Sobreseyeron al acusado de robar psicofármacos de la Asistencia

VUELCO EN SONADO CASO

El juez Gabriel Tedín sobreseyó al empleado del Centro Sanitario Zona Centro (ex Asistencia Pública) que había sido detenido en abril de este año acusado de vender estupefacientes que, según una denuncia en su contra, sustraía de la Farmacia del centro de salud, de la que estaba a cargo. El magistrado tomó la medida luego de no hallar pruebas para sostener la acusación.
La noticia la dio a conocer la esposa del acusado, Amalia Quiroga, quien aseguró que su esposo, Alejandro Lezcano, quedó libre de culpa y cargo. Así lo relató la mujer en una entrevista que concedió al periodista Daniel Lucchelli, de Radio Nacional Santa Rosa.
“Los medicamentos que llevaron de mi casa, que secuestró la Brigada, son los que yo consumo porque tuve un infarto y tengo dos stent puestos. Además tuve un ACV y también estoy medicada. Esa es una parte. Los otros remedios eran los que tenía mi marido que tiene muchos más problemas de salud, porque tuvo dos infartos, tiene diabetes, colesterol, tiene de todo”, explicó.
Quiroga recordó que Lezcano estuvo detenido e incomunicado diez días, sin tener antecedentes, ni problemas laborales. “Desde abril a la fecha estamos viviendo un calvario. Nos ensuciaron mucho. Tenemos una familia, tenemos nietos. Yo caí casi infartada a la clínica porque no tenía mis medicamentos, porque la policía me los secuestró. Ahora tendremos que ver un abogado y ver cómo seguimos, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados”, dijo.
Lezcano sufrió la retención de su salario durante los días que estuvo preso y cuando se reincorporó, en un sector distinto, le quitaron las guardias. “De todo esto se tendrán que hacer cargo”, dijo.
Manifestó que fueron clave las declaraciones de los médicos de ella y su marido para corroborar que los medicamentos secuestrados de la casa familiar en el barrio Aeropuerto eran todos recetados. “Estamos muy mal porque es vergonzoso para todos. Todo el mundo te señala. Mi esposo está vigilado por la Brigada permanentemente. Es como que lo que el juez dictaminó a ellos no les importa. Permanentemente pasan por mi casa. Nos vigilan a cada momento. No sé qué quieren. Somos gente humilde. Yo vendo cosas caseras para llegar a fin de mes”, añadió la mujer.
La acusación contra el trabajador de la salud la había realizado la fiscal Cecilia Molinari por el delito de “defraudación a la Administración Pública por administración infiel” junto con “atentado a la salud pública”. La investigación había comenzado hacia fines del año pasado cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones detectaron que varios adolescentes detenidos por robos o vandalismo, tenían entre sus pertenencias tabletas de Clonazepam o medicamentos que parecían de partidas de lotes del Estado.