“Se instaló represión contra quienes pensaban distinto”

RESIA PIDIO NULIDAD DE DECRETOS PARA DETENCIONES ILEGALES

El abogado Juan Resia solicitó la inconstitucionalidad de las normativas, leyes y decretos, que permitieron las detenciones ilegales en 1975 antes del golpe militar, y en 1976 a partir del denominado Proceso de Reorganización Nacional.
“Pido esto para evitar que haya refugio en esos decretos para las detenciones por parte de los acusados”, argumentó durante su alegato como querellante en el juicio de la Subzona 14 II ante el Tribunal Oral Federal que realiza el debate en el colegio de Abogados local.
El letrado, que representa a Raquel Barabaschi, afirmó que en el Estado de derecho que existía en 1975 “es cuando se dicta la normativa que es antecedente para el posterior golpe de Estado y crea el sistema de represión ilegal contra los opositores políticos al sistema”.
Se refirió así a los decretos que “vulneraron la competencia asignada al Poder Judicial a través de la creación del Consejo de Seguridad, violentaron el debido proceso”, permitiendo detenciones ilegales, secuestros, torturas, vejaciones, abusos y asociación ilícita.
Los decretos 2770, 2771, 2772 fueron dictados el 6 de octubre del año 1975, también llamados “decretos de aniquilamiento” de la subversión y aportaron condiciones como la “lucha contra la subversión como una política de Estado” y un sistema de impartición de órdenes, entre otras cuestiones.

UTN.
Durante su exposición, la primera de la jornada, Resia se ocupó de las detenciones ilegales y la represión ocurrida en la UTN de General Pico y recordó la detención del intendente de aquella localidad Juan Alfredo Torres, en abril de 1976.
En ese sentido, hizo referencia a las detenciones “masivas de estudiantes” a fines de 1975 cuando estaban ocupando en forma pacífica la Universidad Tecnológica para resistir la intervención de una “patota que llegó de Bahía Blanca para ocupar la institución”.
“Esa toma pacífica fue tomada como usurpación pero los estudiantes fueron sobreseídos con falta de mérito”, comentó el abogado. Y agregó: “Fueron detenidos a través de un allanamiento ilegal o citados a la comisaría, quedando detenidos ahí y eran interrogados en la planta alta de la Primera”. Los alumnos y alumnas, que eran acusados de “guerrilleros”, sufrieron todo tipo de vejaciones, abusos y torturas en sus detenciones, luego fueron liberados pero los volvieron a detener tras el golpe cívico militar. La UTN en aquel momento realizaba importantes tareas de extensión e incluso llegó a avanzar en el desarrollo de la planimetría de Pico para agua y cloacas.
Por esos hechos de secuestros, torturas y vejaciones, acusó a Luis Baraldini, Néstor Greppi, Roberto Fiorucci, Omar Aguilera, Néstor Cenizo, Carlos Reinhart, Hugo Marenchino, Oscar Yorio, Oscar “Miseria” López y el médico policial Máximo Pérez Oneto.

Funcionarios detenidos.
Por otro lado, también se refirió a la detención de funcionarios del gobierno provincial, principalmente del área de Obras Públicas que fueron secuestrados y torturados a partir del golpe militar. Ello ocurrió con Santiago “Cholo” Covella, Juan Sánchez, Gerardo Salandra, Ricardo Samos, Alfredo Lamas, Aldo Cisul, Dante Gaute y Alberto Santín. Por estos casos, los acusados principales son Baraldini, Greppi, López y Marenchino.
En otro tramo de su exposición, Resia además habló sobre los casos de los ex diputados Roberto Gil y Hermes Accatoli, del Partido Justicialista, quienes fueron torturados en la Seccional Primera de esta capital y en Catriló. La responsabilidad penal por los hechos se la atribuyó también al ex jefe policial Baraldini y Greppi, y a Marenchino, López y Miguel Ochoa.
Con respecto a la detención y secuestro del periodista Hugo Ferrari, de General Pico, que fue detenido en dos oportunidades, imputó los hechos a Baraldini, Greppi -ambos por dar las órdenes-, Reinhart, Pérez Oneto, Juan Domingo Gatica y Athos Reta.
“El sistema de represión inconstitucional instalado se llevó a cabo contra quienes pensaban distinto al régimen, o tenían otra idea. Es una prueba contundente de ello”, afirmó el abogado, al enumerar la detención de un grupo de integrantes del movimiento siloísta, en marzo del 75 antes del golpe militar. Por los hechos advertidos por el querellante, Baraldini y Greppi fueron acusados por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad en carácter ser funcionario público, agravado por violencia y amenazas e imposición de tormentos.