde el CD a los funcionarios responsables.

“Discutir todo”.
Tras la difusión de la reunión de las bancadas opositoras con la CPE fue el turno del oficialismo. A las 17, en el recinto del CD, las concejalas Claudia Giorgis y María Celia Ibarguren, y los concejales Marcos Cuelle, Félix Villatoro y Carlos Domínguez, acompañados por el secretario Pina, ofrecieron una rueda de prensa en la que manifestaron que estaban dispuestos a “rediscutir todo”.
“No estamos hablando de derogación, de suspensión o de hacer una ordenanza nueva sino a discutir todo, es decir, todos los espacios públicos y cobrarles a todos”, dijo Giorgis. Sin embargo, la concejala anticipó que se iba a reabrir el debate respecto a la Ordenanza del 2000 (modificada el 13 de septiembre último) y que en esa instancia su bloque impulsaría la apertura de un registro público de antenas donde figuren todas las existentes y se añadan las que se instalen en el futuro.
“Si hay voluntad de los mismo actores que la votaron, con esos mismos actores, si existe madurez política, nos podemos juntar a rediscutir la ordenanza completa. Evidentemente, esa ordenanza quedó desactualizada y tenemos que tener la madurez de trabajar en un nuevo plexo normativo del tema antenas”, dijo Cuelle. “No tenemos problema en rediscutir la ordenanza del 2000 con todas las modificaciones”, añadió Giorgis.
En ese contexto, Pina aseguró que si se presenta un nuevo proyecto de ordenanza se analizará si se continúa reglamentando la modificación aprobada en septiembre o se frena, para avanzar con una nueva normativa surgida del CD.

El Frepam salió a retrucar
Durante la rueda de prensa del bloque del Frepam y el Ejecutivo local que se realizó ayer por la tarde en el Concejo Deliberante, la concejala Claudia Giorgis aseguró que acudiría a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para solicitar se investigue si ocurrió alguna irregularidad con las antenas que, según dijo, hasta el jueves estuvieron en la torre instalada en el predio del hospital Lucio Molas, detrás del viejo horno pirolítico.
“Justo cuando se comenzó con todo este debate y se anunció que el municipio iba a cobrar a todas las antenas que no estaban tributando, las que estaban en esa torre fueron bajadas y ahora la torre quedó sola, sin ninguna antena”, dijo. Para corroborarlo mostró imágenes en una pantalla gigante. El permiso para la instalación de esas antenas data del año 2005, aseguró la concejala oficialista, e incluiría antenas de Claro y Movistar.
Cabe recordar que el concejal Miguel Bravo, que se opuso a la instalación de las antenas en espacios públicos, argumentó su posición en la posible afectación a la salud que las radiaciones de las antenas pudieran generar.
Frente a esa afirmación, Giorgis destacó que también existen antenas en un predio escolar de las vías del ferrocarril, en 1º de Mayo, entre Salta y Antártida Argentina, y en la localidad de Toay, en un predio municipal donde se erige un tanque elevado de agua potable.