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Se reanuda el juicio de la causa Subzona 14

Después de la feria judicial que frenó las audiencias, se reanudó ayer el juicio de la Subzona 14 II en la que se investiga a un grupo de ex militares y ex policías acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, en una nueva jornada de alegatos del debate que seguirá hoy en el Colegio de Abogados.
Durante la jornada, se analizaron ayer los secuestros y torturas ocurridos contra alumnos y docentes del colegio secundario José Ingenieros de Jacinto Arauz, contra un grupo de estudiantes universitarios, como modo de «control ideológico» por parte de los militares, empleados estatales de la provincia y a la familia de los «Becos» Rodríguez por ser peronistas.
Los delitos de detenciones ilegales, seguidas por cautiverio y aplicación de tormentos y vejaciones a las víctimas, ocurrieron durante la represión ilegal a partir del año 1975 y continuado durante el gobierno militar de facto vigente entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
La audiencia de ayer fue seguida por videoconferencia por el querellante Franco Catalani, desde Costa Rica. También estuvieron los abogados Maximiliano Corroinca y Juan Resia, acompañados por Raquel Barabaschi y Juan Carlos «Pinky» Pumilla.
El fiscal Leonel Gómez Barbella se refirió en principio a las detenciones ilegales que se hicieron en el Instituto José Ingenieros de Jacinto Arauz, el 14 de julio de 1976, y cuestionó «la política de la dictadura» que buscó «el control ideológico dentro de los claustros educativos».
Dijo que el sector estudiantil fue uno de los «más afectados por ser ámbito propicio para la formación de dirigentes» y recordó que el colegio secundario fue tomado por «asalto», mencionando las detenciones de Estela Esteves, Víctor Pozo Grados, Gustavo Brower de Konning, Gerardo Nansen, Angel Alvarez, Samuel Bertón, Carlos Samprón, entre otros.
Algunos de los profesores secuestrados eran identificados de «comunistas», afirmó el fiscal Gómez Barbella. Para las detenciones, continuó, «la herramienta formal fue un sumario por infracción a la ley 20840 -actividades subversivas-«, que «se iniciaba con partes de Inteligencia de la policía pampeana».
Dijo que el coronel Fabio Iriar, el máximo responsable de la Subzona 14 que encabezó la «persecución ideológica», ordenó al jefe policial Luis Baraldini que avance con tareas de Inteligencia sobre Arauz y destacó que la represión se desató porque los alumnos hicieron una monografía sobre Manuel Negrín, un guerrillero del pueblo que militaba en el ERP y que fue abatido en el ’75 en Tucumán». Entre otros, acusó los ex policías Athos Reta, Orlando Pérez, Roberto Fiorucci, Néstor Cenizo y Carlos Reinhart.
Posteriormente, Gómez Barbella contó la detención y la fuga del docente Guillermo Quartucci. «La evasión desató una cacería humana que implicó su búsqueda en todo el pueblo, violando los domicilios de los vecinos. Ocasionó un grado de temor y vulnerabilidad, ya que la localidad fue sitiada», dijo. Advirtió que los detenidos sufrieron sesiones de torturas y aplicaciones de picanas eléctricas.

El caso Arizo.
Por otro lado, el secretario Federico Iparraguirre hizo referencia a la detención ilegal de Zulema Arizo, el 23 de mayo de 1978 en una escuela rural de Paso de los Algarrobos, donde daba clases, cuando tenía 31 años y estaba embarazada. Afirmó que «este caso es un ejemplo de la conducta que se vivía durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional que eran perpetradas por la policía pampeana que estaba subordinada a la Subzona 14». Por este caso fue condenado Hugo Marenchino en 2010 y ahora es investigado Luis Lucero.
«Ella estaba embarazada y recibía visitas de su novio», comentó Iparraguirre., recordando que la directora del colegio era Lidia Fiorucci, hermana del represor Roberto Fiorucci. Además, comentó que hasta el lugar fueron Lucero y Marenchino, que respondían al Departamento de Inteligencia, cuyo titular era Humberto Riffaldi.
Allí ambos se albergaron y comieron en la escuela y se entrevistaron con alumnos y la directora para «recoger información y planificar el accionar ilegal en contra de la maestra». El 23 de marzo de 1978, a la 1 de la mañana, Zulema estaba durmiendo y efectivos de la policía, entraron al cuarto y la sacaron esposada, trasladándola a la Primera de Santa Rosa, donde fue golpeada e interrogada. El 23 de agosto de 1978 recuperó la libertad y debió abandonar la provincia, yéndose a Rosario.

Estudiantes secuestrados.
Otro de los casos mencionados por Gómez Barbella es el llamado caso «Mingote». Se trata de un grupo de estudiantes que fueron detenidos en forma ilegal. Son Sergio Baudino, Miguel Capella, Adrián Di Santo, Carlos Ghezzi, Rafael Guardia, Dardo Hernández, Francisco Madera, José Martínez, José Mendizabal, Mingote Miguel Angel y Pedro Molinero. Todos eran militantes del Federación de Agrupaciones Universitarias de Izquierda (Faudi).
«Los hechos se dan dentro del régimen de persecución ideológica en La Pampa, ante el hallazgo de material político de protesta en una encomienda, se los catalogó de subversivos a quienes sospechaban que podían ser destinatarios», destacó la fiscalía, agregando que existió un «despliegue de violencia estatal». Los estudiantes fueron torturados en la Seccional Primera de esta capital, donde funcionó el principal centro clandestino de detención de la provincia.

Detenidos por «militancia» en el PJ
En otro tramo de su exposición durante la audiencia de alegatos, el fiscal Gómez Barbella se refirió a un grupo de empleados estatales que fueron detenidos, sin orden judicial. Lo mismo ocurrió con el Operativo Requisa que mencionó Iparraguirre, donde se privó de la libertad y «sometió» a diversos tormentos a los integrantes de la familia conocida en la ciudad como «los Becos» Rodríguez en Zona Norte. «Los secuestros que sufrieron integrantes de la familia Rodríguez y sus allegados estaban relacionados con la relación que tenían con integrantes de la Uocra y su militancia en el Partido Justicialista», explicó. Se les inició una causa, con el juez federal Walter Lema que «les brindó el amparo» para avanzar y «ejecutar el plan criminal en contra de las víctimas llevado adelante por la Subzona 14 y las fuerzas policiales federales y provinciales».
Las detenciones se dieron el 26 de marzo de 1976 cuando Baraldini dispuso «practicar una requisa» a todas las viviendas del barrio Municipal porque «se sospecha que en el interior hay armas, municiones y material de guerra, según consta en los escritos de aquella época». Fiorucci y Cenizo estaban a cargo. Participaron agentes con armas de puño y ametralladoras. Estaban Reinhart, Reta, Pérez y López. «Fue un violento despliegue con amenazas, golpes, secuestrando a los golpes», agregó el funcionario judicial.