Solicitarán la nulidad de la demanda de amparo

La Fiscalía de Estado de la provincia de San Juan, al mando de Jorge Alvo, definió la estrategia que utilizará contra el amparo que presentó el Gobierno de La Pampa para frenar la construcción del dique "El Tambolar", cuya presa acrecentará la crisis ecológica en el oeste pampeano. Según informó el Diario de Cuyo, el organismo sanjuanino objetará, una vez que sea notificado, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es competente para intervenir en el planteo pampeano.
Hace unos días, el gobernador Carlos Verna movió el tablero y presentó una demanda en el órgano superior de Justicia respecto al llamado a licitación nacional e internacional, por parte de San Juan, para la construcción de un nuevo dique sobre la cuenca del Desaguadero-Salado Chadileuvú-Curacó, más precisamente sobre el río San Juan, del que La Pampa forma parte como integrante de la cuenca.
La contraofensiva no tardó en llegar y desde la provincia cuyana apuntarán a desestimar el planteo pampeano bajo el argumento de que el río San Juan no es interjurisdiccional, es decir, no sale de la provincia, por ende, no integra la Cuenca Desaguadero. Al no traspasar los límites provinciales, y no existir un conflicto entre jurisdicciones, según planteará el Gobierno sanjuanino, la apuesta es a que el tema quede circunscripto al ámbito sanjuanino y sus decisiones, en el que el máximo tribunal judicial del país no tendría injerencia, expresó el Diario de Cuyo.
El gobierno de San Juan no es el único actor involucrado en la demanda que inició La Pampa, realizada el jueves pasado por el Procurador General de Rentas Hernán Pérez Araujo, sino que también incluyó al Gobierno Nacional.

Planteo pampeano.
En la edición de LA ARENA del viernes pasado, Pérez Araujo había brindado detalles sobre la presentación legal: "Lo que ha hecho La Pampa fue presentar una demanda de amparo ambiental con una medida cautelar, solicitando a la Corte que se paralice la obra y todos los trámites tendientes a su realización".
Como argumento, el procurador se remitió a la ley General del Ambiente, la de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas y lo normado por la ley de Obras Hidráulicas, que establecen que es necesario llevar adelante audiencias públicas en las provincias y una evaluación de impacto ambiental integral.
"En ese caso también hemos pedido que se fije un caudal hídrico apto para sostener el ecosistema en La Pampa y en toda la cuenca, cuestión que tampoco ha hecho San Juan", había anunciado Pérez Araujo, estrategia similar que se utilizó contra Mendoza por la disputa del cauce del Atuel.